El Congreso español aprobó ayer la Ley de Sostenibilidad Energética, destinada a reducir el déficit tarifario del Estado español y que salvo un giro inesperado acabará con la central nuclear de Garoña. Nuclenor, propietaria de la planta, recalcó ayer que la gestión de la central burgalesa es «inviable». Dice que mantener la infraestructura abierta hasta […]
El Congreso español aprobó ayer la Ley de Sostenibilidad Energética, destinada a reducir el déficit tarifario del Estado español y que salvo un giro inesperado acabará con la central nuclear de Garoña. Nuclenor, propietaria de la planta, recalcó ayer que la gestión de la central burgalesa es «inviable». Dice que mantener la infraestructura abierta hasta el próximo 6 de julio, cuando está previsto su cierre definitivo, le supondría perder cerca de 96 millones de euros.
A partir del próximo 1 de enero la gestión de la central nuclear de Garoña será «inviable». Así lo sostiene la empresa propietaria de la planta burgalesa, que ayer por la mañana lanzó su último órdago al Gobierno español del PP. Sin embargo, el mensaje de Nuclenor, que volvió a vincular la continuidad de la planta burgalesa a una reforma profunda de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, no hizo cambiar de opinión al grupo parlamentario del PP, que excluyó de la normativa las enmiendas relativas a la definición de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos y sacó adelante el proyecto en los términos previstos.
La inclusión de las citadas enmiendas en la ley eran una exigencia de la empresa propietaria de la planta, que había ligado el futuro de la central nuclear a una posible exención fiscal en el ámbito nuclear. En una nota publicada horas antes de la votación de la norma, Nuclenor subrayó que la aprobación de la nueva ley le ocasionaría «importantes pérdidas» a la sociedad mercantil, coparticipada por Iberdrola y Endesa.
Según explicó la empresa propietaria de la planta, las tasas nucleares recogidas en la Ley de Sostenibilidad Energética, presentada el pasado mes de setiembre por el ministro español de Industria, Energía y Comercio, José Manuel Soria, le supondrían un «extracoste» de 16 euros por cada megavatio/hora producido. Este coste añadido conllevaría un incremento del 27% sobre el coste medio de generación de electricidad.
Además, Nuclenor detalló que, en el caso de mantener operativa la central de Garoña hasta el 6 de julio de 2013 (cuando finaliza el permiso concedido en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero), la empresa tendría que abonar al Estado español un impuesto del 7% por la generación eléctrica. Dicho porcentaje se traduce en 7,4 millones de euros.
Añade que a esta cantidad se le deben sumar los impuestos vinculados a la extracción del combustible nuclear. En este sentido, la mercantil afirmó que la aplicación de una tasa de 2.190 euros a cada kilogramo de uranio implica el desembolso de 153 ,2 millones de euros. Una cantidad que se ve incrementada por las tasas sobre la generación de residuos de baja y media actividad, ya que a partir del 1 de enero, cuando entre en vigor la nueva ley, la gestión de este tipo de residuos conllevará un coste de 400.000 euros.
La suma de las tasas anteriormente citadas supondría un coste de 161 millones de euros para Nuclenor. Una cantidad equivalente a 1,5 veces los ingresos previstos por la venta de energía en el año 2013, que la empresa eléctrica no está dispuesta a asumir. «La aplicación de los nuevos impuestos deja a Nuclenor fuera del mercado y obliga al cierre anticipado de la planta en 2012», concluye.
En cuanto al lucro cesante, relacionado con la pérdida de una perspectiva cierta de beneficio, la eléctrica, que en 2009 solicitó ante la Audiencia Nacional española el pago de 385,6 millones de euros por el cierre de la planta tomando como escenario la explotación de la misma hasta el año 2019, explicó que el impacto total de los nuevos impuestos ascendería a 374 millones de euros.
«Si a esta cantidad le sumamos las inversiones relacionadas con las pruebas de resistencia y las modificaciones desde 2009 de los precios de mercado […], se alcanzaría un extracoste aproximado de 480 millones euros», destacó.
«El mantenimiento de la operación de la central de Garoña conduciría a una perdida de unos 96 millones de euros, lo que hace inviable económicamente el mantenimiento de su operación», concluyó la empresa, que el pasado domingo extrajo el combustible nuclear sin detallar el futuro de la planta. Parece probable que no vuelva a operar.
Posible expediente de Industria
Ante esta situación, José Manuel Soria aprovechó su comparecencia en un desayuno informativo para anunciar que el Ministerio de Industria abrirá un procedimiento contra Nuclenor si finalmente cierra la planta antes de finalizar el año 2012, seis meses antes de lo previsto.
Tras señalar que «no se puede cerrar gratuitamente seis meses antes», el ministro anunció que el Gobierno español no sancionará a la empresa, pero sí iniciará un procedimiento para conocer las causas del cese.
A su vez, Soria defendió la Ley de Sostenibilidad Energética por sus «fines recaudatorios». En concreto, expuso que la norma nace para ingresar cerca de 3.000 millones de euros con los que subsanar el déficit tarifario del Estado español.
En alusión al argumento económico utilizado por Nuclenor para justificar el cierre anticipado de la planta, el titular de Industria afirmó que la propia central habló de un lucro cesante de 395 millones si no seguía operando hasta el 2019. «Por tanto, descontados los 120 millones de euros de inversión para adaptarse a los requisitos impuestos después de Fukushima y los 153 millones de la nueva tasa, aún le quedan 125 millones de euros», subrayó el ministro español.
El PP impone la reforma energética que subirá la luz
La mayoría absoluta del PP en el Congreso español fue suficiente para sacar adelante la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, que además del efecto sobre Garoña tiene otra afección general: podría suponer un incremento en la factura de la luz debido a su intención de gravar a las empresas eléctricas y atajar lo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy denomina «déficit tarifario». Así las cosas, todos los grupos de la oposición censuraron la falta de diálogo evidenciada por el Gobierno español, que impone su iniciativa sin contar con las propuestas del resto de formaciones.
Maite Arístegi, diputada de Amaiur, consideró «hipócrita» el hecho de creer que «el problema de la crisis energética se resolverá pensando y actuando del mismo modo que cuando se creó». En este sentido, censuró el plan del Ejecutivo del PP por «recaudatorio y cortoplacista» y le instó a «cambiar radicalmente el modelo hacia otro más eficiente y sostenible, económica pero también ambientalmente». Además, defendió ante la Cámara legislativa la necesidad de un modelo «soberano» para los siete herrialdes que forman Euskal Herria.
Finalmente, el voto contrario de los diputados del PP excluyó del proyecto las enmiendas relativas a la definición de combustible nuclear gastado y residuo radiactivo resultante que están sujetos al nuevo impuesto, así como la que precisaba la fórmula de concertación de la aplicación de los nuevos gravámenes energéticos con los gobiernos de Lakua e Iruñea, algo que había sido criticado tanto desde las filas del PNV como desde las de UPN.