Para un estado, que a pesar de su aconfesionalidad, financia a la iglesia con más de 3.000 millones de euros al año, de las arcas públicas, y cuyo Gobierno la ha favorecido, desde la llegada al mismo de José Luis Rodríguez Zapatero, con una aportación extra de 35 millones anuales, además de subvencionar con 2.500 […]
Para un estado, que a pesar de su aconfesionalidad, financia a la iglesia con más de 3.000 millones de euros al año, de las arcas públicas, y cuyo Gobierno la ha favorecido, desde la llegada al mismo de José Luis Rodríguez Zapatero, con una aportación extra de 35 millones anuales, además de subvencionar con 2.500 millones anuales más a los colegios privados, un 70% de los cuales son católicos, la agresiva postura del clero, dinamitando desde sus púlpitos cada uno de los derechos conquistados por los ciudadanos españoles, como el divorcio, el aborto, o la libertad religiosa, resulta tan perniciosa como el beso de una sanguijuela o garrapata sedienta.
En esta ocasión, le he tocado al vicepresidente de la Conferencia Episcopal y Cardenal de Toledo, Antonio Cañizares, despotricar contra el sistema educativo, lo que resulta cuando menos inconcebible, si tenemos en cuenta que sólo los sueldos pagados por las administraciones, a los profesores de religión, suman más de 500 millones de euros.
Esta vez el vicepresidente de la Conferencia Episcopal y Cardenal de Toledo se ha permitido, en sus últimas declaraciones, insultantes juicios de valor contra la nueva asignatura prevista en la LOE, Educación para la Ciudadanía, a la que curiosamente considera un ataque a su doctrinal concepto de familia, absolutamente desajustado de nuestra realidad social actual, e irrespetuoso con la concepción legal de la misma, puesto que niega, en cierta manera, tal consideración a muchas que lo son de hecho, y de derecho.
Según palabras textuales de la ministra Mercedes Cabrera la «educación para la ciudadanía y los derechos humanos», «trata de educar a los niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos y de sus libertades», lo que para Cañizares es sinónimo de «adoctrinamiento, relativismo moral, atentado a la familia, e incita a la desobediencia y a la objeción». ¡Se me ponen los pelos como escarpias, ante tan sórdido pronóstico! Ya estoy viendo a nuestros niños y adolescentes sufriendo los devastadores efectos de tan peligrosa materia que se atreve a educar en la convivencia -que falta nos hace-, y en el respeto, dentro del marco de la constitución, con riesgo de que se note que la moral no es patrimonio de la iglesia -ni de una religión determinada- y acabemos cambiando los mandamientos de la santa madre iglesia por los objetivos del milenio, y las recomendaciones de la última encíclica por la declaración de los derechos humanos.
Acaso la jerarquía eclesiástica tenga un motivo para desconfiar de esos futuros ciudadanos familiarizados con los fundamentos de la democracia, los valores constitucionales, los problemas sociales del mundo actual y la igualdad entre hombres y mujeres, acostumbrados desde pequeños a respetar los planteamientos del contrario, educados para aceptar las opciones sexuales, religiosas o políticas de sus vecinos, y compañeros, dispuestos incluso a considerar igual al hijo de una divorciada, o al niño que no ha hecho la comunión, que al nacido en el seno de matrimonios católicos practicantes.
Porque por mucho que le pese a algún sector de la iglesia, la evolución de nuestra familia, que adaptada a las actuales formas de vida presenta una numerosa pluralidad de tipos más o menos alejados del modelo católico, es ya una realidad, previa a la introducción en el currículo educativo de la nueva materia, sobre todo útil para enseñar a convivir en una sociedad que se pretende plural y tolerante, y en la que ya nadie se escandaliza de una madre soltera, de unos padres divorciados, o de complicadas redes familiares donde segundas o terceras uniones dan lugar a novedosas estructuras familiares igualmente válidas para educar a los hijos.
Y si la jerarquía eclesiástica se escandaliza por los hábitos de conducta, y las formas de vida, que no se ajustan a sus mandamientos, a la mayor parte del pueblo nos parece una inmoralidad el despilfarro de medios previsto, con motivo de la próxima visita del Papa a Valencia los días 8 y 9 de julio, para clausurar el Encuentro Mundial de la Familia, y que va a costarle al erario público la desmesurada cantidad de casi 30 millones de euros -que le arreglarían la vida a muchas familias- aportados por el Estado, el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación valenciana, y la Generalitat, desencadenando la campaña de protesta «nosotros/as no te esperamos, contra el derroche institucional con motivo de un acto que debería mantenerse en la esfera de lo estrictamente religioso. Los que no manejamos lo divino, nos atenemos a lo moral.