El pleno del Ayuntamiento de Santander del 31 de agosto tiene al parecer previsto dar el nombre del fallecido Presidente del Banco Santander, Emilio Botín, a la plaza donde se sitúa el recién inaugurado edificio de la Fundación Botín. Con la ejecución de dicha propuesta, promovida por el PP con la alcaldesa de Santander, Gema […]
El pleno del Ayuntamiento de Santander del 31 de agosto tiene al parecer previsto dar el nombre del fallecido Presidente del Banco Santander, Emilio Botín, a la plaza donde se sitúa el recién inaugurado edificio de la Fundación Botín. Con la ejecución de dicha propuesta, promovida por el PP con la alcaldesa de Santander, Gema Igual, a la cabeza, se pretenden homenajear las presuntas virtudes cívicas del banquero.
Dar a alguien el nombre de una calle, en democracia, debe ser efectivamente la expresión del reconocimiento ciudadano a los valores favorables a la vida en comunidad, que la persona homenajeada haya promovido y practicado.
No es una cuestión menor, cuando hablamos de la vida ciudadana, de la vecindad, hablamos del espacio y la vida pública, de la vida común, que los seres humanos tenemos que construir y compartir. Hacer eso hoy, en democracia, supone promover valores cívicos solidarios, responsables, de compromiso con lo común y público, tolerantes, y igualitarios.
Esos valores son los que la ciudad debe recoger en su callejero mediante la memoria de las personas y organizaciones que hayan sido ejemplo de esos valores.
¿Fue el banquero Emilio Botín ejemplo de esos valores? Tajantemente no. Por el contrario, su trayectoria va en el sentido opuesto de los valores de convivencia y solidaridad que deben sustentar la vida ciudadana.
Sin entrar en valorar la naturaleza de sus actividades bancarias, o su responsabilidad, como primer ejecutivo de uno de los principales bancos del mundo, en la burbuja financiera que ha empobrecido y desesperanzado a millones de personas, hay que ponderar en su contra el gravísimo incumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Los hechos, que la mayoría de los medios de comunicación han puesto en sordina, son conocidos:
En 2010, y gracias a la colaboración voluntaria con las autoridades fiscales de varios países europeos de Hervé Falciani, antiguo trabajador del banco HSBC, estas autoridades pudieron conocer una lista de más de 100.000 defraudadores con cuentas sin declarar en Suiza y otros paraísos fiscales.
La familia Botín casi al completo, los dos hijos del patriarca Emilio Botín Sanz de Sautuola, Emilio y Jaime, y la amplia prole de ambos, aparecen en esa lista con cuentas y activos sin declarar, que se prolongan en el tiempo hasta 1936. El origen de las cuentas se encuentra en el dinero que el patriarca evadió de España a Suiza al comienzo de la guerra, y que ya no hizo otra cosa que crecer y crecer durante 75 años.
De resultas del conocimiento por Hacienda de los datos de las cuentas, la familia Botín efectúa en 2011 declaraciones complementarias por los años no prescritos de las cuentas sin declarar, por más de 200 millones de euros. Todos los expertos coinciden en que con esas cantidades ingresadas, el total del capital no declarado ascendería al menos a 2000 millones de euros. Hay que tener en cuenta que las declaraciones complementarias no han sido forzadas por una resolución judicial, han sido voluntarias al haber sido requeridos por Hacienda a dar cuenta de la contradicción entre las declaraciones de 2005 a 2009, las no prescritas, y lo que aparecía en la lista Falciani. Es decir, a la enormidad de la cantidad no declarada por la que han pagado 200 millones de euros, hay que añadir el dinero defraudado durante ¡65 años! por el que ni reciben sanción, ni resarcen.
La justicia intervino, pero el oportuno requerimiento de Hacienda actuó legalmente, no como el inicio de la investigación de un evidente fraude fiscal a gran escala, sino como la toma de contacto de Hacienda con el contribuyente para que aclare aspectos de sus declaraciones. Esta decisión de Hacienda, fuertemente criticada por los técnicos del organismo, permitió a la familia Botín resolver voluntariamente sus diferencias con Hacienda y posibilitó el archivo de las diligencias previas por fraude fiscal que se les abrieron en el juzgado nº 4 de la Audiencia Nacional.
Merece la pena transcribir alguno de los razonamientos del auto del juez: «Se trata, de una causa de exención de la responsabilidad criminal ajena al contenido de injusto y, probablemente también, de culpabilidad del hecho. Afecta exclusivamente al elemento de la punibilidad, excluyéndola por razones eminentemente político-criminales: la reparación (post-delictum) del perjuicio irrogado mediante el pago de las deudas exigibles eludidas.»
Si abundamos en lo anterior, nos encontramos con que este verano, el Tribunal Supremo ha fallado en contra de la pretensión de Marcelino Botín, hijo de Jaime y sobrino de Emilio, de recuperar los más de 1,7 millones de euros que pagó en la citada regularización con Hacienda, aduciendo la prescripción de las declaraciones objeto de regularización. El Supremo es contundente: «la actuación del recurrente, pretendiendo la solicitud de devolución, después del pronunciamiento de la jurisdicción penal, resultaría contraria a sus propios actos y hasta podría calificarse como fraude de ley, en cuanto realizó un ingreso para conseguir la exoneración de la responsabilidad penal».
Con tales mimbres ¿pasó algo? ¿El escándalo y el riesgo que significaban que el presidente del Banco Santander y unos cuantos importantes accionistas hubieran protagonizado un fraude mayúsculo se tradujo en dimisiones, intervenciones del Banco de España, del Ministerio de Economía, del Banco Central Europeo? Sabemos la respuesta y sabemos el porqué. Por si fuera poco, una de las implicadas, Ana Patricia Botín, se convirtió en presidenta del Santander a la muerte de su padre Emilio Botín.
Pero con tales mimbres ¿Debemos aceptar que el protagonista de actividades tan insolidarias e incívicas, tan enemigas de lo público y lo común, como el fraude fiscal, sea propuesto como modelo ciudadano, como ejemplo a seguir? ¿Debemos aceptar que, en nuestro nombre, la Corporación santanderina siga la tradición lacayuna de peloteo a la familia Botín? Tradición ampliamente cultivada también por el presidente Revilla, probablemente como otra seña de identidad regional.
No debemos ni podemos aceptarlo. Por eso, esperamos que la cordura se imponga y el día 31 el PP retire esta propuesta que va contra la decencia pública y el buen sentido. En caso contrario, confiamos en que las demás fuerzas políticas del Ayuntamiento se opongan a la propuesta y se comprometan a cambiar el nombre a la plaza cuando, más pronto que tarde, la derecha eterna del PP sea sacada del gobierno de la ciudad por el voto de la ciudadanía. En caso contrario, trabajaremos para que mucha gente exprese con claridad su protesta contra la pretensión del PP de convertir en modelo público a uno de los principales defraudadores de lo público.
Jesús Puente, miembro de LIBRES
Fuente: http://www.elfaradio.com/2017/08/30/no-demos-el-nombre-de-nuestras-calles-a-defraudadores/