Ayer 6 de diciembre fue el XXXIV aniversario de la Constitución Española, la establishment político lo celebró con el habitual boato. La ley española más importante establece como valor superior del ordenamiento jurídico la justicia y la igualdad (artículo 1) y afirma que todas «las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los […]
Ayer 6 de diciembre fue el XXXIV aniversario de la Constitución Española, la establishment político lo celebró con el habitual boato. La ley española más importante establece como valor superior del ordenamiento jurídico la justicia y la igualdad (artículo 1) y afirma que todas «las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces (…) sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión» (artículo 24). Mientras tanto el gobierno ya ha aprobado las tasas, es decir, lo que hemos de pagar por hacer uso de ese derecho.
La Constitución garantiza el derecho de todos a la educación (artículo 27), pero las familias no solo deben pagar libros, transporte, matrículas y material escolar; sino que a algunos de estos conceptos incluso el estado le suma un impuesto del 21% de IVA.
También se señala que «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad (…)» (artículo 31). Pero sabemos que las grandes fortunas colocan su dinero en fondos de inversión que pagan un impuesto mínimo, que muchas empresas y bancos logran operar a través de paraísos fiscales y evitar a Hacienda, que el impuesto que grava el trabajo es mayor que el que grava los beneficios empresariales, y que no ha dejado de aumentar el IVA, el impuesto que no tiene nada de progresivo puesto que es igual para el rico y para el pobre.
La Carta Magna establece que «todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia…» (artículo 35). Pero ya son casi cinco millones los que no tienen ese derecho, y miles los que deben recurrir a comedores sociales y bancos de alimentos para poder sobrevivir con sus familias. También se dice que «los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo» (artículo 41), pero ya nadie tiene cubierto la totalidad del coste de sus medicinas, la sanidad ya no es universal para todas las personas y no existe cobertura del desempleo para millones de familias. La conmemorada ley también establece que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna» (artículo 47), mientras, según los jueces, desde que se comenzó la crisis, se han iniciado 400.000 procesos de desahucios.
Como afirmó el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, no se entiende que los gobernantes brinden por una Constitución que se incumple. Incluso el debate sobre su reforma es absurdo y cínico. ¿Qué más da que exista o quiten el artículo que garantiza la vivienda o el que garantiza el trabajo? Un estado de Derecho es aquel que se desarrolla bajo el imperio de la ley, si la ley más importante del país establece esos derechos y luego no se garantiza su cumplimiento no cabe otra conclusión que declarar que no vivimos en un estado de Derecho. ¿Quién debe garantizar el cumplimiento de la ley? Alguien dirá que los jueces, pero nuestros jueces están infestados del franquismo hasta el tuétano, es el poder que menos se ha regenerado desde la dictadura como hemos podido comprobar en la sentencia contra Baltasar Garzón por querer investigar los crímenes del franquismo. El error es pensar que la democracia consiste en votar cada cuatro años y luego dejar que otros gestionen nuestros derechos y libertades. El resultado salta a la vista: atropellos de libertades, desprotección laboral, incumplimiento de derechos, saqueo del Estado… En pocas palabras, todo lo que estemos dispuestos a permitir por acción o por omisión.
La escena más simbólica del día 6 de diciembre fue la del líder y secretario general del PSOE durante la celebración en el Senado. Mientras un grupo de trabajadores protestaba en los alrededores, Rubalcaba comenta ante el micrófono: «hay un ruido horrible». Sí, un ruido horrible, es del pueblo al que se le niegan los artículos de la Constitución, pero para ellos son solo eso, un ruido horrible.
Son muchos los que centran su indignación en los gobernantes. No les falta razón, pero corresponsables de esos gobernantes son todos los que les han votado. Ese vecino, ese familiar y ese compañero de trabajo que votó primero al PSOE, luego el PP y ahora en las elecciones autonómicas repite o vota a un partido autonómico que apoya a los dos grandes, es el que está legitimando desde los recortes sociales a la represión policial o los desahucios de los bancos. Por eso debemos ser valientes para decírselo en el ascensor, en la oficina y en la comida familiar navideña. En países donde los gobiernos están cambiando el dominio del mercado sobre los ciudadanos, como en Venezuela, los partidarios de la derecha que quieren que se mantenga el poder de los poderosos no dudan en entrar en conflicto social con los votantes de la izquierda. Por eso nos cuentan con pretensión de tragedia y responsabilizando a los gobiernos progresistas, que la ciudadanía está dividida, que hay un conflicto social preocupante. Claro que lo hay. Y lo debe haber. En España nos limitamos a responsabilizar e insultar a los gobernantes que salen en la televisión, sin dar el paso necesario de señalar con el dedo a todos esos que les sostienen con sus votos. Los infames gobernantes con cinismo e inteligencia responden, con razón, que a ellos les han votado los ciudadanos. Por tanto, busquemos a esos ciudadanos y digámosles que las tropelías de nuestros gobernantes las pueden hacer porque ellos, con su voto, los han legitimado.
Evidentemente no es agradable, es más cómodo dirigirse al busto parlante del político que aparece en televisión o compartir con esos votantes el comentario de indignación en el autobús en lugar de preguntarle a quién votó, por si, por su culpa, tenemos ese gobierno. Pero para conquistar derechos hay que enemistarse con quienes colaboran para que te los roben.
Pascual Serrano es periodista. Su último libro es «Contra la neutralidad. Tras los pasos de John Reed, Ryzard Kapuścińsky, Edgar Snow, Rodolfo Walsh y Robert Capa». Editorial Península. Barcelona
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