El presidente estadounidense Trump descartó la posibilidad de hablar pronto con Petro argumentando que el mandatario colombiano “ha sido bastante hostil” con Estados Unidos: “Espero que me esté escuchando. Será el siguiente”.
Según Trump, Petro “va a tener grandes problemas si no se da cuenta” que su país está “produciendo mucha droga”. “Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos”, afirmó.
Trump retiró en septiembre a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y posteriormente sancionó a Petro, al que acusó de ser un “líder del narcotráfico”. Con su mensaje, el mandatario estadounidense pone a Colombia en la mira de la operación Lanza del Sur que ordenó con el argumento de combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que ha disparado también la tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando a más de 80 tripulantes.
El arzobispo Darío Monsalve -miembro del equipo de dialogo con el ejército de liberación nacional ELN y referente de la teología de la liberación- ha cuestionado a Trump, subrayando que se trata de una “monumental equivocación del sr. Trump con el gobierno de Colombia! ¡Tan errática como su desproporcionada intimidación y amenaza a las soberanías nacionales desde el Caribe! Como pastor católico, sin partido alguno, sé que la Iglesia repudia su carrera y aventura armamentistas.
¡Intimidar para agredir, agredir para provocar respuesta e ir a la guerra y lograr el botín codiciado! Es la “trampa Trump” y su intervencionismo. Le “mide el aceite” al mundo multipolar y a nuestro grito latino de “el rey no es soberano”. ¡Que el poder de Dios detenga su osadía! Decía el Papa LEÓN XIV, en el avión de regreso de Liban, a periodistas acreditados, que, a la Iglesia, a diferencia del gobierno de USA, le preocupa más las poblaciones que sus autoridades. Porque es la gente, son los pueblos los que sufren los efectos de una intervención y confrontación”, concluyó el arzobispo Darío Monsalve; su mensaje contracorriente ha tenido un impacto internacional gracias a la publicación de la agencia SIR del Vaticano – “preoccupazione per possibile escalation in Venezuela e le minacce di Trump contro il presidente Petro. Mons. Monsalve, “intimidazione sproporzionata, no ad avventure belliche” (1).
“Nos pidieron que participáramos en el asesinato del presidente Hugo Chávez”: Salvatore Mancuso
El exjefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso afirmó que a las autodefensas les propusieron hace años participar de un golpe de Estado en Venezuela y asesinar al entonces presidente Hugo Chávez, quien falleció de causas naturales en 2013. «Nos pidieron que participáramos en un golpe de Estado y en el asesinato del presidente Chávez para esa época. Eso fue cierto», dijo Mancuso. «Es una de las verdades pendientes que habrá que contarle al país, al mundo, a Venezuela en algún momento», aseguró el exjefe paramilitar investigado por más de 75.000 crímenes, quien no dijo quién o quiénes le hicieron esa petición (2).
Alexandra Valencia, magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá expresó en mi entrevista exclusiva (2) que un gran desafío para la justicia transicional colombiana es que “no ha habido una política pública de esclarecimiento de la verdad que reduzca la dramática brecha de impunidad”.
En este artículo analizo el impacto de “esta dramática brecha de impunidad en Colombia”, como la define la valiente magistrada Alexandra Valencia, sobre las verdades pendientes, que todavía el ex comandante paramilitar no ha contado, sobre las multinacionales involucradas en el conflicto armado, sobre las violencias de género en contra de las defensoras de derechos humanos, sobre su relación con la ideología “Dios, Patria, Familia”.
La magistrada de Justicia y Paz, Alexandra Valencia, es la autora de la primera sentencia condenatoria en ese sistema transicional, contra Salvatore Mancuso. Un término utilizado para describir este fenómeno criminal es el ‘método paramilitar’, elaborado por la magistrada Alexandra Valencia Molina (Tribunal Superior de Bogotá, 2014) y utilizado exclusivamente en las sentencias de Justicia y Paz para describir el peculiar modus operandi de los grupos paramilitares vinculados al clan de los hermanos Castaño. Según la teoría, el método es un concepto que “permite simplificar la complejidad al seleccionar los elementos más significativos de un problema con el fin de proceder a su estructuración conceptual y explicación causal”. De acuerdo con la magistrada Valencia, la característica principal del método paramilitar fue la itinerancia entre la legalidad y la ilegalidad, ya que, en el medio del conflicto armado, existieron “ciertas colectividades que hicieron uso de este método, acudiendo a grupos armados ilegales para proteger sus intereses particulares” (Tribunal Superior de Bogotá, 2017, p. 107). Este método se expresó a través de un preciso modo de operación que ejecutaron las diferentes estructuras paramilitares, dividido en tres distintas etapas: la erradicación de la subversión con acciones militares y con toda forma de actividad popular, la eliminación de agrupaciones políticas populistas y la modificación de la tradición agrícola nacional con la instalación a gran escala de proyectos productivos que llevaron a la industrialización de la tierra. Dicho método, según la magistrada Valencia Molina, fue aplicado únicamente por los grupos paramilitares nacidos a raíz de las hibridaciones históricas, ocurridas a finales de los años noventa, cuando tuvo lugar el proceso de confederación de las auc (Tribunal Superior de Bogotá, 2017). La introducción del concepto de método paramilitar permite suponer que el paramilitarismo no fue solo un proyecto de dominación territorial ideado por la élite política-económica local, sino también un modus operandi utilizado por determinados grupos armados para conquistar una determinada región, ha analizado el investigador de la Universidad de Milano, Fossati Mattia (4).
Víctimas en Urabá piden a Mancuso revelar a la JEP empresas que financiaron paramilitarismo
La Fundación “Forjando Futuros” ha señalado el día 28 de febrero de 2025 que la deuda pendiente del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso con la verdad es cuáles empresas financiaron grupos al margen de ley en esa zona de Antioquia.
Según la JEP, Mancuso deberá entregar información justamente sobre “las alianzas del paramilitarismo con sectores económicos en la región del Urabá; los pactos y acuerdos entre paramilitares y sectores políticos en el Urabá”.
El abogado Gerardo Vega señaló que en Colombia deben ser juzgadas dichas compañías, como ocurrió en Estados Unidos con la condena a la bananera Chiquita Brands. «Aquí lo que queda pendiente y lo que está pendiente es la verdad de quienes financiaron, promovieron, financiaron, patrocinaron el paramilitarismo y la guerra que hubo en Urabá. Para nuestra opinión, eso es lo importante de la declaración de Salvatore Mancuso, Chiquita Brands y el empresariado que financió el paramilitarismo. Lo demás ya se conoce», aseguró Vega.
La diligencia de abril de 2025, ha contado con la participación de las víctimas fue reservada; es importante recordar que recientemente la Corte Constitucional tumbó el sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la JEP, sin embargo, puede asistir como testigo (5).
Al respecto, hay que recordar que Luis Castillo, exgerente de relaciones públicas de la petrolera francesa Perenco en Colombia, declaró en la JEP que los máximos directivos de esta petrolera entre 1998 y 2005 crearon una estrategia para justificar la presunta financiación a paramilitares en Casanare. Castillo describió en detalle la presunta participación en la financiación a los ‘paras’ de los franceses Patric du Garó y Arthur de Fautereau, quienes tuvieron altos cargos en Perenco entre 1998 y 2008 como la gerencia financiera y la representación legal. Víctimas del paramilitarismo en Casanare dicen que este testimonio es clave para determinar la responsabilidad de la compañía, más allá de los procesos penales de sus empleados, de acuerdo a una reciente investigación de “Ruta del Conflicto”, financiada por la fundación política Heinrich Böll en Colombia, expresión del partido Gruñen de Alemania (6).
Luisa Fernanda Rodríguez Gaitán, representante de la Fundación Heinrich Böll de Alemania (expresión del partido Gruñen-Verdes de Alemania) en el Congreso de la Republica de Colombia, ha subrayado que “Órganos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano han reiterado que los Estados deben adoptar leyes obligatorias que impongan deberes claros a las empresas, garanticen reparación efectiva y regulen incluso a las casas matrices, especialmente en contextos de conflicto armado y crisis climática”.
Carolina Matiz, investigadora del centro jesuita CINEP, ha afirmado que “es necesario reiterar el cumplimiento de los DDHH consagrados en la Constitución y en convenios internacionales, ante la documentación de graves violaciones de DDHH en contextos de actividad empresarial recopilada por organizaciones sociales. Por esta razón estamos aquí en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, para lanzar la revista Controversia n. 225, coordinada por María Carolina Matiz González, Jenny Paola Ortiz Fonseca, con el título: “¿Derechos para quién?: Justicia ambiental y resistencias populares ante el poder corporativo”, Bogotá, noviembre de 2025 (7).
El centro jesuita CINEP (dirigido por el p. Javier Giraldo), la Fundación Heinrich Böll de Alemania (expresión del partido Gruñen-Verdes de Alemania), el colectivo Siembra, el colectivo de abogados Alvear Restrepo, y otras organizaciones sociales, han presionado el “Pacto Histórico” para la elaboración de un proyecto de ley sobre la reglamentación del código ético de las empresas en Colombia.
Efectivamente el congresista Alirio Uribe Muñoz (estrecho colaborador del candidato presidencial Iván Cepeda) ha realizado una audiencia en el Congreso de la Republica de Colombia, el pasado 29 de julio de 2025, con la participación de diputados de Argentina, México, Uruguay, El Salvador, que han ejercido presión e incidencia del “derecho a la injerencia humanitaria” (iniciado en Francia en 1971 por la ONG Médicos sin Fronteras), considerando que en Colombia, más de 400 empresas han sido señaladas por su responsabilidad en el conflicto armado.
Fernando Gamberra – Parlamentario de Uruguay, CELAC, ha afirmado que «Las izquierdas y los movimientos sociales del mundo deben movilizarse para impulsar leyes nacionales que estén en sintonía con un trabajo internacional capaz de identificar dónde están los capitales de quienes más tienen, entre ellos los dueños de las multinacionales. Solo así podrán financiarse las políticas sociales que necesitan los pueblos.»
Karina Sosa – Parlamentaria de El Salvador, PARLACEN, ha enfatizado que «A pesar del riesgo de persecución, en El Salvador existe un movimiento fuerte que dice con claridad: no queremos minería. Sin embargo, se están creando condiciones para que regresen las empresas transnacionales a explotar nuestros recursos, en un contexto donde la transparencia se ha debilitado y los derechos humanos están siendo golpeados.»
Federico Fagioli – Parlamentario de Argentina, Red Interparlamentaria Global, miembro de Argentina Humana, partido presidido por Juan Grabois – estrecho colaborador del Papa Francisco, miembro del Dicasterio de Desarrollo Humano integral del Vaticano y articulador de los encuentros mundiales de los movimientos populares con papa Francisco – ha analizado en Bogotá que «Las grandes corporaciones han ganado un poder descomunal que les permite vulnerar derechos con impunidad. Frente a esto, los marcos voluntarios ya no alcanzan. Necesitamos normas claras y obligatorias que reconozcan la responsabilidad directa de las empresas por violaciones a los derechos humanos.
El Tratado Vinculante de la ONU representa un cambio de paradigma, y el rol de Colombia es clave para sostener esta agenda desde el Sur Global».
Claudia García – Diputada mexicana, ha comentado que «ratifico mi apoyo a un tratado que obligue a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos, cuidar el medio ambiente y reparar los daños causados.
Las crisis económicas que ha vivido América Latina han dejado nuestras economías vulnerables frente a organismos internacionales y gobiernos que imponen intereses corporativos por encima de los pueblos.»
Viviana Tacha – directora del Colectivo Siembra, ha subrayado que “Hoy radicamos un proyecto de ley sobre empresas y derechos humanos, construido con comunidades afectadas y desde nuestra experiencia litigando. Este proyecto desarrolla obligaciones directas para las empresas, un esquema de responsabilidad jurídica y garantías judiciales para las víctimas. Es un paso clave para hacer frente a la impunidad empresarial”.
«Más de 8000 niños han muerto de desnutrición en la Guajira, que tiene que ver con el agua contaminada. La multinacional del carbón “Cerrejón” ha traído des-arroyo, destrucción de las fuentes hídricas. Los wayuu están en riesgo de extinción. Retorno del cauce de las aguas del arroyo Bruno ya», ha agregado el líder indígena de la Guajira, Misael Socarrás.
Fernando Jaramillo, activista de la Mesa Ambiental de Jericó (Antioquia), dice sobre el Proyecto del Pacto Histórico:”este proyecto de ley es una necesidad histórica, hemos sufrido más de 15 años los atropellos de la transnacional Anglo Gold Ashanti (denunciados en el Vaticano también por el obispo “Noel Londoño). Desde el movimiento social aplaudimos la iniciativa. «Si hubiéramos tenido el proyecto de ley en Jericó y otras regiones, se habrían evitado, por ejemplo, tener comunidades y compañeros campesinos judicializados injustamente por defender su territorio, frente a empresas como AngloGold”.
El congresista Alirio Uribe Muñoz (Pacto Histórico) ha señalado que “este jueves 31 de julio de 2025 se desarrolló un espacio de diálogo entre congresistas de Colombia, Argentina, El Salvador, Uruguay y México, junto a más de 12 organizaciones de la sociedad civil, instancias nacionales e internacionales, para debatir el papel que pueden asumir los Estados latinoamericanos en la negociación del Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos que se discute en Naciones Unidas. También se compartieron estrategias para impulsar, a nivel nacional y regional, iniciativas legislativas y políticas que garanticen los derechos humanos frente al poder empresarial, durante la Audiencia Pública sobre Empresas y Derechos Humanos en el Congreso de la República. Se reconoce la labor de las organizaciones aliadas y se advierte sobre los obstáculos que impone la captura corporativa. En Colombia, más de 400 empresas han sido señaladas por su responsabilidad en el conflicto armado”.
El estado fallido frente a la impunidad de las violencias en contra de las Defensoras de Derechos Humanos
En el marco del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo ha presentado el informe ‘Lideresas en riesgo’ (8), una radiografía sobre las condiciones de vulnerabilidad y peligros que padecen las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos en Colombia.
La Defensora del Pueblo, Marín, ha enfatizado que “presentamos el Informe Defensorial «Lideresas en Riesgo», una herramienta para verificar el cumplimiento estatal frente a 92 recomendaciones defensoriales para la protección de las lideresas y defensoras de derechos humanos en Nariño, Cauca, Antioquia y Chocó. Asimismo, señalar los avances, brechas y retos persistentes. Durante la presentación se refirió a los contextos de riesgo que enfrentan las lideresas y defensoras en los cuatro departamentos relacionados con hechos como la reconfiguración armada, en el que ocurren violencias basadas en género como mecanismos de control y represión.
También hay un incremento en el asesinato de mujeres, feminicidios, delitos sexuales y amenazas. Lo que incide en un debilitamiento sistemático de los liderazgos de las mujeres.
Cauca y Nariño muestran los escenarios más críticos. Chocó y Antioquia mantienen riesgos estructurales.
El resultado del seguimiento a las 92 recomendaciones defensoriales evidencia una respuesta estatal fragmentada.
Del total, 5 recomendaciones (6%) presentan un cumplimiento realizado. Lo que revela:
➡ La falta de articulación entre nación-departamento-municipios.
➡ Medidas de protección con enfoque urbano.
➡ Altísima rotación de funcionarios y funcionarias y déficit presupuestal.
➡ Respuesta reactiva y asistencialista.
➡ Escasa comprensión institucional del riesgo diferenciado para mujeres afrodescendientes, indígenas, campesinas, migrantes y liderazgos LGBTIQ+.
Estos factores impiden que las acciones estatales tengan impacto, generen confianza o disminuyan el riesgo real de las lideresas.
Dos ejes a los que se debe poner mayor atención están relacionados con el derecho a la vida, integridad y seguridad personal y el derecho de acceso a la justicia. “Las medidas de protección no están evitando el riesgo, las medidas de protección no limitan que las mujeres estén recibiendo amenazas, hostigamiento, persecución y demoras injustificadas en la respuesta», señaló la Defensora del pueblo Marín.
Asimismo, las lideresas enfrentan fallas estructurales persistenes frente al acceso a la justicia. Hay una deficiencia en la investigación, impunidad y estigmatización institucional hacia su labor.
«Queremos destacar que hay acciones a nivel nacional y territorial que muestran que es posible hacer las cosas, es posible defender la vida de las lideresas y defensoras pero que necesitamos fortalecer y redoblar los esfuerzos en estos contextos», mencionó la Defensora Marín.
Entre los principales logros, por ejemplo, se encuentra la creación del Sistema SALVIA para el registro y monitoreo de las violencias de género, por prejuicio y por ejercicio de liderazgo, contribuyendo al fortaleciendo la capacidad de análisis sobre violencias. Se necesita de una protección integral sustancial y que se refuercen las acciones específicas del Estado con una transformación urgente y de priorización:
«¿Hacia dónde dirigir los esfuerzos? La violencia contras las mujeres lideresas y defensoras es cada vez más sofisticada. Empiezan aparecer acciones que no solamente buscan silenciarlas sino que intentan reprimir sus liderazgos, una instrumentalización y discriminación cruzada. Eso hace que el fenómeno se vuelva más complejo y requiera acciones más complejas respecto a la prevención y mitigación del riesgo», concluyó la Defensora del pueblo.
La violencia no puede seguir silenciando la participación política de las mujeres y, desde ahí, se deben pensar las acciones.
Las mujeres que lideran procesos de paz, justicia, tierra, ambiente o verdad están siendo estigmatizadas. La protección integral de su vida, voz y liderazgo es una condición indispensable para el sostenimiento de la democracia y de los derechos colectivos en Colombia. Asimismo, por factores como lo son la pobreza, desigualdad, baja presencia institucional y el debilitamiento sistemático de los liderazgos de las mujeres.
Recordamos que, Alexandra Valencia, magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá expresó en mi entrevista exclusiva (2) que un gran desafío para la justicia transicional colombiana es que “no ha habido una política pública de esclarecimiento de la verdad que reduzca la dramática brecha de impunidad”.
Es preocupante el estado fallido, vigente en Colombia, frente a la impunidad de las violencias en contra de las Defensoras de Derechos Humanos. En la audiencia del pasado 27 de noviembre de 2025, he preguntado directamente a la Procuradora de la Nación por la familia de Colombia, y al director adjunto de la Defensoría del Pueblo, Sergio Coronado, su comentarios, sobre las razones del porque la Fiscalía de la Nación, no dio respuesta sobre la impunidad denunciada por la Defensoría del Pueblo, que en esta audiencia oficial de “control político”, no ha enviado ningún representante de la Fiscalía de la Nación para explicar esta gravísima impunidad. Sus silencios son preocupantes…
“Colombia salva a D’Alema: hay corrupción, pero se archiva”
Otro caso de impunidad es relacionado al escándalo D’Alema…
Se iban a distribuir “80 millones de dólares en sobornos… por compra de equipos militares navales entre una empresa italiana y altos funcionarios del anterior gobierno”. Esa fue la afirmación del presidente Gustavo Petro el 6 de junio del 2023, tras la apertura de una investigación penal en Italia por presunta corrupción en el intento de compraventa de equipo militar a Colombia por 4.000 millones de euros: aviones M-346, corbetas, pequeños submarinos y el equipamiento de astillero durante el gobierno de Iván Duque.
El principal señalado era el exprimer ministro italiano Massimo D´Alema (el secretario del partido comunista italiano PCI, el más grande de Europa, famoso para autorizar el bombardeo de la Serbia de Milosevic, en representación de la OTAN, estrecho colaborador del europarlamentario Antonio Panzeri, involucrado en el escándalo de Qatargate).
En ese 2023, la Fiscalía de Nápoles anunció que D’Alema y Alessandro Profumo eran los investigados. Profumo era el CEO de Leonardo SpA, una multinacional italiana aeroespacial, de defensa y seguridad.
Decía la Fiscalía que D´Alema era una especie de relacionista internacional para el negocio, y se habría conectado en Colombia –según audios– con Edgar Fierro Flórez, alias “Don Antonio”, un peligroso antiguo jefe paramilitar; y con dos delegados del senado colombiano, Germán Monroy Ramírez y Francisco Joya Prieto, al igual que con alias Tolemaida, otro ex paramilitar.
También se mencionó a la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez pero, finalmente, su nombre fue excluido al no encontrar ninguna relación con los hechos, pero la Revista Raya, ha documentado con sus investigadores Edinson Bolaños y Enrique Gamboa, que “Don Antonio”, exjefe paramilitar, sería el socio de Marta Lucía Ramírez (9).
negocio, decía la investigación, los implicados prometieron a otras personas un soborno o “comisión total” de 80 millones de euros.
Las dos compañías, con participación pública, Leonardo y Fincantieri pagarían una comisión de éxito “del 2% del valor total del acuerdo (cuatro mil millones de euros) a la firma estadounidense Robert Allen Law (RAL) por su intermediación”.
En el mismo mensaje de junio de 2023, Petro le pedía a la Fiscalía colombiana que se investigara el tema. Solo en mayo 2024 llegó una petición o carta rogatoria de Italia al búnker en Bogotá.
El diario El Colombiano, preguntó a la oficina de prensa de la Fiscalía sobre el caso, pero no hubo respuesta. Lo grave no es eso; es que la Fiscalía de Nápoles acaba de archivar el caso alegando, como principal razón, que nunca recibió respuesta de las autoridades colombianas.
Giorgio Mulé, periodista y parlamentario de derecha de la Cámara de Diputados de Italia, confirmó desde Roma que finalmente no hubo juicio para este caso, “y esto se debe a que, a pesar de que la opinión pública había deducido con absoluta certeza la existencia de acuerdos corruptos, no hubo colaboración alguna por parte de Colombia”.
Giacomo Amadori, el periodista italiano que más ha seguido el caso, en la revista La Veritá, dijo que “fue archivado porque Colombia no respondió al rogatorio”, y tituló en su medio: “La comisión millonaria se ha esfumado, pero el exprimer ministro escapa; Colombia salvó a D´Alema”, “La corrupción existe, pero está archivada”.
El documento de archivo, de 4 páginas, firmado por Rosaria Maria Aufieri, Jueza de Investigaciones Preliminares, dice que la negociación fracasó oficialmente el 16 de febrero de 2022 debido a problemas relacionados con la distribución de la comisión entre las partes colombianas. Los fiscales le solicitaron el archivo, destacando la existencia de una negociación corruptiva en fase avanzada que se interrumpió antes de la formalización del acuerdo. La falta de respuesta de Colombia a las solicitudes de asistencia judicial impidió obtener las pruebas necesarias para una posible condena.
Señala el documento que las negociaciones entre la “parte italiana” y la “parte colombiana”, prosiguieron entre octubre de 2021 y febrero de 2022, “involucrando a varios altos funcionarios, políticos y altos oficiales militares colombianos, y los máximos representantes de las sociedades interesadas, y culminaban en una conversación telefónica mantenida entre Massimo D’Alema y Edgar Fierro Flórez”.
La Fiscalía de Nápoles dijo que había “extrema certeza de la negociación subyacente a los acuerdos corruptos”, y Giacomo Amadori señaló que los fiscales “se rindieron ante la falta de respuesta de Bogotá a las cartas rogatorias internacionales y a la ley Cartabia” (norma reciente que prácticamente obliga a los fiscales a tener certeza absoluta de que los acusados serán condenados si los llevan a juicio), de acuerdo al diario “El Colombiano” (10).
Para no concluir
El pasado 27 de noviembre de 2025, en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá se ha realizado el conversatorio para presentar el informe Oxfam:” Libertades en riesgo ¿Quién gana y quién pierde? Grupos Anti-derechos y desigualdades en Latinoamérica”.
Gloria García Parra, directora de Oxfam en Latinoamérica, ha evidencia que «Hemos notado que los movimientos religiosos y fundamentalistas en alianza con las elites y los políticos conservadores han logrado cambiar narrativas y reducir la participación de fuerzas progresistas».
La profesora Janet Aldana, coordinadora del Observatorio de Desigualdades de la Universidad Javeriana, ha agregado que
«la teología de la prosperidad que promueven algunos pastores de iglesias cristianas, que además no pagan impuestos, logran que las personas crean verdaderamente en esta esperanza que, pero no existe».
¿Cuál es la relación de la ideología “Dios, Patria y Familia”, con estos temas de fundamentalismo religioso y políticos conservadores?
Espera el próximo artículo.
NOTAS
- https://www.agensir.it/quotidiano/2025/12/15/colombia-preoccupazione-per-possibile-escalation-in-venezuela-e-le-minacce-di-trump-contro-il-presidente-petro-mons-monsalve-intimidazione-sproporzionata-no-ad-avventure-belliche/
- https://www.rtvcnoticias.com/justicia/nos-pidieron-que-participaramos-en-el-asesinato-del-presidente-hugo-chavez-salvatore
- https://www.religiondigital.org/america/alexandra-valencia-molina-colombia-desapariciones_1_1436749.html
- Fossati, Mattia. (2025). Formas y estrategias del paramilitarismo: aproximación teórica al modelo de Urabá y de Puerto Boyacá. Revista Controversia (224), pp. 1-26. https://doi.org/10.54118/controver.vi224.1346
- https://www.bluradio.com/regiones/antioquia/victimas-en-uraba-piden-a-mancuso-revelar-a-la-jep-empresas-que-financiaron-paramilitarismo-rg10
- https://rutasdelconflicto.com/notas/exdirectivos-franceses-la-petrolera-perenco-son-senalados-financiar-paramilitares
- https://revistacontroversia.com/index.php/controversia
- https://www.defensoria.gov.co/web/guest/-/informe-de-la-defensor%C3%ADa-del-pueblo-revela-violencias-persistentes-contra-defensoras-de-derechos-humanos-y-mujeres-lideresas-sociales?redirect=%2Fweb%2Fguest
- https://revistaraya.com/don-antonio-paramilitar-seria-socio-de-marta-lucia-ramirez-italia.html
- https://www.elcolombiano.com/colombia/colombia-impidio-enjuciar-red-corrupta-dalema-en-italia-por-que-GE27894727
*Cristiano Morsolin, investigador y trabajador social italiano radicado en Latinoamérica desde 2001, autor de 10 libros en 5 idiomas. Analiza las relaciones entre derechos humanos, movimientos sociales, políticas emancipadoras y la geopolítica de Papa Francisco. Fue recibido por el Papa Francisco en audiencia en Vaticano en octubre de 2017. Co-fundador del Observatorio sobre la Región Andina SELVAS (Milán, 2001), del Observatorio sobre las mafias “Liberande” (promovido por la red LIBERA, Roma, 2007). Es comentarista invitado por los mass-media internacionales: SIR-Servizio Informazioni Religiose (Vaticano), Religión Digital (Madrid), Cipsi (Roma), Vita (Milán), Corporación Latinoamericana Sur (Bogotá). Sufre la persecución estatal a causa de la defensa de los derechos humanos. Su último libro: “Nunca Mas Estado Genocida. El boicot europeo en contra de las armas y de las mafias de Colombia” (Ediciones Antropos, 2023, comentario final del Cardenal Michael Czerny).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.