El rey de Arabia Saudí se vuelve a su país con un Toisón de Oro en el equipaje. La orden dinástica más prestigiosa que se concede en España viaja camino de una de las mayores factorías de la pena de muerte en el mundo. El paraíso de los verdugos. El lugar donde los ejecutores presumen […]
El rey de Arabia Saudí se vuelve a su país con un Toisón de Oro en el equipaje. La orden dinástica más prestigiosa que se concede en España viaja camino de una de las mayores factorías de la pena de muerte en el mundo. El paraíso de los verdugos. El lugar donde los ejecutores presumen de su habilidad con la espada. Pueden seccionar la cabeza del cuerpo de un solo tajo. No hay inyección letal que pueda mejorar esa eficacia.
Es lo que tiene la monarquía en España. Si no tiene enemigos, se los crea. Si casi nadie habla de ella, hace lo posible para que la gente se acuerde de que no hay nada tan ‘democrático’ como la legitimidad dinástica. Si hay que agasajar a los amigos del Rey, no hay política de derechos humanos –en el caso de que exista– que pueda empañar las visitas a la Corte de sus colegas de trono.
Zapatero y el Rey han recibido con los honores apropiados para una visita de Estado al monarca saudí. Cuesta aceptar algo así, pero quizá haya que hacerlo. El pragmatismo es inevitablemente uno de los principios de cualquier política exterior. En cierto modo, Abdalá lo demuestra al venir a España, al país que permite que los homosexuales contraigan matrimonio y no sean discriminados. En Arabia Saudí, acaban en prisión y son considerados una aberración de la naturaleza.
No sé si podemos mantener plenas relaciones con gente así, pero sí tengo claro que concederles las más altas distinciones convierte en ridícula y vergonzante cualquier declaración en favor de los derechos humanos que haga este Gobierno. ¿Podemos presentar honores al máximo representante del Estado que ha ejecutado a 88 personas este año? El último caso fue este mismo lunes, cuando Abdalá llegó a España. Un sudanés fue decapitado por haber asesinado a un compatriota.
Por crímenes menores, también puedes acabar en el patíbulo en Arabia Saudí. En febrero, cuatro inmigrantes de Sri Lanka fueron ejecutados por haber cometido un robo a mano armada. Human Rights Watch denunció que sólo dos personas habían quedado heridas en el asalto, con lo que el castigo era completamente desproporcionado. Además, la ONG resaltó que la asistencia letrada que habían recibido los reos había sido insuficiente, casi una burla.
En el sistema jurídico saudí, los acusados gozan de pocos derechos. Si son extranjeros, es posible que sean torturados para arrancarles una confesión, que ni siquiera tengan un traductor junto a ellos durante el juicio y que no sepan en qué condiciones pueden presentar un recurso.
Otros castigos aceptados allí se nos antojan tan repugnantes como la pena de muerte. Una persona puede ser condenada a recibir 4.000 latigazos. Como la aplicación de esa pena supondría una ejecución encubierta, los jueces, con la ecuanimidad que se espera de ellos, pueden ordenar que el castigo se imponga a plazos. En ‘cómodas’ sesiones de 50 latigazos.
Como ya se demostró en la visita del dictador de Guinea Ecuatorial, en España no necesitamos lecciones de Kissinger. Estamos tan dispuestos a aceptar con una sonrisa las violaciones de los derechos humanos protagonizadas por nuestros ¿aliados? que no hay ningún frío y despiadado secretario de Estado norteamericano que pueda hacernos sombra.