Pocas semanas después de apresurarse a pagar los 2.500 millones de euros en los que su anterior jefe, Manuel Chaves, cifraba la etérea «deuda histórica» de Andalucía, la provisional ministra de Fomento y hasta hace poco consejera de Economía de la Junta andaluza, Magdalena Álvarez, acaba de declarar el hartazgo que le produce el «Plan […]
Pocas semanas después de apresurarse a pagar los 2.500 millones de euros en los que su anterior jefe, Manuel Chaves, cifraba la etérea «deuda histórica» de Andalucía, la provisional ministra de Fomento y hasta hace poco consejera de Economía de la Junta andaluza, Magdalena Álvarez, acaba de declarar el hartazgo que le produce el «Plan Galicia de mierda». El excremento al que alude la ministra es, en términos más formales y menos groseros, un acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros del precedente gobierno conservador. Un paquete de inversiones que el Ejecutivo presidido por José María Aznar aprobó -bajo evidente presión ciudadana- el 24 de enero de 2003 en una reunión de su gabinete a la que dio hospedaje en el palacio de María Pita el alcalde coruñés Francisco Vázquez. Dado que este último pertenecía (y pertenece) al partido socialista, rival del conservador, muchos gallegos dimos por supuesto que el famoso plan, ahora reducido a mierda, era un asunto de Estado por encima de las enojosas contiendas partidarias.
De hecho, el presidente de la República Herculina fue distinguido por el gobierno de Aznar con una Cruz de Isabel la Católica, que Vázquez aceptó complacido en premio a su cortés papel de anfitrión. Sería injusto -y desde luego, poco elegante- que los excrementos del Plan Galicia cayesen también sobre un caballero de la Orden del Imperio Británico como Sir Paco. Peor resulta aún el hecho de que se reduzca a «mierda» (dicho sea con perdón por la expresión de la ministra) un acuerdo de gobierno que pretendía compensar a Galicia con una justa reparación de 12.500 millones de euros a cuenta de los daños causados por la marea negra del Prestige y la clamorosa inhibición del Estado ante la catástrofe. Cierto es que «sólo» 5.200 millones de esa cuantiosa suma correspondían a inversión nueva; pero no lo es menos que los 7.000 y pico millones restantes estaban ya comprometidos y, por lo tanto, también acabarían por llegar antes o después a este depauperado reino.
Infelizmente, ya no hay razón para discutir sobre ese tipo de matices entre inversiones nuevas y viejas. Bastante habrá con que se salve alguna, una vez que la ministra del ramo ha expresado con ruda claridad la opinión residual -es decir: excrementicia y de estercolero- que le merece el Plan Galicia originalmente ideado para resarcir a los gallegos de la grave desdicha del Prestige. Opinión que, desgraciadamente, no ha dudado en llevar a la práctica revocando la licitación del tramo del AVE entre Santiago y Ourense, al tiempo que -sin duda por mera coincidencia- prometía para dentro de dos años la entrada en servicio del trayecto ferroviario que unirá Córdoba y Málaga por vía de alta velocidad.
No se trata de negar, claro está, la justicia de la deuda «histórica» de más de 400.000 millones de pesetas que la ministra Álvarez acaba de saldar con su Andalucía natal mediante un crédito extraordinario a pagar por todos los contribuyentes españoles. La Historia, como se sabe, es un asunto que Dios no puede cambiar, aunque sí los historiadores (y no digamos ya los políticos). Los gallegos, que somos gente de buen conformar, ya nos daríamos por satisfechos con que se nos pagase la deuda actual. Para que el lector se haga una idea, el riguroso estudio sobre los Efectos económicos, sociais e ambientais da marea negra do Prestige, coordinado por los profesores Albino Prada y María Xosé Vázquez, evalúa los daños en más de 3.000 millones de euros a corto plazo. Cien mil millones de pesetas más que todo el débito histórico acumulado por Andalucía.Y si de deuda «histórica» se trata, tal vez no sobre recordar que la del Prestige fue tan sólo una más de las siete u ocho grandes catástrofes ecológicas que Galicia ha padecido en los últimos treinta años, debido a su incómoda situación en el mapa de la navegación marítima mundial. Sumados todos los perjuicios sufridos y jamás abonados desde el Polycommander hasta hoy, la cifra excedería en varios miles de millones de euros los 12.500 que el Plan Galicia -ahora reducido a «mierda»- preveía a modo de desagravio por la última marea negra.
Quiere decirse que a los gallegos se les debe al menos el equivalente de dos o tres «planes Galicia» para compensarlos del maltrato y la ignorancia que históricamente vienen sufriendo del Estado (también llamado España). Los últimos acontecimientos sugieren, sin embargo, que como mucho se les va a resarcir con un par de mierdas. Y disculpen el tosco lenguaje ministerial.