Cuando la crisis de la globalización (crisis ambiental, social y alimentaria) nos enseña que hay que devolver el papel de gobernabilidad real a los estados, este -falto de práctica y con los mecanismos oxidados- traslada otra vez sus obligaciones al sector privado. O al menos esta es mi impresión al vivir en directo el desarrollo […]
Cuando la crisis de la globalización (crisis ambiental, social y alimentaria) nos enseña que hay que devolver el papel de gobernabilidad real a los estados, este -falto de práctica y con los mecanismos oxidados- traslada otra vez sus obligaciones al sector privado. O al menos esta es mi impresión al vivir en directo el desarrollo de la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria que se celebra en Roma desde el día 16 y que acaba hoy. Aunque con algunos contrapuntos interesantes.
Como decía, los gobiernos aquí reunidos -faltan muchos de los jefes de Estado responsables de perpetuar el hambre en el mundo, como los del G-8- trasladan al sector privado su fracaso en la resolución de la crisis crónica de la malnutrición. Es decir, apelan a las corporaciones de la agroindustria, de la investigación, etcétera, a que centren sus negocios en resolver el hambre del planeta. Que ahí tienen también un futuro comercial.
A los gobiernos y administraciones, después de tantos años de fiascos y destrucción de cualquier política pública, se les ve muy confiados en nuevas tecnologías salvadoras que esperan que lleguen de la mano de las empresas privadas para producir más comida, para disponer de semillas mejoradas frente a las sequías o inundaciones o – y no es una broma- sembrar el cielo con espejitos para combatir el cambio climático. Seguramente por eso la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) organizó en Milán, unos días antes de la cumbre, una reunión con las principales empresas de la alimentación. Allí, el presidente de Nestlé delató a los culpables del hambre: «Los bienintencionados activistas, cuya hostilidad hacia las nuevas tecnologías alimentarias está agravando la crisis alimentaria mundial». Oído, aunque muchos de esos activistas entendemos que donde existe una verdadera sequía que combatir es en la adopción de políticas valientes que atajen las injusticias generadoras de pobreza. Porque, ¿quién dispone de los recursos productivos, quién controla el comercio internacional y quién marca los precios tan bajos que reciben los agricultores y ganaderos por sus productos?
Las respuestas a esas preguntas han quedado aclaradas en el Foro de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria organizado en paralelo a la cumbre oficial. En esta ocasión, desde muchas organizaciones sociales aquí presentes, se ha coincidido en denunciar dos realidades muy actuales que explican el porqué del hambre. Por un lado, cómo miles de campesinos y campesinas están siendo expulsados por la compra de sus tierras por terceros países. Un fenómeno que se conoce como el «nuevo acaparamiento de tierras». Países con políticas que se olvidaron de sus productores y confiaron una buena parte del abastecimiento de sus alimentos en manos del mercado están comprando tierras en países pobres para disponer de cosechas propias a precios ventajosos. Quizá por eso el lema del foro cita al jefe indio Lakota Tashunka Witko, cuando expresó que «uno no vende la tierra por la cual camina su pueblo». Y, en segundo lugar, los reclamos de las comunidades de pescadores artesanales que, bien por la presión de la pesca industrial sobre los recursos marinos bien por el desembarco de flotas extranjeras (Somalia es un claro ejemplo) o bien por una salvaje expansión de la acuicultura, tienen cada día mucho más complicado vivir de sus capturas. De pescado, me refiero.
La Cumbre de Roma ratificará entre otros temas un nuevo modelo para la gobernabilidad de la agricultura y la alimentación, basado en la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA), donde los estados se reservan -menos mal- la capacidad de ser ellos los que adopten las decisiones políticas, aunque ya adelantan que los fondos que se recauden para la lucha contra el hambre los manejará en su mayoría el Banco Mundial. Recordemos que esta entidad ha impulsado en los últimos años los proyectos y programas más neoliberales que el mundo en vías de desarrollo conoce y que tanto ha favorecido al capital empresarial.
Aun con todo, la valoración que hacen los movimientos sociales y las organizaciones rurales de la reforma es positiva. Se dispondrá de una buena oportunidad, porque el nuevo Comité de Seguridad Alimentaria contará con un espacio de consulta en el que podrá participar, obviamente, el sector privado, pero también la sociedad civil en un número significativo aún por determinar.
Una vez corroborada esta nueva arquitectura, en la medida en que la articulación de las organizaciones campesinas, indígenas, de pescadores, de mujeres rurales, de oenegés, etcétera, tenga capacidad para proponer, presionar y pedir resultados, tendremos garantías de mejores estrategias que llegarán construidas desde abajo y desde los verdaderos protagonistas. Serían, si se les escucha, políticas basadas en la soberanía alimentaria de los pueblos, en la agricultura a pequeña escala, sostenible ecológicamente y con prioridad en la comercialización local.
* Foro de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria.
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