Según la Comunidad de Madrid, el 65% de los mayores derivados a hospitales sobrevivieron. Si se proyecta esta cifra sobre los enfermos que permanecieron en residencias, podrían haberse salvado 4.000 personas.
El virus, inicialmente considerado como un neumonía atípica y posteriormente identificado como covid-19, apareció sigilosamente –su origen se detectó en la ciudad china de Wuhan– y se expandió rápidamente por el mundo, adquiriendo caracteres cada vez más extensos y preocupantes. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, a la vista de lo que estaba aconteciendo, declaró la existencia de una pandemia que obligaba a tomar medidas excepcionales para las que la práctica totalidad de los sistemas sanitarios no estaban preparados.
Una de las mayores incidencias de mortalidad en las residencias de personas mayores se alcanzó en la Comunidad de Madrid, donde se superó al resto de las naciones europeas y a las demás autonomías de nuestro país. Según las estadísticas, en 2020 hubo un 44% más de muertes de las que se contabilizaron en el periodo comprendido entre 2016 a 2019.
Como señala Médicos sin Fronteras, las residencias tenían un déficit estructural de recursos y de supervisión sanitaria y ningún plan de contingencia. Esta combinación hizo inviable que pudieran responder a la epidemia. Carecían de recursos sanitarios y asistenciales, lo que tuvo un impacto directo en la salud de los residentes. Eran estructuras diseñadas para situaciones sociales (de vivienda) sin recursos médicos. Esto condujo a que la asistencia quedara desatendida, a una alta mortalidad y a una merma en la calidad de la atención social. Muchas personas mayores murieron aisladas y solas.
Efectivamente, era inevitable que la mortalidad de las personas internadas fuese más alta que la del resto de la población, pero las cifras de fallecidos superan las previsibles y obedecen a una serie de medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en las que primaron los aspectos mercantilistas y económicos sobre los humanitarios.
El 6 de junio de 2020, se constituyó en la Asamblea de Madrid laComisión de investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. Dicha Comisión, tras haber realizado ocho sesiones, quedó en suspenso por la convocatoria de elecciones anticipadas para el 4 de mayo de 2021. El 11 de junio, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos pidieron la reapertura de la Comisión pero esta fue denegada por el PP y Vox.
Los familiares y unas pocas víctimas supervivientes trataron de reanudar la investigación y paralelamente acudieron a los tribunales, ante los que presentaron numerosas querellas por el delito de omisión del deber de socorro que, en su mayoría, fueron rechazadas. Al parecer, solo cuatro están en tramitación. Ante este panorama y la falta de explicaciones públicas, dos asociaciones de afectados, Mareas de Residencias y Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid, decidieron constituir una comisión ciudadana que tuve el honor de presidir. Nos constituimos y los días 15 y 16 de septiembre de 2023 celebramos sesiones públicas. En ellas pudimos escuchar los testimonios de víctimas, familiares y trabajadores de las residencias, así como de varios peritos y personas de la política relacionadas con la Comunidad de Madrid. Con el material obtenido y los trabajos documentales de personalidades científicas y del periodismo redactamos el informe que hicimos público el pasado día 15 de marzo en el Ateneo de Madrid. Nos gustaría que se leyese su contenido (146 páginas), en lugar de publicar biografías falsas o tendenciosas sobre los integrantes de la Comisión. En todo caso, serán sus conclusiones y no nuestras peripecias personales lo que debe ser valorado.
Era evidente que, como dice la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio, concurrían circunstancias extraordinarias que hacían imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. Según el Decreto Ley del estado de alarma, eran, sin duda alguna, las comunidades autónomas las que tenían transferidas las competencias sanitarias. Estas circunstancias alteraron el funcionamiento normal de las instituciones. El estado de alarma estaba justificado y sus medidas en relación con la movilidad de las personas y el mantenimiento de los servicios públicos debía complementarse con el acopio de mascarillas, guantes, EPIS y respiradores. Era necesario relajar los controles de la contratación pública, circunstancia que fue aprovechada por amorales, indecentes y malandrines para realizar compras al margen de las administraciones públicas, cobrando sustanciosas comisiones.
Volviendo al contenido de nuestro informe, se puede establecer como premisa que las decisiones de la Comunidad de Madrid respondieron a criterios de oportunismo político y mercantilización de una tragedia que obligaba a otras respuestas. Se decidió invertir en la instalación en IFEMA de un hospital improvisado, al que se trasladaron personas con patologías leves, entre ellas 23 residentes que salvaron su vida. La propaganda oficial lo calificó como “hospital milagro”. Otra cuantiosa partida (¿170 millones de euros?) se reservó para la construcción, en tiempo récord, de un hospital (Isabel Zendal) cuya utilidad y finalidad ha sido cuestionada por los especialistas.
Nuestro informe partió de los datos facilitados oficialmente por la Comunidad de Madrid. En los dos primeros meses de la crisis sanitaria (marzo y abril), 7.291 personas perdieron la vida en las residencias. Los criterios de selección para no derivar a los residentes a los hospitales se estipularon en los cuatro protocolos (18, 20, 24 y 25 de marzo, pág. 71 del informe) que, ante la avalancha de críticas, fueron calificados como borradores o recomendaciones, aunque aparecen firmados y autenticados. Las medidas que se adoptaron para excluir la derivación hospitalaria se basaban en criterios de dependencia para las actividades básicas de la vida diaria y el estado cognitivo. Según los expertos, absolutamente opuestos a criterios de capacidad de supervivencia.
Existe un dato que, en mi opinión, no ha sido suficientemente valorado por la opinión pública. La Comunidad admite que los hospitales privados pusieron a su disposición mil camas que podían, sin duda, aumentar las derivaciones que se prohibieron expresamente. Ha quedado indubitadamente acreditado que las personas inicialmente excluidas, si tenían un seguro privado, podían ser derivadas a los hospitales, presumiblemente privados. Esta discriminación no obedecía, en mi opinión, a criterios derivados del nivel económico de los residentes sino a la posibilidad de que sus seguros pagasen las elevadas cantidades por día de hospitalización. La Comunidad no quería derivar a hospitales privados a personas en iguales circunstancias para no hacer frente al pago de las estancias hospitalarias. Según los datos oficiales de la Comunidad de Madrid, el 65% de los que fueron derivados a los hospitales sobrevivieron, de manera que, proyectando esta cifra sobre el número de personas que no fueron derivadas, podrían haberse salvado, aproximadamente, 4.000 personas. Me parece que esta afirmación es razonable.
Había otras alternativas como la medicalización intensiva de las residencias. A esta medida se opuso inicialmente la Comunidad de Madrid hasta que el Tribunal Superior de Justicia se la impuso. En lugar de medicalizar en la forma que era necesaria, crearon la figura del geriatra de enlace que decidía sobre la derivación hospitalaria o la permanencia en las residencias. No se adoptó ninguna otra medida sanitaria efectiva ni medios para terapias de sedación o tratamientos que pudieran atenuar el sufrimiento de una muerte espantosa.
Mi pertenencia a la carrera fiscal durante más de veinte años me ha permitido asistir a miles de juicios. El impacto emocional que a veces produce la declaración de los testigos ha sido superado por los testimonios que escuché durante las sesiones que celebramos. Selecciono la declaración de María Ángeles Maquedano, trabajadora de una residencia, que reproduzco textualmente: “Se murieron de una forma horrible, horrible. Lo peor, y lo voy a recordar hasta el día que me muera, es cómo murieron esas personas. A mí me gustaría que la gente supiera cómo se murieron por no recibir atención médica. Murieron de una manera horrible. Ahogadas. Asfixiadas. Deshidratadas. Por falta de atención médica”. Creo que no es necesario añadir nada más.
Concluyo con alguna de las propuestas que formulamos. Los políticos deben tomar conciencia de la situación, cada vez más negra, en que se encuentran muchas personas mayores. El sistema debe impulsar las investigaciones, buscar la verdad y establecer reparaciones; el ministerio fiscal puede aportar investigaciones eficaces y diligentes de lo ocurrido. Es necesario promover un cambio radical en el planteamiento del modelo de cuidados. La dimensión económica debe ser asumida y financiada por los Presupuestos y tiene que ir acompañada de una dimensión sociocultural para visibilizar a las personas mayores y personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos.
Si alguien alberga alguna duda sobre la fiabilidad del informe, me remito a las recientes palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en sede parlamentaria, ante una interpelación de la oposición: “No se salvaban en ningún sitio”. Pues no, señora Ayuso, se podían haber salvado muchas vidas.