La abogada Ana Messuti explica la importancia de la visita de la jueza argentina María Servini al Estado español para tomar declaración a familiares y víctimas de la represión franquista.
La jueza argentina María Servini de Cubría visitó España entre los días 18 y 30 de mayo. Servini ha recogido el testimonio de varias víctimas del franquismo que, por edad u otras razones, no han podido desplazarse a Argentina para prestar declaración en la causa contra los crímenes del franquismo que se sigue en este país. La jueza ha tomado declaración a personas del País Vasco, Andalucía y Madrid.
Aunque el Gobierno español no admite que se juzguen estos crímenes y ha negado la extradicción a Argentina de dos torturadores, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha abierto una brecha importante al colaborar con la jueza Servini el pasado 29 de mayo. Ana Messuti, abogada de la querella argentina, valora el desarrollo de la causa contra el franquismo.
¿Cómo valora la visita de la jueza Servini a España?
Es un acontecimiento muy positivo. No sólo porque el viaje anterior, no realizado, había creado muchas expectativas, sino por el interés que la jueza manifiesta al realizarlo. Las declaraciones que ha escuchado, la colaboración de los juzgados locales y la participación de los jueces, que han interrogado ellos mismos a los declarantes, revelan que no todos los jueces españoles cierran los ojos ante la necesidad de investigar los crímenes del período franquista.
¿Qué supone que el juez Fernando Andreu haya participado junto a la jueza argentina en el interrogatorio a dos víctimas?
Es muy significativo que un juez del alto órgano judicial, que había interrumpido las investigaciones de Garzón, participe en el interrogatorio a las víctimas. Al mismo tiempo, que sea la Audiencia Nacional, que hace unos días negó la extradición de dos presuntos torturadores solicitada por la misma jueza, sólo puede leerse como un cambio positivo y como un gesto de apertura frente a la causa argentina.
¿Cuál es su papel en la querella argentina y qué está suponiendo para usted la defensa de las víctimas del franquismo como abogada y como persona que tuvo que huir de la represión en Argentina?
Integro el equipo de abogados que lleva adelante la causa argentina, incluso desde antes de la elaboración de la querella inicial. Me ocupo del contacto con los querellantes -me consultan personalmente siempre que la distancia lo permite- y de la redacción de sus querellas. También voy a los lugares donde me invitan las asociaciones de memoria histórica y explico lo relativo a la causa.
Como persona, este trabajo no puede dejar de afectarme. Los relatos que escucho desde que lo he comenzado, cuatro años atrás, son historias de dolor, de mucho sufrimiento, y en lugar de volverte insensible, te sensibilizas cada vez más… Las víctimas me han enseñado mucho más respecto a la justicia que las aulas universitarias.
Por otra parte, siempre aclaro que no he sufrido la represión porque pude salir de mi país a tiempo. No me gusta atribuirme ‘méritos’ que no tengo. Aunque esa salida no haya sido ningún paseo y mi vida, y la de mi familia, haya tenido que cambiar de rumbo totalmente.
¿Qué aspectos le han impresionado más durante la elaboración de las querellas de las víctimas?
Lo que más me impresiona es esa necesidad de justicia que perdura a través del tiempo, expresada en tan diversas formas, por las víctimas. Cada una, según aquello que ha sufrido, persigue un objetivo distinto, pero todas se dirigen a un mismo lugar: la justicia penal.
Sin entrar a valorar los distintos grados de sufrimiento, las distintas formas de victimación: desapariciones forzadas ( los célebres «paseos»), fusilamientos, trabajo esclavo, robo de niños, maltratos en preventorios, prisión en condiciones terribles, exilio y muertes en campos de concentración nazis, torturas… Las víctimas buscan recuperar los restos de sus padres y abuelos, otras buscan a los hijos o hermanos que les han robado y otras esperan que sean juzgados aquellos que los han torturado, o aquellos que han condenado a muerte a sus familiares o amigos en un marco de procedimientos y leyes manifiestamente abusivas e injustas.
Son varios los significados que tiene la palabra justicia en esta causa. Y esos diversos significados nos enseñan a los juristas mucho más acerca de lo qué es la justicia que todas las definiciones que podamos haber estudiado en las universidades. Porque evidentemente no hay nadie que sepa mejor lo que es la justicia que quien ha sufrido la injusticia.
También me ha impresionado la fe que manifiestan los querellantes en lo que un tribunal penal puede darles, aunque se encuentre a miles de kilómetros de distancia. Y ese es otro elemento notable: no les cabe duda alguna de que deben dirigirse a un tribunal penal, al foro que se ocupa de los crímenes. No han sido víctimas de un terremoto o de alguna otra catástrofe natural; han sido víctimas de crímenes de lesa humanidad, de crímenes que constituyen genocidio.
He hablado de víctimas, porque es el término que solemos emplear: pero hay muchos querellantes que prefieren evitarlo y que los llamen represaliados, debido a una posible connotación pasiva de la palabra víctima. Sin embargo, cuando la víctima se convierte en querellante o denunciante, ya ha dejado de ser pasiva y asume un papel en la justicia, se hace sentir, y comparte en el espacio social y jurídico su vivencia de la injusticia.
Ha sido fundamental para la buena marcha del proceso el movimiento social generado en torno a la causa, que se ha canalizado, a través de las asociaciones regionales o de víctimas de determinados delitos, en Plataformas regionales, que a su vez participan en una Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CeAQUA).
¿Qué ha supuesto para las víctimas y sus familiares la querella argentina?
Tendría que responder en presente continuo: qué supone, qué está suponiendo. La querella es un proceso que les ha permitido salir del silencio que les ha impuesto la justicia española. Desde el momento mismo en que se presentan, que van rememorando la historia familiar o la propia, se nota un gran esfuerzo emocional, además del esfuerzo práctico que supone reunir los documentos necesarios.
Pero también, desde el mismo momento en que han contado su historia, en que la han verbalizado ante quien redactará su querella, respiran con alivio. Más grande y notable aún es el alivio que han sentido quienes han prestado declaración ante el Juzgado en Buenos Aires, directamente o mediante teleconferencia. Hay algo de catarsis en estas experiencias.
Por otra parte, las víctimas directas han podido asistir a procedimientos de extradición en los que los imputados de torturas tuvieron que comparecer ante la Audiencia nacional. Es cierto que no se ha concedido la extradición, pero esas comparecencias, que se producían por primera vez, ante un tribunal de justicia han tenido un asomo de reparación para las víctimas.
También han asistido a la visita de la jueza encargada de la causa, que ha viajado desde la Argentina para tomar declaraciones a las víctimas que tenían dificultades para desplazarse y para responder a las invitaciones que le habían cursado diversas instituciones del Estado español. Pero aún más importante, algunas víctimas han declarado ante jueces españoles, que por primera vez tomaban declaraciones por los crímenes del franquismo. Si bien esto se hacía en respuesta a las comisiones rogatorias expedidas por la jueza argentina, no puede dejar de considerarse una buena señal de la disposición de esos magistrados de cumplir las obligaciones internacionales contraídas por España. Y uno de esos magistrados pertenece a la Audiencia Nacional…
Acaba de publicar Un deber ineludible. La obligación del Estado de perseguir penalmente los crímenes internacionales. ¿Qué opina de la última reforma del Gobierno del PP sobre la aplicación de la jurisdicción internacional en España?
En ese libro que, salvo algunas modificaciones, ha sido mi tesis doctoral en la Universidad de Salamanca, intento demostrar que los Estados tienen la obligación, no la facultad solamente sino la obligación, de investigar y juzgar (es lo que denota la expresión «perseguir penalmente») los crímenes contra la humanidad y el genocidio. Por lo tanto, la reforma me parece la manifestación legislativa del incumplimiento de esa obligación internacional.
¿Podemos afirmar que los crímenes del franquismo acabarán siendo juzgados?
Nunca lo he dudado. Serán los jueces del lugar donde los crímenes se han cometido quienes, en última instancia, se encargarán de juzgarlos.