Para superar la crisis es imprescindible un diálogo abierto y sostenido sobre los nuevos y viejos signos que la caracterizan.
Los sucesos del pasado 17 de marzo en el oriente cubano vuelven a poner sobre la mesa las tensiones en la Isla. La legítima protesta popular, en esta ocasión, describe datos diferentes a las del 11 de julio de 2021: hubo una casi nula capitalización por parte de agendas violentas y represivas; se sucedió en un escenario más complejo, con condiciones de maniobrabilidad política menos halagüeñas y de consecuencias futuras menos previsibles.
Dejo algunas notas sobre el escenario actual, sus tendencias y signos más recurrentes, los que, de no apreciarse un cambio integral e inmediato, agregará más combustión a la caldera sociopolítica cubana y la previsible recurrencia de estallidos sociales.
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De 2021 a la fecha no se percibe una estrategia coherente, estable y con resultados a corto plazo que permita aliviar la presión sobre la vida cotidiana de la mayoría de la gente —cortes eléctricos, inflación; deterioro de servicios públicos como educación, salud, seguridad social, transporte, recogida de desechos sólidos, suministro de agua y de combustibles domésticos, seguridad ciudadana.
No se ha estabilizado un programa de ajustes integrales en el sistema productivo que permita prever, a mediano plazo, mejoramiento en los niveles y calidad de la producción de bienes y servicios, y en los mecanismos de distribución y consumo. No se ha logrado gestionar la crisis en favor, al menos, de los grupos poblacionales más empobrecidos; por el contrario, hay señales de traspaso de los recursos del sector público al sector privado, con la consabida concentración de riquezas.
El caso más alarmante está en el sector agrícola, con bajísima inversión y peores resultados. Un aparte merece la industria azucarera, que suma una década sin cumplir sus planes productivos. En contraste con los datos anteriores, persisten los incomprensibles altos niveles de inversión inmobiliaria y hotelera.
En este escenario, a pesar de las negociaciones con gobiernos aliados, no se perciben resultados que permitan avizorar algún tipo de estabilidad en el acceso a bienes de consumo ni a infraestructura productiva. Abundan los proyectos de inversión extranjera, pero pocos llegan a concretarse y mucho menos tener una influencia directa sobre la calidad de vida de las personas.
El entorno internacional, signado por guerras que apuntan a ser prolongadas, con los consabidos impactos en el precio de alimentos y de las materias primas, y especialmente de los combustibles, sumado al cada vez más difícil acceso a créditos, así como la persistencia de la política de persecución financiara contra Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos, complejizan de manera dramática las posibles salidas a la crisis.
De vuelta a las tendencias internas, la otrora garantía de acceso a productos y servicios básicos por parte del Estado ha cedido espacio, de manera progresiva —no asumida como estrategia política—, a la lógica de oferta y demanda del mercado no regulado.
Uno de los elementos de mayor tensión social en el Oriente cubano, por ejemplo, está en el cada vez más limitado acceso a la cuota mínima de arroz, azúcar y pan que cada mes se acompaña de mayor incertidumbre. Se añade a esta tensión los precios prohibitivos —para la mayoría de la población— que tienen esos productos en el mercado no regulado. No es casual que el reclamo fundamental, concreto y verificable de la gente que salió recientemente a la calle fuera el de «corriente y comida».
En el escenario de reformas que vivimos hace varios años, ha sido más rápida y extendida la eliminación del subsidio a productos que la puesta a punto del nuevo sistema que pretende subsidiar a personas.
Uno de los signos extremo de la creciente desigualdad, la que apunta a tener carácter estructural, es el incremento de personas que han quedado visiblemente fuera de cualquier sistema de distribución de bienes y servicios, con el incremento de personas en situación de calle, sobre todo jóvenes y mujeres, según datos oficiales.
La tensión cotidiana tiene entre sus datos el incremento de la sensación de inseguridad ante el aumento de la actividad delictiva, incluso con niveles de organización y agresividad preocupantes, reconocidos por las autoridades; así como la presumible disminución del número y calidad formativa de los agentes del orden público.
También la situación demográfica es un asunto de primer orden en la crisis actual; aun cuando se avizoran ideas interesantes respecto a la relación con la emigración. Lo cierto es que, si bien la salida de personas del país —con cifras récord— es una válvula de escape a las tensiones socioeconómicas y políticas, sus costos son elevados; téngase en cuenta que el sector más dinámico de la población, en términos productivos, que comprende un rango de edad entre 19 y 49 años, es el de mayor incidencia migratoria.
Por otro lado, entre las tendencias observables en el actual escenario, no se advierte un giro en la cultura política institucional, en la formulación de discurso, en el engranaje de mecanismos de diálogo con diversos sectores sociales, políticos y económicos, en la asunción de debates abiertos sobre las condiciones de la crisis y las diversas propuestas de solución.
Avala el criterio anterior el hecho de que continua ausente de los medios públicos de comunicación el intercambio de ideas, análisis y propuestas que son recurrentes en los espacios no institucionalizados. Esta ausencia alimenta la desesperanza respecto a posibles soluciones, al tiempo que permite «naturalizar» determinadas tendencias y decisiones como único camino posible, o hace suponer conflicto donde solo hay perspectivas diferentes.
Por otro lado, la suspensión de la Conferencia Nacional del PCC —una vez por ajustes al documento y la otra por la situación económica del país—, así como la suspensión, en dos ocasiones consecutivas, de los procesos de rendición de cuentas de los delegados a sus electores, tensionan la credibilidad de las instituciones políticas más importantes del sistema de gobierno en la Isla: los Órganos del Poder Popular y las instancias del Partido Comunista de Cuba.
Con ambas decisiones se limitan importantes vías de intercambio político con la base partidista en particular, y con la ciudadanía en general. Sin dejar de tener en cuenta que la protesta directa y el aumento de las abstenciones en los procesos electorales signan, de igual manera, la disminución de la legitimidad de las instituciones políticas.
Resulta lógico que, en medio de una crisis tan prolongada, amplia y aguda, disminuya la legitimidad de la dirigencia política del país. En paralelo, en el actual escenario de crisis, hay señales de pérdida de consenso en las estructuras de dirección central, manifiesta, también en el reconocimiento público de hechos de corrupción al más alto nivel, así como el incremento de privilegios asociados al creciente impulso a formas de gestión productiva privadas.
En vínculo con el dato anterior, y aunque no estén claramente definidos, emergen nuevos grupos y sectores con agendas específicas, una suerte de poderes fácticos que influyen en el curso de los acontecimientos y en el carácter de las transformaciones, así como en las tensiones políticas insuficientemente visibilizadas.
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La crisis estructural y múltiple que vive Cuba está lejos de ser solucionada. Los estallidos de descontentos estarán más presentes de los que nos gustaría reconocer. Las lecturas extremas sobre los acontecimientos, la incitación a la violencia, la criminalización de la protesta, la tergiversación o simplificación de los hechos pudieran aparecer en la escena con mayor o menor fuerza en el corto y mediano plazos.
Lo cierto es que superar la crisis es un imperativo de seguridad nacional. Reconocer y viabilizar la protesta popular, su legitimidad y derecho, es un buen comienzo. Poner freno a cualquier manifestación de violencia, venga de donde venga, debe ser una obligación.
Para superar la crisis es imprescindible un diálogo abierto y sostenido sobre los nuevos y viejos signos que la caracterizan, al tiempo que resulta igual de imprescindible la más amplia convocatoria para encontrar las salidas que garanticen la mayor soberanía nacional y la mayor justicia social, económica y política.