Más de tres meses después de las elecciones del 14-F y a las puertas de la convocatoria automática de unos nuevos comicios, las negociaciones complejas entre ERC y Junts han culminado in extremis en un acuerdo de gobierno.
Un nuevo gobierno presidido por los republicanos que –con el apoyo de la CUP– representará la mayoría independentista del 52% que las votaciones otorgaron, y que tendrá que gobernar para todo el país dando respuesta a la emergencia sanitaria, a la crisis económica y social, a la urgencia climática y a la resolución política del conflicto entre Cataluña y el Estado español.
El gobierno de coalición presidido por el republicano Pere Aragonès tendrá que impulsar una agenda de políticas públicas para revertir las secuelas económicas y sociales de la crisis de la Covid-19, a la vez que reforzar el sistema sanitario público para superar definitivamente la pandemia. En este sentido, hará falta una eficiente gestión de los fondos europeos de recuperación para rescatar a las PYMES y a los y las trabajadoras autónomas, y un plan de choque social –que los cupaires exigen– para paliar el aumento de la pobreza, el riesgo de exclusión social, las desigualdades, el desempleo y la precariedad. Al respecto, la superación de las consecuencias sociales y económicas de la crisis no puede venir por reproducir un sistema económico que genera desigualdades y depreda el medio ambiente; sino que tiene que pasar por un plan de impulso de la economía verde y circular –intensivo en I+D+i, y por la potenciación de políticas públicas vinculadas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En cuanto a la resolución del conflicto político la vía del diálogo no será fácil ni dará resultados inmediatos y, si fracasa, será la antesala de un nuevo embate democrático con el Estado a través de la desobediencia y la movilización social. En este sentido, el PSOE todavía está digiriendo los resultados de las elecciones en la Comunidad de Madrid y su socio de gobierno de coalición está analizando las derivadas de la marcha de su carismático líder. En este contexto, la mesa de diálogo reivindicada por ERC –a la que tanto la CUP como Junts le dan un margen de dos años– tendrá que ofrecer algunos resultados concretos que avancen en cómo hacer efectivo el derecho a la autodeterminación y la amnistía. No obstante, las diferentes elecciones que vendrán, como las autonómicas en Andalucía, las municipales de 2023 y las generales –cuando más le convengan al presidente Pedro Sánchez– hacen difícil augurar progresos relevantes.
La constitución del nuevo ejecutivo catalán es un recordatorio, al gobierno y a la oposición del Estado, de que la mayoría independentista no ha desaparecido y que, por lo tanto, hay que poner en marcha una nueva etapa para abordar de forma decidida la resolución del conflicto. Así mismo, el pacto entre las dos fuerzas independentistas mayoritarias no prevé tutelas a la presidencia de la Generalitat ni una unidad de acción de estos en Madrid, lo que deja la puerta abierta a continuar siendo relevantes en la gobernabilidad del Estado. Una oportunidad que habría que aprovechar para que la reconstrucción económica y social llegue a las clases populares y trabajadoras; mientras que –a la vez– desde Cataluña se vuelva a tejer una amplía alianza –política y social– que aglutine al 80% de la población que defiende la autodeterminación, la amnistía y la justicia social.
Jesús Gellida, politólogo, investigador social y escritor