Pese a las continuas denuncias por el trato hacia los menores extranjeros no acompañados, las administraciones españolas no varían el rumbo. Ante el endurecimiento de las políticas públicas sobre los menores extranjeros no acompañados (MENA), las críticas de los organismos internacionales se multiplican. A éstas se suman a las constantes protestas de las organizaciones locales. […]
Pese a las continuas denuncias por el trato hacia los menores extranjeros no acompañados, las administraciones españolas no varían el rumbo.
Ante el endurecimiento de las políticas públicas sobre los menores extranjeros no acompañados (MENA), las críticas de los organismos internacionales se multiplican. A éstas se suman a las constantes protestas de las organizaciones locales. En agosto, la ONU denunció irregularidades en las deportaciones desde el Estado español de menores que son devueltos a sus países de origen tras pasar largos períodos de internamiento sin control judicial en Canarias. La ONU informó de casos de adolescentes marroquíes repatriados sin que se hubiera verificado que regresaban con sus familias. La última condena vino de Humans Rights Watch, que el 17 de octubre denunció que esa práctica expone a los niños a «situaciones de peligro, trato degradante y provoca su detención».
Además, criticó que a los menores con una orden de expulsión se les niegue el derecho a tener un abogado independiente y alertó de que la Junta de Andalucía pretende expulsar a un millar de menores que tiene bajo su tutela. Y es que la Junta se ha sumado a la apuesta iniciada por las comunidades madrileña y catalana de externalizar los centros de menores y ha anunciado que invertirá dos millones de euros en rehabilitar seis edificios en Marruecos, que acogerán a 500 menores. El Gobierno autonómico asegura que la iniciativa tiene «carácter preventivo», para evitar que los menores arriesguen su vida en las pateras. Save the Children también se sumó a las críticas, reclamando que las comunidades autónomas dejen de segregar a los menores tutelados separando a los españoles de los extranjeros, práctica que dificulta la integración de estos últimos.
Por su parte, el Gobierno ha firmado, en los últimos meses, nuevos acuerdos con gobiernos de países del Sur para promover lo que llaman reagrupaciones familiares, el eufemismo con el que, según organizaciones sociales, enmascaran las expulsiones ilegales de menores. Así, el Ejecutivo español y el Gobierno de Senegal acordaron en julio un «marco de cooperación» cuya finalidad, disimulada entre medidas de prevención y asistencia, es agilizar las resoluciones para repatriar a los menores senegaleses.
Sin embargo, algunas organizaciones sociales están logrando parar estas deportaciones. Por ejemplo, un juzgado de Barcelona acordó este verano la suspensión cautelar de la repatriación de dos menores porque no existía ningún informe sobre quién podría hacerse cargo de ellos a su llegada a Marruecos. El Defensor del Pueblo español también ha mostrado su preocupación ante las repatriaciones sin garantías por las que apuesta la Junta de Andalucía. La labor de organizaciones como DRARI (Cataluña) o la Coordinadora de Apoyo a Menores en Peligro (Madrid) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía respectivamente se hallan detrás de estas resoluciones. Las dificultades para las repatriaciones expeditivas han llevado a las autoridades competentes a emplear métodos al margen de la legislación.
El objetivo es quitarse de encima a cientos de menores, para que abandonen la región de manera voluntaria, y frenar el efecto llamada que, en su opinión, acarrearía velar por sus derechos y destinar más recursos a su asistencia. Así, la escasez y mal estado de las infraestructuras, la subcontratación de los centros a entidades privadas no especializadas y la falta de personal educador formado adecuadamente convierte los centros de menores en focos de conflictos. Esos mismos conflictos actúan como pretextos para que las instituciones criminalicen a los menores y reclamen más capacidad para expulsarlos. Un ejemplo fue el debate que suscitaron en el País Vasco las agresiones sexuales cometidas este verano por menores tutelados del centro de Tolosa en Donostia y Villabona (Asturias). «El hecho en sí es condenable, pero generó tanto impacto por la particularidad de que los agresores eran marroquíes. La Diputación aprovechó para decir ‘a éstos los teníamos caladísimos, pero no nos dejan expulsarlos’, critica Peio Aierbe, de SOS Racismo Gipuzkoa. El Ararteko (Defensor del Pueblo vasco) alertó también de que «la imagen social que a veces se transmite, especialmente cada vez que hay un conflicto que salta a la luz pública, es demoledora para los propios menores».