Ha pasado un año y seis meses desde el día de los hechos, el 15 de octubre de 2016. Durante las fiestas en Altsasu, una población de 7.471 habitantes en Navarra, ocho jóvenes de la localidad se involucraron en una pelea con dos guardias civiles y sus parejas. El próximo lunes, 16 de abril, y […]
Ha pasado un año y seis meses desde el día de los hechos, el 15 de octubre de 2016. Durante las fiestas en Altsasu, una población de 7.471 habitantes en Navarra, ocho jóvenes de la localidad se involucraron en una pelea con dos guardias civiles y sus parejas. El próximo lunes, 16 de abril, y hasta el 27 del mismo mes, tendrá lugar el juicio contra ellos, imputados por delitos de lesiones y amenazas terroristas.
Uno de ellos se enfrenta a 62 años y medio de cárcel. Otros seis acusados, a 50 años. Y para la octava acusada, la Fiscalía pide otros doce años y medio. Entre todos, las peticiones de cárcel por parte de Fiscalía suman 375 años. Y tres de ellos ya llevan un año y cinco meses en prisión preventiva, sometidos a régimen FIES. Desarrollamos algunas claves del juicio que comienza mañana.
¿QUÉ PASÓ EN ALTSASU?
Los hechos tuvieron lugar el 15 de octubre de 2016 a las 5 de la madrugada, «en un ambiente festivo, de consumo de alcohol en el que hay una discusión o una trifulca, agresión o pelea», explica el abogado Jaime Montero en un vídeo difundido por Altsasu Gurasoak, el colectivo de madres y padres de los imputados.
Durante la pelea, dos guardias civiles que estaban fuera de servicio y sus parejas sufrieron varias lesiones. Las de tres de tres de ellos, de carácter leves y, el cuarto, una fractura de tobillo.
LESIONES QUE SE CONVIERTEN EN TERRORISMO
«Hemos recibido noticias de muchos otros sitios de altercados de similar naturaleza con policías nacionales o guardia civiles por los que se han impuesto penas muy leves, que se avienen mucho más a los hechos con los que nos encontramos», explica en el mismo vídeo Amaia Izko, abogada de algunos de los acusados. Montero, por su parte, explica que si la agresión hubiera sido debido a la condición de Guardia Civil de los agredidos, además de lesiones habría sido delito de atentado a la autoridad.
La misma noche de los hechos, dos de los jóvenes fueron trasladados a Pamplona y detenidos en prisión incomunicada en el cuartel de la Policía Foral en la capital navarra. El 17 de octubre declararon ante la juez Mari Paz Benito, del Juzgado número 3 de la Audiencia Provincial de Navarra, quien ordenó su puesta en libertad con cargos y con medidas cautelares. El informe de la Guardia Civil sobre los hechos hablaba de una agresión, no de linchamiento o paliza organizada.
Fue el día siguiente cuando la Coordinadora de Víctimas del Terrorismo (COVITE) presentó una denuncia por los mismos hechos ante la Audiencia Nacional, relacionándolos con delitos de terrorismo. El 9 de noviembre, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela aceptó a trámite la denuncia de Covite y reclamó el traslado de la causa desde la Audiencia Provincial navarra a la Audiencia Nacional.
De delitos de lesiones y atentado a la autoridad -con penas de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, y de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses, respectivamente- se pasó a peticiones de condena, por parte de Fiscalía y de la acusación ejercida por Covite de un mínimo de doce años y de hasta 62 años para cada uno de ellos, penas calificadas de desproporcionadas desde gran parte de la judicatura, entre ellos el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, según expresó en el programa Hoy por hoy de la Ser.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, GUARDIA CIVIL Y ALTSASU Amaia Izko, letrada de algunos de los imputados explica que, «de repente, los grandes medios de comunicación del Estado español: El Mundo, El País, ABC y otros medios sacan en primera plana estos hechos y después viene una denuncia de COVITE, una organización de víctimas del terrorismo, que dice que esta riña de bar ha sido algo planificado».
Uno de los enfoques más recurrentes sobre el caso por grandes medios de comunicación fue retratar Altsasu como una población con odio endémico contra la Guardia Civil. La ciudad vive desde hace décadas una presencia de la Guardia Civil relacionada con la antigua actividad armada de la organización terrorista ETA. «Se convierte en un delito de terrorismo porque se hace una vinculación terrible entre una ETA que en el año 2011 dejó de tener actividad, una reivindicación política tradicional en el País Vasco, que es la dinámica del Alde hemendik, y, a su vez, Alde hemendik se vincula con un movimiento local de Alsasua que se llama Ospa Eguna», explica Montero. El cuerpo tiene una sangrienta historia en Navarra, con casos como el de las muerte de Gladys del Estal o de Mikel Zabalza, entre otras.
«Si los vasconavarros fueran consultados directamente en las urnas sobre mantener las Casas Cuartel o sustituirlas por una policía foral, no habría una sola aldea que lo dudase. La permanencia de la Guardia Civil está totalmente ligada a esa ausencia del derecho a decidir. A la falta de respeto democrático», explicaba el editor de la editorial Txalaparta Josemari Esparza en un artículo publicado en Diagonal.
Montero apunta a esta situación como uno de los motivos que han llevado a que la pelea de unos jóvenes de Altsasu derivase en un caso de terrorismo con penas astronómicas. «Hay una Guardia Civil que posiblemente ha visto en este hecho la posibilidad de ponerle freno a unas reivindicaciones que discuten su presencia en ese territorio».
Sin embargo, según afirmó el coronel jefe de la Guardia Civil en Navarra en una rued de prensa retransmitida por la televisión autonómica EITB, la situación de crispación contra el cuerpo no se corresponde con lo retratado por los grandes medios de comunicación: «Hay una coincidencia en distintos medios en presentar a la población de Alsasua como un apoblación especialmente complicada, desde la Guardia Civil no tenemos esa percepción».
LA INVESTIGACIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL
La instrucción del caso Altsasu fue a cargo del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Carmen Lamela, la misma que ordenó en octubre de 2017 la entrada en prisión preventiva de los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Ómnium Cultura –los Jordis-. También es la magistrada que instruyó la causa sobre enaltecimiento del terrorismo contra los doce jóvenes del colectivo de rap La Insurgencia.
Según denunciaron los abogados, de los ocho jóvenes acusados, en la instrucción de esta causa, la Audiencia Nacional «ha asumido el rol de acusación». «A las acusaciones se les ha admitido prácticamente todas las pruebas mientras que a las defensas nos ha rechazado la mayoría», explicaba Montero, durante una rueda de prensa celebrada tras el cierre de la instrucción, en noviembre de 2017.
«La Audiencia Nacional ha violado el derecho a una tutela judicial efectiva», afirmaban los abogados de los ocho jóvenes en esta rueda de prensa.»Se encuentran con una actuación sin precedentes y un auténtico disparate jurídico que es la inadmisión de prácticamente todas las pruebas que en su defensa presentan estas personas», añaden.
UN AÑO EN PRISIÓN PREVENTIVA
El 20 de diciembre de 2016 salieron en libertad con cargos cuatro de los imputados del caso Altsasu después de pasar dos meses en prisión preventiva. Sin embargo, la Audiencia Nacional mantuvo el encarcelamiento de otros tres jóvenes, que a día de hoy siguen privados de libertad a espera del juicio. Estos tres jóvenes llevan un año y medio en prisiones que se sitúan a más de 400 kilómetros de su población y sometidos a régimen FIES, un régimen conocido como ‘la cárcel dentro de la cárcel’.
EL JUICIO EN LA AUDIENCIA NACIONAL
La primera vista oral del juicio del caso Altsasu comienza el lunes 16 de abril. El juicio continuará a lo largo de esa semana y la siguiente, y está previsto que acabe el 27 del mismo.
El tribunal de la Audiencia Nacional que les juzgará está presidido por Concepción Espejel, que en su haber tiene ser la ponente de la condena al rapero Valtonyc. Los abogados de los jóvenes imputados denuncian el «interés directo» de la juez en este caso al estar casada con un coronel de la Guardia Civil, pero la Audiencia Nacional ha rechazado la recusación de la magistrada.