Las agencias informativas daban cuenta el pasado nueve de enero de la muerte de más de 20 personas en diferentes países de Europa, por los efectos de la ola de frío. Casi diez fallecidos durante el día anterior en Polonia, donde se registraron temperaturas inferiores a los 20 grados bajo cero. En Bulgaria perdieron la […]
Las agencias informativas daban cuenta el pasado nueve de enero de la muerte de más de 20 personas en diferentes países de Europa, por los efectos de la ola de frío. Casi diez fallecidos durante el día anterior en Polonia, donde se registraron temperaturas inferiores a los 20 grados bajo cero. En Bulgaria perdieron la vida al menos seis personas, la mayoría empobrecidos, también a causa de la ola polar. Al cómputo se agregan los seis muertos, casi todos ellos «sin techo», en Praga o el impacto de las heladas en los «sin hogar» de Roma. Las inclemencias, una neumonía y la falta de recursos terminaron el pasado dos de enero con la vida de Salva, un «sin techo» de la madrileña plaza de Colón. Tenía 57 años, vivía en la calle desde hace ocho y contaba con el apoyo de la Asociación Bokatas, que le giraba visita cada tres días. El 11 de enero el diario Levante-EMV se hacía eco de la muerte de un indigente de 65 años junto al cementerio del barrio de Benimaclet, en Valencia. Dormía en la calle, en un cubículo de dos metros cuadrados, techado con uralita, tablones de madera y la cobertura de las mantas. Esa noche las temperaturas mínimas en la ciudad se situaron en los cinco grados.
Un centenar de personas se concentraron ayer en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia convocadas por la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants, que reúne a una veintena de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos. Según el Estudio sobre las personas sin hogar realizado por el Ayuntamiento de Valencia (2015), en la ciudad viven unas 400 personas en la calle. Las entidades solidarias constatan que una parte significativa de los «homeless» hacen uso de los albergues, pero otros se quedan al margen por diferentes razones, «como adicciones, horarios o posesión de animales de compañía». Se dan casos en que las circunstancias citadas chocan con las condiciones de ingreso a los albergues.
La cuestión continúa sin resolverse, pese a que la Mesa d’Entitats lleva seis años reclamando ante el consistorio -gobernado actualmente por Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú- la puesta en marcha de medidas para que ningún vecino, sobre todo en los meses de riguroso invierno, pase la noche en la calle. Consideran «insuficientes» medidas como la apertura de una estación de metro -«Turia», la más cercana a la Casa de la Caridad- para los «sin techo» el 17 de enero. Como respuesta de urgencia, piden al menos que se habilite un pabellón polideportivo o un edificio público, comida caliente y servicios de higiene básicos. A estas infraestructuras tendrían que añadirse albergues o centros con plazas suficientes y «baja exigencia» de ingreso.
«Hay gente que se queda fuera de las plazas de albergue», clama una de las portavoces durante la lectura del manifiesto. «La cosa no se puede quedar en reuniones», añade, en alusión a los encuentros con los departamentos de Migración y Servicios Sociales del ayuntamiento. Sosteniendo una pancarta con la consigna «Ninguna muerte más en la calle ‘Operación Frío'», se halla Dennis, un ciudadano camerunés de 45 años que vive desde hace siete en Valencia. Actualmente, en una casa abandonada del municipio de Tavernes Blanques. Sin trabajo ni «papeles» desde 2012, llama la atención sobre las necesidades acuciantes: «Este invierno ha sido muy frío, nos hace falta vivienda, estufas y comida caliente». Afirma que la policía le ha identificado en numerosas ocasiones. La última vez que trabajó fue recolectando naranjas. Mientras, en Camerún esperan su mujer y tres hijos. En un castellano algo más forzado se expresa Kennedy Akoto, natural de Ghana, sin empleo ni «papeles» y con los 50 años cumplidos. Su mujer regenta un pequeño negocio en Ghana. Son ocho personas viviendo en la casa de Tavernes Blanques, donde reciben el apoyo de los vecinos: mantas, café y alimentos. «Contrato de trabajo y papeles, señor Rajoy», coinciden.
Desarrollada en abril de 2016 en Valencia, la campaña «Homeless Meet Up» contó con la participación de 290 voluntarios, y la colaboración de empresas, organizaciones sociales, la Generalitat Valenciana y el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM). La coordinación corrió a cargo de la Fundación Rais. Los datos facilitados elevan a 404 las personas que viven y duermen cada noche en las calles de la ciudad, casi el doble de las que pernoctan en albergues o centros similares (204). La mayoría de estas personas sufren, según informaciones de la campaña, «una situación de gran vulnerabilidad que requiere de atención urgente». Además, el 45% de las personas «en situación de calle» encuestadas en Valencia fueron víctimas de agresiones y el 57% están afectadas por graves problemas de salud.
Otro de los datos aportados es que si bien la esperanza de vida media en España ronda los 80 años, en el caso de los «sin techo» se sitúa en los 52. Una mayoría, el 77%, carece de ingresos o una prestación pública y casi el 30% no puede satisfacer las necesidades elementales. La campaña concluyó que más del 81% de los «homeless» valencianos malviven en una situación de «alta» o «muy alta» vulnerabilidad. La Fundación Rais y el Observatorio Hatento denunciaron en octubre de 2016 algunos de los casos más extremos. En el aeropuerto de Málaga, la aparición del cadáver de una persona «sin hogar» previamente vejada y víctima de una agresión sexual. En Daroca (Zaragoza), una mujer «sin techo» resultó apedreada en el lugar donde dormía; se da la circunstancia que los agresores retornaron más tarde con el fin de prenderle fuego.
«No queremos más personas durmiendo en la calle, bajo el granizo», asevera megáfono en mano una activista en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Muy cerca se halla -conversando con otro migrante- Said Lahrour, de 40 años y origen marroquí. Llegó a Valencia en 2011 pero, dado que carece de «papeles» y trabajo, no le queda más remedio que dormir en la calle o en el cauce del río Turia. Su último trabajo consistió en asistir a un anciano que se desplazaba en silla de ruedas. Actualmente rebusca entre la chatarra para intentar vender alguna pieza. «No viene aquí para dormir en la calle», lamenta. Algo mejor es la situación de Silim Ancoundiam, de 39 años y natural de Mali. Cuenta con «papeles» y un contrato de trabajo temporal para la recolección de naranjas: asegura que le pagan 1,25 euros por cada caja recogida. Por el momento vive en un piso gracias al apoyo de la Fundación Cepaim, que también le ayuda con la alimentación. Pero el actual estado de cosas pende de un hilo. Si la organización que le ayuda pierde en febrero la subvención pública, se verá en la calle. En Mali viven su padre y dos hermanos.
En noviembre de 2016 Cáritas cifró en cerca de 40.000 personas el número de los «sin techo» en España, según informaciones recogidas por Europa Press. A esta cifra se agregan los 3,6 millones de personas que viven en una considerada vivienda «insegura» (sin título legal o con notificación de desahucio) y cinco millones de personas bajo techo inadecuado (estructuras temporales, asentamientos o chabolas, sin acceso a suministros básicos o hacinamiento). La situación se denunció durante la presentación de la Campaña a favor de las personas «sin hogar», acto sobre el que planeó otra cifra: las 3,4 millones de viviendas vacías que existen en el estado español (datos del INE referidos a 2011).
Un año antes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría reconoció una horquilla de entre 25.000 y 30.000 personas «sin techo», mientras el teletipo de Efe apuntaba un incremento del 30% «en los últimos años». Fue durante el anuncio de la Estrategia Nacional para Personas sin Hogar. Entre la selva de números, uno concentró los titulares de los periódicos: cada seis días muere una persona sin hogar en la calle, y más de un tercio de los fallecimientos tiene origen en una acción violenta. El entonces ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, señaló la pérdida del empleo como causa principal para terminar malviviendo en la calle (45%), seguido de la imposibilidad de pagar por una vivienda (26%). El anuncio de la citada Estrategia Nacional ocurrió en el mismo país donde, según Intermón Oxfam, el 10% de la familias más adineradas concentran el 56% de la riqueza. O donde tres personas -Amancio Ortega, fundador de Inditex; su hija Sandra Ortega y el presidente de Mercadona, Juan Roig- acumulan el mismo capital que el 30% más pobre de la población.
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