El Registro Único de Víctimas del Gobierno de Colombia incluye a 8,4 millones de víctimas por un conflicto armado que se prolongó durante más de 50 años. Según cifras oficiales, 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y más de siete millones de desplazados internos. Surgido en 2006, el Movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y contra […]
El Registro Único de Víctimas del Gobierno de Colombia incluye a 8,4 millones de víctimas por un conflicto armado que se prolongó durante más de 50 años. Según cifras oficiales, 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y más de siete millones de desplazados internos. Surgido en 2006, el Movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad trabaja de modo articulado con otras organizaciones, como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), el CINEP, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (ASFADESS) y la Corporación Jurídica Libertad, entre otros. Reivindican la memoria, la verdad y la justicia, frente a la impunidad por los crímenes de Estado. Para ello hacen uso de intervenciones artísticas, simbólicas y otras de carácter político.
El Movimiento destaca que no se ha procedido a un desmontaje del paramilitarismo; así, en muchos de los territorios ocupados antes por las FARC, actualmente operan los paramilitares de las autodefensas gaitanistas. Además, «la verdad y la justicia de los hechos ocurridos hasta ahora en Colombia se encuentran en un 97% de impunidad». Consideran diferentes elementos que dificultan el avance tras los Acuerdos de La Habana; entre otros, que los funcionarios del Estado nieguen la existencia del paramilitarismo, el carácter sistemático del asesinato a líderes sociales o los vínculos entre militares, empresarios, gremios, políticos y bandas paramilitares.
-El partido Unión Patriótica ha denunciado la conchabanza entre el ejército y sectores herederos del paramilitarismo en las regiones de Meta y Antioquía. Mencionan los continuos homicidios de líderes populares y la ocupación de territorios -en los que antes operaban las FARC- por parte de bandas paramilitares. ¿Cómo pensáis que actúa el Gobierno de Colombia ante estos hechos?
La situación actual del derecho a la vida, la libertad e integridad personal de los defensores/as de los derechos a la tierra y el territorio, líderes populares y de integrantes de movimientos políticos de oposición es alarmante y latente en Colombia. El riesgo es tal, que según investigaciones recientes, existe la probabilidad de que cada trimestre un líder agrario o rural, en razón de su actividad comunitaria y defensa del territorio, sea asesinado o desaparecido en Colombia. La regularidad en el tiempo es tal, que «no ha habido, entre 2005 y 2016, un solo trimestre en la que los líderes sociales no hayan sido expuestos a ataques letales». Incluso, ni los procesos de paz y las desmovilizaciones de grupos armados han permitido la disminución de éste fenómeno, al contrario, se puede afirmar que existe una tendencia a aumentar (Observatorio de tierras, 48, 2017)[1].
Una muestra de lo anterior, es que la misma Defensoría del Pueblo, en el contexto actual del Acuerdo de Paz alcanzado entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, reconoció el aumento del riesgo en contra de líderes sociales, en el que se encuentran más de 337 organizaciones sociales y cientos de defensores de derechos humanos que pueden ser atacados en distintas regiones, «especialmente aquellos que desarrollan actividades asociadas a la defensa de sus territorios, de oposición a proyectos extractivos y particularmente, en relación con aquellos dedicados a hacer pedagogía para la paz y a apostar por la construcción de la paz territorial». Tanto que, entre el 1 de enero de 2016 y el 5 de marzo del presente año, se registraron al menos 156 homicidios[2], 33 atentados, 5 desapariciones y 500 amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos (Defensoría del Pueblo, Informe de Riesgo Nº 010-17, 21, 2017).
La sistematicidad de los ataques contra los líderes rurales es tal, que al menos el 69% de las víctimas desarrollaban su labor de organización comunitaria e impulso de acciones de reivindicación de derechos en el campo colombiano y, al menos, el otro 25% eran líderes de pueblos y comunidades indígenas.
Las cifras anteriores dan razón al Relator Especial sobre la situación de los defensores de los DDHH, Michel Forst, cuando afirma que la proliferación de estas agresiones es «un verdadero ataque concertado contra los que tratan de hacer realidad los ideales de la Declaración Universal de Derechos Humanos»[3]. Sin embargo, el Estado colombiano insiste en señalar que estos asesinatos se tratan de actos aislados, sin sistematicidad y son una «problemática general», además de continuar negando la existencia y el accionar del paramilitarismo[4].
-¿Qué deficiencias se producen en el sistema?
Pese a los constantes cuestionamientos de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, el gobierno persiste en la naturaleza y enfoque de su política de protección. En su IV informe sobre Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- advierte sobre la existencia de diversas falencias en el funcionamiento de los programas de protección como: «a) Falta de coordinación entre los entes de protección, la Fiscalía y el Poder Judicial para investigar en forma efectiva los hechos, y así remover los factores de riesgo denunciados; b) fallas en los mecanismos de concertación con los beneficiarios para la implementación de las medidas de protección, así como retardos en su cumplimiento o negativa a reconocer la representación de beneficiarios; c) falta de acceso a la información sobre las evaluaciones de riesgo y la metodología de evaluación; y d) desconocimiento por parte de los beneficiarios y sus representantes sobre los criterios utilizados para modificar, disminuir o desactivar los esquemas de protección».
Actualmente, en los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC se ha pactado instalar toda una arquitectura institucional para hacer frente a la grave situación de violaciones a derechos humanos que persiste en el marco de la transición política o el pos-acuerdo[5].
-¿Habéis constatado algún avance en materia de derechos humanos tras los Acuerdos de La Habana?
Por ahora, toda esta política se está ensamblando dentro de las instituciones existentes que, lastimosamente, siguen estando corroídas y cargadas por un imaginario y una política interna que consideramos malévola, pues, los funcionarios del Estado colombiano siguen negando cuatro cosas que no permiten construir una política pública adecuada para enfrentar la continuidad de la guerra en medio de la «paz»: 1) Negación de la existencia del paramilitarismo; 2) negación de la sistematicidad con la que se presentan los homicidios a líderes sociales, políticos y populares (especialmente ubicados en zonas rurales); 3. Los vínculos entre militares, empresarios, gremios y políticos con los grupos paramilitares; y por último, 4) la continua negación de la criminalidad Estatal.
-El Informe del Consejo Noruego para los Refugiados de 2017 destaca a Colombia como el primer país del mundo en desplazados internos por el conflicto armado y la violencia (7,2 millones de personas), por delante de Siria (6,3 millones). ¿Qué medidas se han adoptado para reparar el sufrimiento de la población desplazada?
El gobierno colombiano está abordando la problemática del desplazamiento a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011, además de la asignación de recursos financieros. L a implementación de la Ley de Víctimas crea retos de protección para las nuevas instituciones gubernamentales que, con el apoyo de la comunidad internacional, están promoviendo acciones para garantizar una adecuada y oportuna atención a las víctimas, su registro, y la seguridad para comunidades y líderes que reclaman la devolución de sus tierras. Un avance significativo fue hecho en mayo de 2013 cuando la Corte Constitucional reglamentó que las víctimas de los grupos post-desmovilización deberían ser beneficiadas desde los estándares de cuidado, atención y reparación establecido en la Ley 1448 de 2011, ampliando el concepto de víctima contemplado en el artículo 3 de esta Ley, indicando el daño ocurrido durante el conflicto armado interno.
En el marco de la ley 1448, las medidas de reparación se simplifican a las acciones de carácter administrativo, restitución de tierras e indemnizaciones monetarias según el hecho victimizante. Sin embargo, la verdad y la justicia de los hechos ocurridos hasta ahora se encuentran en un 97% de impunidad, no hay responsables y el agravante actual es que no se han desmontado los grupos paramilitares, por tanto los territorios en los que antes estaba las FARC vienen siendo ocupados por las autodefensas gaitanistas, lo cual no garantiza que hechos cómo el desplazamiento forzado de comunidades no se vuelva a repetir.
-Un editorial del periódico Voz (13 de mayo) afirmaba que el Gobierno colombiano se mostró indiferente durante las negociaciones de La Habana con las FARC hacia las reformas sociales y políticas. Tras la rúbrica de los acuerdos, el ejecutivo únicamente mostraría interés en que la guerrilla abandone las armas y transite a convertirse en una organización política. ¿Estáis de acuerdo con el diagnóstico?
Algunas de las consignas utilizadas por organizaciones sociales como las de «Paz son cambios» o «Paz con justicia social» recogen en gran medida la posición del movimiento social que ha apoyado las negociaciones y los acuerdos: la paz no se trata únicamente de desarmar a la insurgencia, este es solo un paso necesario dentro de un largo camino. En sintonía con esta postura, nosotras creemos que la paz será alcanzada de manera estable y duradera en la medida que, por un lado, se cumplan los mecanismos diseñados para obtener verdad, justicia y garantías de no repetición sobre muchos crímenes (en nuestro particular, crímenes de Estado) perpetuados en el contexto del conflicto armado interno.
Por otro lado, también es indispensable que haya lugar a una serie de reformas institucionales y políticas que garanticen condiciones de vida digna para las y los ciudadanos, dentro de las que se resuelvan problemáticas como el despojo de tierras, dificultad de acceso a recursos básicos como el agua, a la salud y educación, pésimas condiciones laborales, entre muchas otras. Sobre todo esto, paros recientes como el de Buenaventura o el del magisterio demuestran que el gobierno pocas intensiones tiene de dialogar y menos de resolver.
-¿Podrían mencionarse otros ejemplos?
Son muchos más los ejemplos o los temas que se podrían abordar para sustentar la indiferencia del gobierno, sin embargo, por la gravedad que representa, deberíamos prestar atención también a la ola de asesinatos selectivos a líderes y lideresas sociales que han ocurrido desde la firma de la paz en el 2016 y los cuales se han venido intensificando durante el presente año. Además de los ataques directos a personas pertenecientes al movimiento social, también han sucedido amenazas de muerte, montajes judiciales, estigmatización mediática y nuevos desplazamientos.
Para muchos, el fortalecimiento de los grupos paramilitares y su presencia cada vez más notoria y enfática en los territorios, revive lo sucedido con la Unión Patriótica después de los acuerdos firmados entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano en la década del ochenta o las atrocidades paramilitares durante los noventa y los dos mil, después del acuerdo con el M-19, la desmovilización del EPL y las negociaciones en el Caguán. Está latente en el movimiento social la preocupación por la seguridad de todos aquellos que ejercemos oposición política o quienes mantenemos una postura crítica frente al accionar del Estado colombiano en sus diferentes dependencias y representaciones. Estos hechos constituyen un ejemplo de cómo en Colombia todavía no existen garantías para ejercer la oposición política ni expresar libremente el pensamiento crítico. Estas garantías han sido constantemente mencionadas durante las mesas de negociación y en el acuerdo final, pues constituyen un elemento básico y fundamental para lo respectivo a la participación política.
-¿Qué respuesta reciben las reivindicaciones populares?
Un elemento que vislumbra la indiferencia del gobierno colombiano frente a las demandas sociales, es su posición frente a las exigencias como el desmonte total del ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios) y la eliminación del servicio militar obligatorio. Organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, comunidades étnicas y congresistas, argumentamos que estas exigencias, y propuestas como la del Servicio social para la paz, son apuestas necesarias para realizar un tránsito social y cultural hacia una sociedad menos violenta y que opte por el diálogo como la posibilidad para resolver sus conflictos. La insistencia del gobierno en el servicio militar obligatorio y el crecimiento y fortalecimiento del ESMAD en zonas urbanas y rurales, no sólo nos preocupa, sino que también resulta ser una clara señal contradictoria con el discurso oficial sobre la paz. Es por esto que nosotras seguimos preguntando: ¿si nos invitan a caminar hacia la paz, por qué nos continúan reclutando para la guerra?
– Tras medio siglo de conflicto y cerca de 260.000 muertos, la mayoría civiles, Santos firmó a primeros de abril los decretos para constituir la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos…
La impunidad con la que está configurada la criminalidad estatal ha impedido que las víctimas y los familiares de las victimas hayan alcanzado justicia en los crímenes cometidos contra sus seres queridos. Sin embargo, este contexto pone una posibilidad de demostrar a través de los casos, una sistematicidad en los crímenes cometidos por el Estado, esto en términos de periodicidad, patrones en la manera en la que fueron perpetrados los crímenes y mecanismos de impunidad instaurados en las instituciones supuestamente encargadas de investigar.
Así, que los alcances que creemos o esperamos que tenga la iniciativa de la comisión para la verdad y el esclarecimiento, está en términos de aprovechar los escenarios que disponga dicha comisión para acercarnos a esa justicia que vemos representada en términos verdad. Llevando los casos de las víctimas y logrando visibilizar esa sistematicidad que puede demostrar que en Colombia ha existido una política de criminalidad estatal que ha buscado perseguir, estigmatizar y eliminar a través de los asesinatos y la desaparición forzada algunos sectores que han hecho oposición política en el país. Además que ha vulnerado los derechos de miles de civiles que han quedado en medio del conflicto.
Frente a la unidad de búsqueda de desaparecidos los familiares de las víctimas de desaparición forzada y las organizaciones que han trabajado alrededor de este tema, saben de antemano que este fue un acuerdo humanitario creado explícitamente para ubicar a todas y todos los desaparecidos, es por eso que en términos de alcance lo que se espera es que además de ubicar a todas y todos los desaparecidos, se pueda mostrar al país la magnitud que tuvo este crimen en Colombia en términos del número de personas desaparecidas y del tiempo tan extenso en el que ocurrió este crimen y así de alguna manera exigir garantías de no repetición para que este crimen nunca más vuelva a ocurrir en Colombia.
-¿Qué alcance pensáis que tendrán las dos medidas?
Por la experiencia que ya tienen las víctimas y las organizaciones con las instancias encargadas de buscar justicia, se sabe de antemano que los alcances que tengan la comisión de la verdad y la unidad de búsqueda para los desaparecidos está en los esfuerzos y aportes que las mismas víctimas y organizaciones han ido sumando para que se investigue y sancione a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes y de alguna manera se cumplan los derechos que tienen las victimas a la verdad la justicia y la no repetición.
-¿Con qué espacio cuentan las organizaciones que luchan por la memoria y contra la impunidad en las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla del ELN, que se celebran en Quito?
Con relación a los escenarios de participación de la sociedad civil, en el proceso de negociación entre el Gobierno Nacional y el ELN en Quito, rescatamos algunos elementos históricos sobre la agenda del ELN:
Desde finales de los 80 y mediados de los 90, el ELN viene planteando un ejercicio que tiene que ver con la participación de la gente en general en los diálogos de paz, ha hecho un llamado a que todo el mundo debe volcarse a la construcción de paz y cómo salirle al paso al conflicto armado en Colombia. Por su parte, los gobiernos nacionales que han abierto espacios de dialogo con ELN han planteado únicamente la apertura de espacios para la sociedad civil. Se podría pensar que entonces ambos actores están planteando lo mismo, pero lo que ha señalado el ELN es que la sociedad civil no necesariamente es la población civil. La sociedad civil está representada principalmente por distintos gremios, principalmente económicos y de comercio, que obviamente tienen unos interés económicos en esa mesa de negociación, por su parte también están las ONG de diferente índole, en representación de las víctimas en este caso y también están otros sectores ya del tema agrícola y demás, pero lo que está pasando en los barrios, las regiones, las veredas y cárceles, en las universidades, desde el movimiento de mujeres, desde el movimiento afro y de negritudes, expresan que no han logrado llegar a un ejercicio de participación real y concreto, en cualquiera de los escenarios de dialogo que se desarrollado en Colombia. Una de las críticas que se le ha hecho a varios de estos procesos y ejercicios de paz, inclusive al de la FARC en Cuba, precisamente tiene una crítica en fuerte y es ¿por qué se debe hacer fuera del país? ¿Y eso que garantías da para que la gente participe? Y aunque el proceso se desarrollara al interior del país, usualmente aquí también es difícil el acceso a la información y no existen garantías de participación.
-Y el ELN…
Entonces el ELN venía proponiendo a finales de los 80 y comienzos de los 90 un ejercicio que se llamó «La Convención Nacional» que tenía una agenda muy particular, centrada en la defensa de los recursos naturales y el tema minero- energético, pero que se proponía un gran escenario de largo alcance, donde pudiera llegar cualquier persona, eso sin duda no le gusto a ciertos sectores, eso tiene su historia y conexión con la convenio nacional en Chiapas-México. Dado que esa propuesta no pegó, se discutió en Alemania un ejercicio llamado Puerta del Cielo que hablaba puntualmente de los recursos naturales y algunos otros elementos, pero no el de la participación. Aun cuando la Asamblea permanente de sociedad civil por la paz insistió mucho en eso.
Luego a inicios de los 2000, se hizo una propuesta al Gobierno de Álvaro Uribe que fue las Casas de Paz, realmente era una Casa en Medellín en la que se intentaron construir diálogos con la sociedad civil y la población civil, es decir que mucha gente pudiera llegar a esta casa a dialogar y dejar sus ideas y pensar en el proceso de paz. Pero como bien sabemos, con el gobierno de Álvaro Uribe esto no se pudo concretar y fue otro acto fallido más que inclusive tuvo como consecuencia la salida de integrantes del ELN.
-¿Y en cuanto al actual proceso?
Para el actual proceso sabemos que hubo una serie de discusiones previas, en las que el ELN creó canales de comunicación con la sociedad civil y los movimientos sociales y populares, de manera que algunos integrantes de organizaciones lograron trasmitir sus propuestas con conversaciones con presos políticos del ELN que se encontraban en la cárcel de Itagüí.
De esta manera reconocemos que dentro de la agenda del ELN se han diseñado e impulsado estrategias para ampliar la participación de la población civil y del movimiento social, pero la mayoría de estas estrategias no han sido suficientemente efectivas por las resistencias que ha impuesto el gobierno nacional.
-¿Qué piensa de todo ello el Movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad?
Desde Hijos e hijas consideramos que actualmente no existen mecanismos de participación efectivos, porque el Gobierno Nacional no ha permitido la apertura de ese canal, ni facilitado recursos económicos para el desplazamiento de la gente o la creación de espacios para que la participación de la gente sean posibles. Siempre se hace llamados a participar, pero no se cuentan con posibilidades reales y se termina diciendo mucho y haciendo poco.
A pesar de esta situación, la gente se ha organizado y está hablando y discutiendo sobre la paz, en este sentido cabe tener en cuenta distintas plataformas de barrios, de veredas, del movimiento de mujeres, de cárceles, procesos como clamor social por la paz, marcha patriótica, el congreso de los pueblos, entre otras corrientes políticas diversas, venimos hablando de la paz. El reto que tenemos es que lo que se discute en estos escenarios pueda llegar a Quito a poner sobre la mesa los temas particulares de esas agendas. Es necesario que el gobierno nacional abra las puertas y amplié la convocatoria para que estas propuestas sean tenidas en cuenta, ése es un ejercicio necesario y responsable con la sociedad y con la paz.
-¿Supone ello trascender el marco actual?
La paz no puede ser discutida únicamente con los gremios económicos del país, ellos deben aportarle a la paz, pero la gente pobre también tiene mucho que aportar y decir sobre la paz, precisamente porque a pesar de que la gente pobre fue incluida en el conflicto armado, ha sido históricamente excluida del proceso de negociación de la paz. Por eso nosotros también hablamos de Paz de los pueblos, es decir la paz que hablamos en los barrios y en los ejercicios de la sociedad.
Nosotros somos un movimiento que trabajamos por la paz, queremos el desarme de los grupos armados y que se profundice la democracia y el ejercicio de los derechos a la memoria. En este proceso, a lucha contra la impunidad es necesario e implica el desmantelamiento de los grupos paramilitares y es por ello que el tema de la memoria no se ha podido posicionar en los pocos espacios de participación, porque en estos contextos suelen ser vistos como obstáculos especialmente por grupos de derecha con conexiones con el paramilitarismo. Nosotros creemos que los procesos de paz requieren un nivel de verdad y justicia de manera que las víctimas sean tenidas en cuenta con dignidad.
-Uno de los objetivos del Movimiento de Hijos e Hijas es el rescate de la memoria de las diferentes luchas y procesos sociales. Por ejemplo recordáis la figura del activista de derechos humanos Julio Enríquez. ¿Quién terminó con su vida?
En las diferentes regiones donde Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad tiene conformados equipos de trabajo, buscamos dar respuesta a la constante inquietud que tenemos de saber quién era, que hizo nuestro padre o madre, nuestros familiares, cómo era el ambiente político y los sueños por los cuales lucharon y se arriesgaron, como una forma de reencontrarnos con ellos y resignificar su ausencia. En el Caribe, nos hemos encontrado con personas como Julio Henríquez Santamaría y su historia de vida y de luchas, hemos acompañado a la familia en los procesos de justicia, duelo y memoria que han realizado en Santa Marta.
Hemos estado presentes en el acto público conmemorativo para la entrega de restos por parte de la fiscalía, así mismo, participamos en la elaboración de un mural conmemorativo en el cementerio de Santa Marta y en la realización de un foro sobre la búsqueda de justicia frente a la desaparición forzada, teniendo como referente el proceso judicial que culminaron con la sentencia ordinaria en contra de HERMAN GIRALDO SERNA, quien fue el jefe paramilitar comandante del Frente de Resistencia Tayrona del Bloque Norte de las AUC; quien ordenó el asesinato de Julio Henríquez por el trabajo de recuperación ambiental de las cuencas de los ríos y quebradas de la parte norte de la Sierra Nevada y la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos mediante la siembra y reforestación y los servicios ambientales que estos representan. Ese foro fue realizado tanto en la ciudad de Santa Marta como en la ciudad de Bogotá.
Pero el ejercicio de recuperación de la memoria que realizamos junto a la familia de Julio Henríquez Santa María se articuló en un proceso de comprensión más amplio de las condiciones políticas, sociales y económicas que se viven en el Magdalena, especialmente alrededor de la propiedad, uso y tenencia de la tierra y los territorios, acercarnos a las denuncias y propuestas que hizo en su momento Julio Henríquez, nos orientó en la comprensión de las problemáticas existentes alrededor de los puertos de carbón, la pesca artesanal, el despojo de la zona bananera y su transformación en zona palmera, por el reemplazo del proyecto agroindustrial del banano por la palma aceitera, con el consecuente empobrecimiento y desterritorialización del campesinado y la ausencia de alimento por la pérdida progresiva de la tierra para este tipo de productos. Así como el acaparamiento del agua por parte de estas empresas.
Es así que no solo hemos producido documentos, encuentros académicos, galerías de la memoria, actos conmemorativos alrededor de la masacre de las bananeras, hito histórico que configura la distribución inequitativa del poder en la región, sino en el movimiento obrero colombiano y desde ahí entender, resignificar y visibilizar la desaparición forzada y asesinato de Julio Henríquez.
También reivindicáis la memoria de Jaime Enrique Gómez Velázquez, asesinado en marzo de 2006. ¿Quién cometió el homicidio? ¿Ha quedado impune?
Después de 11 años de que ocurrió la desaparición y asesinato de Jaime Gómez, el crimen continúa en la impunidad. Como muchos de los crímenes de Estado esa impunidad se mantiene por la falta de diligencia de instituciones como Fiscalía, la colaboración de otras instituciones del Estado, y la acción decidida por obstruir el conocimiento de la verdad. Esto se agrava en los casos de desaparición forzada donde las evidencias son menos o requieren de una metodología específica de investigación con la cual la Fiscalía no cuenta. La desaparición forzada suele funcionar como un «crimen perfecto», a cuya impunidad aporta el Estado con su actitud de omisión y obstrucción. La familia de Jaime Gómez no tiene claridad sobre los autores materiales e intelectuales de la desaparición y asesinato de Jaime, sin embargo las distintas acciones de diversas instituciones del Estado durante su búsqueda, al momento del hallazgo de sus restos y en los 11 años de investigación, son evidencia de que instituciones y miembros del Estado pueden estar implicados.
La familia de Jaime Gómez siempre recuerda las hipótesis que planteó el entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, sobre la desaparición del asesor de Piedad Córdoba. Restrepo planteó que los autores del crimen podían ser grupos de extrema derecha antichavistas, miembros de inteligencia del Ejército y la Policía, o grupos paramilitares que se estaban rearmando en el Bloque Capital. La familia de Jaime Gómez, Hijos e Hijas, sus colegas y copartidarios, siguen a la espera de poder esclarecer quienes son los responsables materiales e intelectuales, y la razón de ser de cada una de las tergiversaciones de las que su desaparición y asesinato fue objeto.
-En marzo de 2012, una investigación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señaló que entre 1984 y 2012 se registraron en Colombia cerca de 2.800 homicidios a sindicalistas. El 95% quedaron impunes. Uno de ellos fue Guillermo Rivera Fuquenne, torturado y asesinado en 2008…
Para el 2008 fueron asesinados alrededor de 40 sindicalistas en Colombia. Uno de los sindicalistas asesinados ese año fue Guillermo Rivera Fuquenne, sindicalista, activista político y social de la ciudad de Bogotá, detenido y desaparecido por la policía metropolitana de Bogotá, el 22 de abril de 2008 en las calles del barrio El Tunal. Su cadáver fue hallado dos días más tarde a 179 kilómetros, en la ciudad de Ibagué (departamento de Tolima), y enterrado en el cementerio de San Bonifacio como persona no identificada. La identificación se produjo tres meses más tarde, el 15 de julio de 2008, cuando la Unidad 49 de la Fiscalía de Ibagué ordenó la exhumación del cuerpo.
Actualmente la desaparición, tortura y ejecución extrajudicial de Guillermo se encuentra en total impunidad, los pocos adelantos que se han conseguido frente a lo que ocurrió con el sindicalista han sido gracias a los esfuerzos de la familia y los compañeros sindicalistas por encontrar la verdad.
La familia y Reiniciar como organización que representa el caso, continúa el proceso de denuncia y demanda hacia el Estado Colombiano con el objetivo de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debido a que en Colombia se han agotado los recursos para encontrar la verdad, lograr justicia y por supuesto no hay garantías de que se investigue y se puedan encontrar los responsables intelectuales y materiales de los crímenes que se llevaron en contra de Guillermo.
-¿Se ha hecho justicia respecto a la escabechina del 28 de febrero de 1999 en el municipio de Barrancabermeja (Santander)?
En el caso de la masacre del 28 de febrero, las víctimas contamos con la representación del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien nos apoyó para lograr que el Tribunal del distrito especial de Bucaramanga ordenara a la brigada 16 del Ejército la realización de un acto de perdón público. Pese ello, el Ejército y el Estado en su conjunto, logró entorpecer el acto de perdón, inicialmente la Brigada impidió la participación de medios de comunicación y dificultó la presencia de organizaciones sociales de manera que el acto fuera algo cerrado.
Por lo tanto el acto de perdón público no dignifico a las víctimas, fue visto como un acto de burla, no vinieron representantes de la Brigada 16, responsables de la masacre, únicamente participaron militares del batallón antiaéreo nueva granada. Para las víctimas, como para las hermanas Gil que hacen parte de nuestro movimiento y para el Ccajar, no hubo un acto de perdón público.
En cuanto al proceso penal, en general, ha habido mucha lentitud en el proceso, respuestas insuficientes, dilataciones injustificadas en el proceso jurídico. En términos penales, no se ha dado respuesta, persiste la impunidad y hasta el momento no ha habido condena por esta masacre.
-En septiembre de 2016 el periódico The New York Times publicó un reportaje titulado: «Justicia interrumpida: paramilitares en Colombia, presos privilegiados en Estados Unidos». ¿Las condenas por narcotráfico en Estados Unidos a jefes paramilitares implica la impunidad definitiva por los crímenes cometidos en Colombia?
En Colombia hemos afrontado el escarnio que significa para las víctimas los acuerdos de impunidad que se firmaron la las AUC, pues no entregaron bienes para la reparación y no se someterán a prisiones prolongadas acordes con la atrocidad de sus crímenes, hemos esperado recibir respuestas por lo ocurrido, reivindicar la memoria de las personas asesinadas y tener la certeza de que no volverán a delinquir. Sin embargo la extradición de los principales cabecilla de las AUC y con ello la garantía de su silencia frente a lo ocurrido y los cómplices y beneficiarios que tuvieron, deja en pie una estructura de terror y acumulación intacta, el silencio de los extraditados ha significado perpetuarse en el poder los verdaderos responsables de esta tragedia nacional que significa el paramilitarismo. Ya de por si los procesos de justicia y paz son una farsa respecto a la búsqueda de la verdad, pero de alguna forma, antes de las extradiciones, había un mensaje a los paramilitares sobre su responsabilidad con este derecho de las víctimas como condición para el logro de sus beneficios, la extradición y otras perversidades del proceso han llevado a que los paramilitares les resulte más conveniente ocultar y mentir antes que decir las verdades que les pueden significar represalias que tratan de evitar la verdad sea pública.
Ahora, los mayores jefes paramilitares, ni siquiera están respondiendo por sus crímenes en el país, gozan de la protección de los Estados Unidos, los extraditados posiblemente no regresen nunca a Colombia a responder por sus obligaciones para con las víctimas. Y los máximos responsables que determinaron su existencia mantienen, gracias a ese silencio cómplice de USA, el poder económico y político acumulado con tantos años de guerra, muerte y despojo.
–Aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado, la urisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene como fin -en teoría- investigar, aclarar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. ¿Tiene limitaciones el procedimiento? ¿Beneficia a algunos sectores implicados en el conflicto?
Para nuestro movimiento, La JEP tienes 3 problemas
Antes de la firma de los acuerdos los militares lograron cambio en cadena de mando, lo cual evita que se conozca los autores intelectuales de los crímenes y garantiza que únicamente queden involucrados los soldados rasos y no las cúpulas. : Y por otro lado dos cambios en fast track: Uno que para esclarecer el rol de terceros se requiere comprobar directamente que su acción si determino acciones violentas, eso hace muy difícil esclarecer los financiadores del paramilitarismo por ejemplo.
Y en tercer lugar que los informes de derechos humanos no van a ser tenidos en cuenta, lo cual afecta los casos de víctimas de crímenes de estado donde persisten los obstáculos para conocer la verdad y esclarecer la justicia porque las entidades del Estado no avanzan en esclarecer lo ocurrido. En ese sentido, los informes de derechos humanos son la única entrada quizás a conocer la verdad y avanzar en procesos de justicia.
-Por último, ¿Qué función está ejerciendo la Corte Constitucional de Colombia en cuanto a la aplicación de los Acuerdos de Paz?
La función que viene ejerciendo la Corte frente a los acuerdos de paz, ha sido realizar un control de constitucionalidad de estos acuerdos de paz, el cual últimamente se ha dado en acciones de constitucionalidad: demandas y acciones jurídicas en contra de los acuerdos de paz bajo el supuesto de que estos acuerdos están en contravía de la constitución política del 1991, estas acciones de la Corte hacen parte de sus funciones dentro del sistema democrático colombiano.
En otros procesos de negociación, nosotros como Hijos e Hijas hemos participado con intervenciones ciudadanas ante normas que han sido demandada ante la Corte Constitucional por ser violatorias de los derechos humanos, por ejemplo todo lo que tuvo que ver con La ley de justicia y paz, que fue el sistema de desmovilización de as AUC y todo tipo de normas y disposiciones que contravienen a los derechos humanos. También hemos participado en acciones de tutela de integrantes del movimiento que han intentado a través de vías de acción constitucionales salvaguardar sus derechos a la verdad, justicia y reparación como consecuencias de las agresiones que hemos sufrido en el marco del conflicto armado colombiano. Entonces la Corte viene interviniendo en los procesos de negociación de Colombia desde una perspectiva jurídica, nosotros como movimiento respetamos esta actuación, aunque no siempre compartimos las posturas de la Corte y sus intervenciones, porque algunas veces consideramos que las intervenciones de la corte son importantes, pero no podemos olvidar la impunidad que reina en el país, es decir con la no actuación de los organismos de investigación frente a los crímenes de nuestros padres, madres y familiares. Nos preocupa la impunidad estructural, que es una de las principales razones para luchar contra la impunidad.
Notas:
[1] Según el Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de derechos humanos -Somos Defensores, los altos números de asesinatos de defensores y líderes colombianos no son algo nuevo: en el año 2010 se registraron 32 casos, en 2011 se presentaron 49, en 2012 fueron 69, en 2013 ocurrieron 78, en 2014 se registraron 55, en 2015 fueron 63 los casos y en 2016 se presentaron 80 asesinatos.
[2] Los homicidios se presentaron en los departamentos de Antioquia (25), Arauca (6), Atlántico (3), Bolívar (6), Caldas (1), Caquetá (2), Casanare (2), Cauca (44), Cesar (4), Córdoba (8), Cundinamarca (9), Chocó (3), Huila (1), La Guajira (2), Magdalena (3), Meta (2), Nariño (7), Norte de Santander (8), Putumayo (3), Risaralda (5), Santander (1), Tolima (4) y Valle del Cauca (7).
[3] Consejo de Derechos Humanos, 34° período de sesiones, Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, 23 de enero de 2017, documento A/HRC/34/52. Página 3.
[4] Para ampliar información sobre la existencia del paramilitarismo, véase el Informe de CINEP/PPP: «Situación de derechos humanos en Colombia 2016: el paramilitarismo sí existe»
[5] Para ello, bajo la sombrilla del punto 2 sobre Participación Política y en otras partes del Acuerdo, se ha concebido la instalación de un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, descrito, específicamente en el punto 3.4.7. – reglamentado en el decreto 895 de 2017- bajo el cual se ha creado una Instancia de Alto Nivel de Seguridad interinstitucional que hará seguimiento y construirá política pública para acabar con la «criminalidad organizada»; una Unidad Especial de Investigación encabezada por la Fiscalía; un Programa de Protección Especializada -que se desprende del punto 3.4.7.3, reglamentado en el decreto 299 de 2017- que será dirigida por la Unidad Nacional de Protección, con el objeto brindar seguridad a los guerrilleros desmovilizados, sus familias y el movimiento político que surja; Y por último, un Programa de Protección para comunidades y organizaciones en riesgo -3.4.8.
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