El proyecto Gran Scala, presentado recientemente de forma espectacular, nos preocupa profundamente. Nos preocupa por el modelo de desarrollo que entraña, insostenible desde todas sus concepciones y por el déficit democrático con que ha sido gestado para que viera la luz. El gobierno de Aragón le ha brindado unilateralmente su apoyo, comprometiendo modificaciones legislativas sin […]
El proyecto Gran Scala, presentado recientemente de forma espectacular, nos preocupa profundamente. Nos preocupa por el modelo de desarrollo que entraña, insostenible desde todas sus concepciones y por el déficit democrático con que ha sido gestado para que viera la luz. El gobierno de Aragón le ha brindado unilateralmente su apoyo, comprometiendo modificaciones legislativas sin haberlas sometido a debate y que habrán de ser financiadas con el dinero de todos los aragoneses y aragonesas.
El proyecto prevé 32 casinos, 70 hoteles, 200 restaurantes, grandes lagos artificiales con orcas, delfines, hoteles y restaurantes subacuáticos, 5 parques temáticos, hipódromo, plaza de toros y, por supuesto, campos de golf, como base para desarrollar una futura ciudad de 100.000 habitantes que espera acoger 25 millones de visitantes al año…
La empresa promotora, I.L.D., prevé una inversión de 17.000 millones de Euros por parte de inversores internacionales que aún no se han presentado. Esta empresa proyecta comprar 20 millones de metros cuadrados de monte comunal en Monegros, con el compromiso de nuestras autoridades de recalificarlos a urbanizables, operación en la que estos promotores pueden esperar beneficios que multipliquen por mil su inversión. En todo caso, la DGA adelanta ya su compromiso de construir 150 kilómetros de autovía (entre 4 y 14 millones de Euros por km), una estación especial del AVE, inversiones en aeropuertos, infraestructura eléctrica y obras hidráulicas para garantizar veinte millones de metros cúbicos de agua al año. Nos están hablando en definitiva de un número indeterminado de miles de millones de Euros del dinero de todos, como base de un negocio basado en el juego.
Como modelo se nos ofrece la ciudad de Las Vegas en EEUU. Un ejemplo paradigmático de consumismo, ausencia de principios éticos, desvertebración social, urbanismo especulativo e insostenibilidad. El modelo que los grandes empresarios del juego, vinculados con lo que podría llamarse el lado oscuro de la economía norteamericana, negociaron con las autoridades del Estado de Nevada: leyes laxas, agua y energía baratas (a costa de ingentes inversiones públicas y verdaderos desastres ecológicos), bajos impuestos para el juego y permisividad a todo tipo de negocios colaterales, como la prostitución o el tráfico de drogas…
Nos preocupa la evidente y abrumadora oleada de contradicciones que este proyecto suscita respecto al principio de sostenibilidad que hoy decimos defender. La sostenibilidad no consiste en usar bombillas de bajo consumo, si el objetivo es inundar de luz decenas de kilómetros cuadrados de fachadas, salones y jardines (se estima que Aragón aumentaría su producción de CO2 en más del 15%). La sostenibilidad no equivale a usar duchas, grifos o WC ahorradores si lo que se pretende es extender decenas de miles de metros cuadrados de lagos artificiales, miles de hectáreas de césped, exóticos jardines y cientos de ostentosas fuentes en medio de la estepa monegrina.
Nos preocupa que se nos proponga este modelo de desarrollo social y territorial y no queremos que se nos imponga algo tan ajeno y contrario al desarrollo rural por el que tanto se ha luchado, basado en promover nuestras capacidades productivas desde nuestros valores culturales, sociales y ambientales.
Nos preocupa y nos escandaliza que, tras años de conflicto hidráulico se acaben construyendo grandes presas para promover negocios de este estilo.
Nos preocupa el descrédito que proyectan sobre Aragón, quienes, habiendo usado los argumentos de la Nueva Cultura del Agua para luchar contra los Trasvases, promueven hoy un modelo de desarrollo, si cabe, más insostenible que el criticado en la costa mediterránea.
Nos preocupa y no compartimos la incoherencia del Gobierno de Aragón al promover con análogo entusiasmo el proyecto de la EXPO, bajo el lema «agua y sostenibilidad», y el de Gran Scala, que bien podría ir presidido por la sentencia «todo vale».
Nos preocupa que la degradación ética y política que subyace tras este modelo de desarrollo acabe imponiéndose. Un modelo en el que manda el dinero de negocios, cuando menos de dudosa moralidad, y en el que los derechos ciudadanos, sociales y sindicales se diluyen, en nombre de un mal entendido progreso, como de hecho ha ocurrido y ocurre en Las Vegas.
No compartimos el modelo de sociedad y el mundo de valores y expectativas que este proyecto auspicia, así como las perspectivas de inseguridad ciudadana y delincuencia organizada que este tipo de negocios favorece.
Nos preocupa que, una vez más, se juegue de forma tan irreflexiva con el dinero de todos para amparar y favorecer negocios privados de corte especulativo, lejanos al verdadero interés general de la sociedad aragonesa. Está todavía por hacer, cuando menos, un estudio riguroso que clarifique cual sería el balance económico-financiero para las cuentas públicas.
Nos genera cierta vergüenza ajena ese regusto a «¡Bienvenido Mr.Marshall!», cargado de riesgos e intereses oscuros, que ya sentimos anteriormente con otros proyectos, como el famoso Rubiatrón, que al igual que Gran Scala, fueron rechazados por otros países más prudentes y sensatos, antes de que Aragón los acogiera con entusiasmo.
Por todo ello, desde posiciones ideológicas diferentes y preocupados de forma diversa por las cuestiones planteadas, queremos manifestar nuestra oposición a un proyecto que ni en el fondo ni en las formas nos gusta para nuestra comunidad, y llamamos a todos y todas a realizar un esfuerzo de reflexión y debate en torno a este proyecto, al tiempo que exigimos a la DGA prudencia, sensatez y sentido de la dignidad; especialmente cuando se juega con miles de millones del erario público.
Exigimos a la DGA que suspenda cualquier decisión de gobierno relacionada con el proyecto y que se abra un amplio debate social que aborde las necesidades reales de Aragón y su territorio y que marque las prioridades de desarrollo teniendo en cuenta el impacto social, medioambiental, económico y financiero de las propuestas desde la perspectiva del interés general.