Desde la detención de ‘Toñi’ Torres y el ‘shock’que supuso el estallido de un claro caso de corrupción política en Telde, ocho meses dura ya la ‘Operación Faycán’, una instrucción que ha supuesto la completa caída del grupo de gobierno del municipio, la detención de 24 personas y la paralización total del ayuntamiento de la […]
Desde la detención de ‘Toñi’ Torres y el ‘shock’que supuso el estallido de un claro caso de corrupción política en Telde, ocho meses dura ya la ‘Operación Faycán’, una instrucción que ha supuesto la completa caída del grupo de gobierno del municipio, la detención de 24 personas y la paralización total del ayuntamiento de la cuarta ciudad más poblada de Canarias.
El ‘caso Faycán’ se inició el 4 de julio de 2005 con la denuncia de una empresaria teldense contra el grupo de gobierno del Ayuntamiento por el supuesto cobro del 20 por ciento de comisión para la realización de unas obras. Esta reclamación, que siete meses más tarde generó las primeras detenciones, ha provocado una descomposición del ejecutivo municipal que hasta el momento cuenta con la detención de 24 personas, de diversas entradas y registros en viviendas particulares y oficinas de entidades mercantiles.
El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Telde, Javier García, comenzó el proceso judicial con la incoación de las diligencias previas 874/05, en virtud de las cuales se investigaron diferentes irregularidades en la gestión municipal de las concejalías teldenses de Obras Públicas, Contratación, Vivienda y Solidaridad. Este hecho provocó que el 1 de marzo de 2006 se procediese a la detención de la concejala del Partido Popular María Antonia Torres, que permaneció 62 días en prisión y tuvo que pagar una fianza de 100.000 euros por su libertad, aunque el juez García mantuvo los cargos que se le imputaban.
El mismo día de la detención de la concejala ‘popular’ también se detuvo a su asesor, Francisco Gordillo que estuvo en prisión hasta el 21 de abril y tuvo que abonar una fianza de 40.000 euros; junto con su hijo, el marido de Torres, Enrique Orts, Antonio Nadal (de la empresa Cobra) y un empresario de una ferretería teldense.
Seis días más tarde también se detuvo a Milagrosa Carmen Ramos, secretaria de la mesa de contratación del consistorio, acusada de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, así como al administrador de Mazotti, Alejandro Navarro (que pagó por su libertad 60.000 euros); a Pedro Antonio Betancor, de Cementos Las Torres (60.000 euros de fianza) y a Jorge Rodríguez, técnico municipal que abonó por su libertad 20.000 euros. El titular del juzgado que instruye el caso mantuvo los cargos de todos los detenidos.
Cuando se pensaba que no se iban a producir nuevos avances en la investigación, y tras la petición de la dimisión del alcalde por grupos vecinales y políticos, se procedió a la detención de Abelardo Martínez Ripoll, de la empresa Dragados, acusado de cohecho y falsedad en documento público; así como del técnico municipal Esteban Cabrera Guerra; y a Juan Felipe Martín, funcionario del negociado del Ayuntamiento, ambos acusados de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, que salieron con cargos pero sin fianza.
El mismo día, Ángel Omar Suárez, gerente de Planos, Gestión y Construcción, pagó 20.000 euros de fianza tras su captura y acusación por cohecho y tráfico de influencias.
La detención de Laly Sánchez, concejala de AFV-Ciuca, acusada de prevaricación tráfico de influencias y cohecho, a la salida del hospital Negrín cuando visitaba a un familiar, el 25 de abril, causó la ruptura del pacto de gobierno en el Ayuntamiento teldense tras la petición de expulsión por parte de su partido. Junto a la de Antonia Torres, la mayor fianza que se ha pagado durante la ‘operación Faycán’ (100.000 euros) la ostenta Candelaria Sánchez.
El 26 de abril, se vieron involucrados en el polémico caso de presunto pago de comisiones, el gerente de Urvitel Juan Carlos Saavedra, Guadalupe López, concejala de Festejos (acusada de malversación de caudales) y su marido Salvador Santana. En este punto, el caso se derivaba hacia actuaciones irregulares del departamento de Festejos, basándose en informaciones obtenidas durante la tramitación de Faycán.
El último paso de la operación la dio el juez ayer tras ordenar la detención del alcalde Francisco Valido, y los concejales María del Carmen Castellano, Carmelo Oliva, José Suárez, Sonsoles Martín y Domingo Ramírez, todos acusados de presunto cohecho. Además, la hija de María Antonia Torres, la primera concejal del PP detenida por el caso Faycán, María Eugenia Fernández Torres por un supuesto delito de blanqueo de capital.
Hasta hoy se han producido 24 detenciones, el juez aún no ha levantado el secreto de sumario y la última hora se producía con la denegación del ‘habeas corpus’ a María del Carmen Castellano.
En este punto, se sospecha que todas las actuaciones apuntan al descubrimiento de una presunta trama urdida por todo el grupo municipal para cobrar las comisiones de las obras del Ayuntamiento, aunque será con el levantamiento del secreto sumarial cuando se desvele el contenido de toda la investigación y de la intervención de llamadas a los representantes políticos y empresariales implicados.
Hoy desfilarán a lo largo del día por los juzgados de Telde la mayoría de los detenidos en la última fase de la operación que deja al grupo de gobierno con sólo dos integrantes, Guillermo Reyes (AFV), y el concejal popular Francisco Santana, que entró hace tan sólo quince días al Ayuntamiento.