El colapso de las comisarías de Extranjería, unido a la arbitrariedad de un sistema que obliga a miles de personas migrantes a pasar días enteros delante de una pantalla, ha generado un «mercado clandestino” de compraventa de citas.
Horas y horas frente al ordenador para conseguir una cita que permita tramitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). Esa fue la realidad que vivimos mis hermanos y yo durante semanas, obteniendo una única respuesta a través del portal de la sede electrónica de Administraciones Públicas habilitado para ello: “En este momento no hay citas, en breve la Oficina pondrá a su disposición nuevas citas”.
Más de un mes después, conseguimos dar con una que permitiera a mi madre renovar su permiso de residencia legal en el país y el reconocimiento de sus derechos fundamentales. Pero no todo el mundo tiene el conocimiento suficiente, los recursos o una red de apoyo que pueda estar a diferentes horas del día buscando un hueco vacío, que, incluso a veces, no es suficiente.
El colapso de las comisarías de Extranjería, unido a la arbitrariedad de un sistema que obliga a miles de personas migrantes a pasar días enteros delante de una pantalla, ha generado un “mercado clandestino” de compraventa de citas previas entre particulares, locutorios, abogados y gestorías mediante plataformas como Wallapop o Milanuncios, con precios que oscilan entre los 50 € y los 300 €. Es lo que vivió en Alicante el tío de Zahra. Llevaba tiempo intentando conseguir sin éxito una cita para renovar su TIE. Sin embargo, “siempre estaban agotadas, llamaba a comisaría y no hacían caso”, señala esta joven de origen marroquí. Hasta que un día, un amigo le dijo a su tío que fuera a un abogado que él conocía y que le llevase todos los trámites necesarios, “lo que también conlleva un coste”, indica Zahra, al que hubo que sumarle 50 € pagados por una cita que debería ser gratuita.
Sobre esta realidad generada desde las propias instituciones, el mercadeo de las citas y las consecuencias materiales que esto tiene sobre las personas migrantes, hablamos con Esther Mamadou, responsable territorial del programa de asilo, y Rocío Llopis, abogada de extranjería y especializada en violencia basada en el género del Movimiento Por La Paz (MPDL) en la Comunidad Valenciana. A través del proyecto “Oficinas de Información en Primera Acogida”, financiado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano, esta organización atiende y asesora a cientos de personas migrantes y solicitantes de asilo residentes en la provincia, que padecen esta problemática.
Antes que nada, me gustaría que aclaraseis la diferencia entre TIE y NIE ¿Cuál es el principal problema que enfrentan las personas migrantes en relación a su capacidad de disponer de Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE)?
El NIE es un número de identificación que otorgan a cualquier persona extranjera para identificarla en el momento en que se relaciona con la Administración: bien porque solicita un permiso de residencia, bien porque se le incoa un procedimiento sancionador en materia de Extranjería por encontrarse en situación irregular, etc.
A diferencia del NIE, la TIE es similar a un DNI: identifica las personas extranjeras. Poseen esta tarjeta quienes tienen permiso de residencia, y esta contiene información relativa a los datos identificativos de su titular, así como su número de NIE y su tipo de permiso de residencia. Se deben renovar en un plazo establecido según el tipo de permiso de residencia que tenga su titular. Puede ser anualmente, cada dos años o cada cinco.
Son las Oficinas de Extranjería las que se encargan de conceder los permisos de residencia. Y por su parte, son determinadas Comisarías de Policía Nacional las que se encargan de las expediciones y renovaciones de las TIE.
La única vía de acceso para renovar estas tarjetas es de manera telemática. Se debe solicitar cita por internet para acudir de manera presencial a renovarla a una comisaría de policía. Además, no solo no se expide al momento, sino que el o la titular debe acudir a solicitar su renovación y a que se le tome la huella y volver a la comisaría a recoger la tarjeta pasado aproximadamente un mes. Por eso es importante obtener una cita presencial.
Desde hace aproximadamente un año, la página web de solicitud de citas está totalmente saturada, con lo que conseguir citas para dichos trámites es prácticamente imposible. Este colapso se ha agravado después de la entrada en vigor del estado de alarma.
El Ministerio de Interior afirmó que la competencia es de las Subdelegaciones de Gobierno. Las subdelegaciones por su parte, afirman que la responsabilidad es de las Comisarías. Ante estas respuestas insuficientes cabe preguntarse a quién corresponde la organización y la gestión de la renovación y expedición del TIE.
El hecho de que los diferentes organismos públicos no asuman esta responsabilidad deja entrever una falta de voluntad política de cara a solventar un problema que afecta a miles de personas extranjeras. Ambos organismos tienen competencias relativas a los procesos de renovación y de expedición, y ambos deberían coordinarse para solventar esta situación. Lo único que se ha conseguido hasta el momento, a pesar de las recomendaciones del Defensor del Pueblo y las demandas de la sociedad civil, son soluciones temporales que no garantizan que estas personas puedan ejercer y disfrutar plenamente de sus derechos.
Durante el Estado de Alarma, se publicó la Orden SND/421/2020, de 18 de mayo de 2020 que buscaba entre otras cosas, evitar la irregularidad sobrevenida y ampliar los plazos de caducidad para dotar así a las personas migrantes de una seguridad jurídica ¿Han sido suficientes estas medidas para paliar las deficiencias?
No han sido suficientes y no tienen un impacto significativo en la vida de las personas afectadas en estos momentos. Disponer de una tarjeta y poder renovarla cuando proceda es un derecho para todas las personas que disponen de un permiso de residencia. Una Orden Ministerial que establece una prórroga no se refleja en la tarjeta. Esta seguirá figurando como caducada hasta que se consiga una cita para su renovación y se expida una nueva.
Quizá uno de los ejemplos más paradigmáticos es la renovación de prestaciones sociales de manera telemática. El sistema informático exige incluir la fecha de validez de las tarjetas y detecta su caducidad. Esto afecta particularmente a las mujeres víctimas de violencia basada en el género que, tras acreditarse su condición de víctima, no pueden ejercer su derecho a percibir una Renta Activa de Inserción con una tarjeta caducada, poniéndolas en una situación aún más vulnerable, ya que algunas dependen de estas prestaciones para cubrir sus necesidades básicas. Lo mismo sucede con la renovación del subsidio por desempleo, por ejemplo.
Se ha generado un ‘negocio clandestino’ de compraventa de citas que van desde los 50€, hasta seis veces más ¿Sabéis cómo opera este mercado? ¿Os han llegado testimonios al respecto?
Sí, desde el inicio del verano se ha generado un ‘mercado sumergido’ de compraventa de citas. Hay determinados perfiles en páginas webs como Milanuncios o Wallapop que ofertan citas para renovar las TIE. Ofrecen un teléfono de contacto de WhatsApp y exigen por un lado los datos del titular de la TIE y por otro, un pago en efectivo a cambio de un justificante de la cita que envían por correo electrónico o WhatsApp.
Mucha gente nos ha contado que ante la situación de desesperación por no poder renovar, ha pagado a algunos de estos perfiles. Es deplorable y peligroso al mismo tiempo. Es inimaginable que para cualquier otro tipo de trámite habitual, como pedir cita para ir al médico o a una oficina de empleo, tuviésemos que pagar a personas cuya identidad es desconocida y a quien nada ni nadie habilita para ‘intermediar’ de cara a proporcionar acceso a estos servicios básicos. Este tipo de prácticas no se pueden tolerar y se debe investigar y perseguir a quienes se aprovechan de esto para obtener un beneficio económico.
¿Cuáles son las consecuencias más directas de la imposibilidad de obtener citas?
El no poder acceder a una cita para renovar una tarjeta de identidad de extranjero tiene consecuencias devastadoras. Pueden ir desde perder una beca, una prestación social, no poder sacar dinero de tu propia cuenta bancaria porque ha sido bloqueada o incluso pasar a encontrarte en situación irregular sobrevenida.
¿Crees que hay un problema de conciencia a nivel social que ahonda la desigualdad de derechos entre personas extranjeras y nacionales?
El problema radica en que desde la Administración Pública se tutela con menor incidencia los intereses de las personas extranjeras que los intereses de las personas nacionales. Las personas extranjeras son ciudadanas con plenos derechos y estos deben ser garantizados desde la igualdad y justicia como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos tal y como establece la Constitución Española el promover las condiciones para que las libertades de los individuos y los grupos sean reales y efectivas así como remover cualquier obstáculo que impidan o dificulten su pleno ejercicio. Se deben dotar de los medios necesarios, tanto materiales como humanos a las Oficinas de Extranjería y a las Comisarías encargadas de las renovaciones y expediciones de tarjetas para acabar con el mercado sumergido de las citas.
¿Qué deberían hacer las instituciones para dar respuesta a esta problemática tan extendida en el tiempo y que afecta a la vida de miles de personas?
Es esencial que las Administraciones se coordinen entre sí para que no se suspendan determinadas prestaciones cuando sus beneficiarias se encuentran en trámite de renovación como es el caso con las mujeres víctimas de violencia basada en el género y las Rentas Activas de Inserción. La garantía del pleno acceso y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las personas es una obligación de los Poderes Públicos. Se deben dedicar recursos adicionales a garantizar el acceso a los servicios de renovación de documentación, sino las personas pasarán cada vez más a encontrarse en situación de vulnerabilidad y perderán derechos adquiridos como becas, prestaciones, trabajos y cuentas bancarias. Por último, podrían incluso llegar a encontrarse en situación irregular administrativa sobrevenida.