Pocas veces una crisis económica ha retratado con tanta crudeza la innata maldad del capitalismo neoliberal y sus devastadores efectos sobre ciudadanos y trabajadores, pilares del sistema en su doble condición de productores y votantes. Los dos vectores, trabajo y sufragio, que sirven para legitimar las actuaciones autónomas de una clase política devenida en casta […]
Pocas veces una crisis económica ha retratado con tanta crudeza la innata maldad del capitalismo neoliberal y sus devastadores efectos sobre ciudadanos y trabajadores, pilares del sistema en su doble condición de productores y votantes. Los dos vectores, trabajo y sufragio, que sirven para legitimar las actuaciones autónomas de una clase política devenida en casta al optar como representantes «libremente elegidos» por opciones que perjudican a sus representados y herederos.
De un lado tenemos la carga de la deuda que el Estado ha tenido que asumir por decisión del gobierno para salvar de la quiebra a las entidades financieras pilladas en el estallido de la burbuja hipotecaria que ellas alimentaron, colocando el bien-vivienda a precios imposibles para el común de los mortales. Esta deuda pública, con cuya especulación en los cortos tramos que van desde la toma de capital en los mercados a su inversión a mayor interés en bonos estatales sirve a la banca culpable para hacer su agosto. Es dinero traído del futuro y por tanto el patrimonio que adeudarán las generaciones que vayan llegando. Una pasta gansa con la que los gobiernos que han suscrito la deuda-rescate justifican medidas de ajuste sobre los recursos públicos, configurando una sociedad más pobre, con expectativas recortadas y una cultura democracia bastante deficiente. Como se induce del hecho de que la extrema dependencia generada por el lastre de la deuda comprometida se haya realizado sin consulta popular, al margen de la soberanía ciudadana.
Pero lo sustantivo de esta transferencia de renta que eleva la desigualdad inter-generacional es que por un acto de un gobierno concreto, en un Estado determinado y dentro de una coyuntura específica, se precariza el futuro de las nuevas generaciones, presente o futuras. La singularidad de este nuevo contrato social es su capacidad de condicionar la vida de cohortes de personas que ni siquiera han accedido aún a la condición de ciudadanos (nasciturus), y que cuando lo hagan tendrán bastante limitado su ejercicio por llegar con una cuota de deuda bajo el brazo. La implosión democrática que suponen estas «operaciones rescate» echan por la borda, como un fardo inútil, ese principio de soberanía política por el cual ninguna constitución debería atar a la generaciones que no la suscribieron. Con lo que el resultante, salvo toma de conciencia «revolucionaria» en su seno, es que la sociedad del futuro será un «Estado de excepción», con soberanía limitada, recursos escasos y democracia a la carta de los mercados de capital.
Eso del lado de la juventud, que sufre el doble de la media del paro (oficial) como «castigo» por estar en el lugar inadecuado en el momento inoportuno. Pero la situación de los mayores no es menos problemática. Los jubilados, aquellos que cotizaron en su juventud para contribuir al sustento de las clases pasivas de su época y ahora disfrutan de una pensión gracias a las cotizaciones de los que les precedieron en el trabajo, también resultan damnificados por el dedo del gobierno que les representa al permitir que otra partida del ajuste se haga a su costa. En esta ocasión, la solidaridad inter-generacional se rompe por el extremo opuesto. Los mayores, gentes sin demasiada capacidad de ejercicio de voto ni de lobby, son los elegidos diana para sufragar parte del desastre creado por el sistema financiero, al que se deben todos los gobiernos, por activa (como soporte básico del sistema crediticio) y por pasiva (por tener en la banca a su avalista de cabecera para el sostenimiento de las costosas campañas electorales).
¿Estamos condenados a laminar el presente e hipotecar el futuro porque la gran banca hizo de la economía casino su método de trabajo mafioso? De ninguna manera. Hay países como Islandia que han abolido esas medidas-expolio en referéndum y llevado ante los tribunales a los banqueros culpables. Y otros, como Grecia, en donde jóvenes y mayores, pensionistas y pensionados, juntos y revueltos, se las discuten en la calle al gobierno buscando también su revocación mediante la acción directa. Aunque España sigue siendo diferente. Aquí se promulga el mayor recorte antisocial de la historia de la democracia para que jubilados y funcionarios paguen el primer plazo de al crisis (5.000 millones de euros) y al día siguiente otra pifia financiera eleva la operación rescate en varios miles más. Entre lo gastado (oficialmente) en reflotar la Caja Castilla La Mancha, feudo del PSOE «bonista», y lo que se va a emplear para sanear Cajasur, chiringuito de la Iglesia con permiso de la Junta de Andalucía, el pozo de la deuda ha crecido otros 5.000 millones que el gobierno endosará religiosamente (nunca mejor dicho) al contribuyente.
Estas políticas son las que han hecho posible que estemos ante la primera generación desde la revolución industrial que vivirá peor que sus padres.