Pasado ya el 20D y la resaca electoral de un largo ciclo, por ahora, y con todos los focos puestos en la «política-espectáculo» de las negociaciones, apoyos de investidura y coaliciones, es el momento para hacer un análisis del proceso seguido por parte de las fuerzas que pretenden derrotar al bipartidismo y a sus nuevos […]
Pasado ya el 20D y la resaca electoral de un largo ciclo, por ahora, y con todos los focos puestos en la «política-espectáculo» de las negociaciones, apoyos de investidura y coaliciones, es el momento para hacer un análisis del proceso seguido por parte de las fuerzas que pretenden derrotar al bipartidismo y a sus nuevos regeneradores, para poder estar en condiciones de mejorar las perspectivas de futuro de los de abajo, sometidos a un vaivén electoral que en nada ha afectado, para bien, a lo precario de sus condiciones de vida.
Desde el Sur, las elecciones generales tienen una lectura algo diferenciada del resto del país. El PSOE, que a pesar del descalabro en votos y escaños resiste en segundo puesto en el conjunto del país, basa su resultado en Andalucía, donde recupera la primera posición en porcentaje de votos y diputados (31,53% y 22). El PP andaluz ha sufrido la misma inercia que en el conjunto del Estado, lo que ya se vislumbraba en las andaluzas de marzo (29,10% de votos y 21 diputados). Por su parte, Ciudadanos en Andalucía se asienta con un resultado algo mejor que en las andaluzas (13,77% de votos y 8 diputados), sin el esperado despegue hacia la disputa directa con el PP.
Los resultados de Podemos en Andalucía, con un 16,86% de los votos y 10 diputados, mejoran respecto a las elecciones de marzo de 2015 pero está por debajo de la media nacional. Sólo en Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla están por debajo en porcentaje de voto. Pero, sin duda, de todas ellas, la región más problemática para la formación morada es Andalucía puesto que reparte 53 diputados al Congreso, muy por encima de Castilla y León (32) y Castilla-La Mancha (21) que juntas reparten la misma cantidad.
Esto convierte a Andalucía en un territorio clave para el resultado general, como muestra el ejemplo del PSOE, y para poder asaltar el Gobierno en Madrid. Sin embargo, la estrategia política de Podemos en Andalucía no ha funcionado adecuadamente hasta ahora. La naturaleza propia de esta región, su situación social y económica y el papel subordinado como sur de Europa hacen necesaria una respuesta específica que sea capaz de conectar con las grandes mayorías sociales que hoy por hoy no se atreven a romper con el PSOE como única referencia de gobierno conocida. No valen respuestas generales establecidas en Madrid, que calan bien sólo en grandes núcleos urbanos (es evidente la estrecha relación entre los resultados de Podemos y el nivel de desarrollo socio-económico y cultural de los territorios: a menor desarrollo socio-económico mayor es el dominio social por parte del PSOE y PP, más fuertes son la redes de control tejidas durante años y más complicada la penetración de ideas de cambio), ni alternativas más territoriales pero situadas, sin esperarlo, en medio de un debate en clave estatal que favorecía al bloque dominante (y que tuvieron un aceptable resultado en marzo a pesar de unas condiciones tan desfavorables).
Esto se debe fundamentalmente al papel del PSOE andaluz como el partido «gatopardo» del bloque de poder, con sus más de tres décadas de poder omnímodo, relaciones privilegiadas con el poder financiero y unas extensísimas redes clientelares, aderezado ahora con el «neopopulismo» reaccionario de Susana Díaz. Si utilizamos la definición del PSOE dada por Manolo Monereo como el «auténtico partido del régimen», en Andalucía este papel es más que evidente y tiene unas implicaciones a nivel nacional que no siempre se tienen en cuenta. El PSOE que ahora intenta tomar las riendas de la dirección federal para allanar el camino a una «gran coalición», sea cual sea la variante que elijan para facilitar un «Gobierno estable que de seguridad a Alemania, a los inversores internacionales y a la OTAN «, y que pretende tender una trampa mortal, neutralizando mediante ofertas «a la baja», a un Podemos más pendiente de la relación Madrid-Cataluña, es el mismo que frenó su declive en 2012 con un pacto de gobierno con IU, que la inhabilitó como alternativa en Andalucía y en el resto del estado, y que cambió definitivamente el ciclo electoral que podría haber sido del cambio, con el adelanto de las elecciones andaluzas a marzo, pillando a contrapié a PP, C´s y, sobre todo, a Podemos. Desde entonces, principios de 2015, el PSOE de Andalucía, la retaguardia del bloque dominante, ha ido desarrollando un movimiento de ataque soterrado a cualquier aspiración de cambio, en línea con el relevo monárquico y la relajación de la presión del BCE sobre la economía española, que ha provocado el actual espejismo de recuperación.
Evidentemente, esto conlleva que sea imposible resolver la cuestión nacional en el conjunto del estado sin resolver la cuestión andaluza, caracterizada por su desigualdad económica y social, y viceversa: no se puede atender una mejora de la realidad andaluza sin una apuesta de verdadero cambio social en España. Y esta doble y complementaria negación debería ser el punto de partida de nuestro análisis.
El proceso de «modernización» y «convergencia» (respecto a la UE) de Andalucía, máximo exponente de la labor del PSOE andaluz, ha sido un fracaso. Así lo constatan los últimos informes de Eurostat, que señalan que Andalucía ha perdido diez puntos en la convergencia con la media de la UE entre 2007-2013, volviendo a los últimos puestos de la clasificación. Este hecho, común a muchos de los países y regiones del Sur de Europa, sitúa a Andalucía como territorio subordinado a un proceso de «meridionalización» europeo, cuyo ejemplo más trágico ha sido el caso griego, a través del cual el Norte intenta estabilizar una situación general marcada por la guerra permanente, el estancamiento económico capitalista y el creciente desarrollo de la crisis ecológica y climática. La persistencia tanto de los Tratados europeos (Lisboa, Maastricht, etc.), las supraconstituciones que limitan la soberanía nacional, como de la hegemonía alemana de la zona euro, conllevan en el Sur el establecimiento de un modelo de «Zonas Económicas Especiales» (donde se consigan reducciones de hasta un 20% de los costes de producción gracias a unos salarios de 300 y 400 euros mensuales y jornadas de 12 horas de trabajo diarias), es decir, un escenario de creciente fragmentación y debilitamiento de las clases populares.
En este contexto de crisis de régimen e «inestabilidad» tras el 20D, la decisión de Andalucía es determinante y pasa bien por aceptar este rol, subalterno y contradictorio (ya que las expectativas económicas generadas por Susana Díaz para conseguir el apoyo de sectores importantes de las capas medias-bajas no son compatibles con los intereses de las élites económicas europeas) o bien ser el pivote de un proceso de constitución de país democrático, federal y republicano.
Con su respuesta, Andalucía ofrecerá una perspectiva al resto del Estado, ya sea en el primer escenario, lo que conllevaría el ofrecimiento a Podemos de un pacto «a la andaluza» (PSOE-IU) y la creación de un gobierno «realista y de resistencia», o en el segundo, en el que, sin estar subordinado a la estrategia «madrileña», pueda presentar al eje federal (norte-sur) una contestación propia que parta de su realidad social, un nuevo acuerdo de democratización que conecte con un movimiento nacional-popular, centrado en las necesidades de las personas y que busque el desarrollo de un área euromediterránea de cooperación, neutralidad y desmilitarización.
Esta respuesta, que solo puede venir de la mano de la política a lo grande, es una propuesta alternativa que garantiza un futuro digno para Andalucía, vinculada a un gran cambio político y social en España y alejada de la UE como instrumento al servicio del capital financiero, y requiere del instrumento que ha conseguido romper la red tejida por el bipartidismo y abrir una oportunidad electoral de cambio. Pero ello solo no basta. Es necesario aglutinar a grandes sectores sociales y políticos, hoy fuera de Podemos, que son capaces de aportar un gran bagaje de lucha y compromiso para garantizar que el cambio se produzca siempre con un pie en las instituciones y con otro en la calle, y para que la relación entre ambas patas sea conflictiva y dialéctica, nunca de subordinación.
Para todas la fuerzas alternativas andaluzas es, por tanto, necesario recuperar un diálogo de clases intermedias y trabajadoras en un eje de relación norte-sur con el resto del estado que se pueda enfrentar con garantías a la Gran Coalición que vendrá a mantener la política de subalternidad al euro y a la OTAN, la que solo pretende proporcionar ocio barato al norte rico y bases de apoyo estratégicas para una guerra permanente. Este papel asignado a España y a Andalucía siempre ha encontrado a su máximo defensor en el PSOE andaluz, y desde ahí, en el PSOE nacional. El PSOE de Andalucía, el del «abrazo del oso» a IU, el del frenazo a Podemos cuando cabalgaba hacia el asalto de los cielos, está poniendo los cimientos de una estabilización duradera del régimen, por lo que, si no se derrota al PSOE en Andalucía, la posibilidad de una respuesta contundente a nivel estatal será lejana.
En definitiva, tras la irrupción de la crisis económica capitalista, Andalucía vuelve a configurarse como periferia y retaguardia de maniobra de un sistema bipartidista y oligárquico agotado y en proceso de involución política y social. Debemos construir un nuevo bloque histórico en Andalucía y un nuevo equipo dirigente que construya una nueva alianza democrática entre los trabajadores y capas populares del norte y del sur, un país donde vivir honestamente en una sociedad decente.
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