El Estado español vendió hasta 2007 armamento a países en conflicto o que destinan más recursos al gasto militar que al desarrollo humano, incumpliendo la ley aprobada a finales del mismo año. Lo cuenta un informe de Justícia i Pau. Tras diez años de presión, en diciembre del año pasado el Senado aprobó definitivamente la […]
El Estado español vendió hasta 2007 armamento a países en conflicto o que destinan más recursos al gasto militar que al desarrollo humano, incumpliendo la ley aprobada a finales del mismo año. Lo cuenta un informe de Justícia i Pau.
Tras diez años de presión, en diciembre del año pasado el Senado aprobó definitivamente la Ley de Comercio de Armas. Según la campaña Armas Bajo Control, fue «un avance importante para poner fin al enorme coste humano que tienen las transferencias irresponsables de armas«, ya que, advirtieron, «el comercio descontrolado de armas causa en el mundo una muerte cada minuto«.
Pero la ONG catalana Justícia i Pau presentó el pasado día 3 su informe sobre el comercio de armamento español entre 1997 y 2007, hecho junto al Centro de Estudios por la Paz Josep Maria Delàs, con datos muy negativos. España es ya el octavo país del mundo en venta de armamento a países en conflicto o que destinan más recursos al gasto militar que al desarrollo humano, como Colombia, Israel y Ghana.
«La tendencia continúa al alza desde del 2002 aunque no es exclusiva de España, sino que se da a nivel mundial«, explicó la vicepresidenta de Justícia i Pau, Tica Font, durante la presentación del informe, elaborado a partir de los datos facilitados por el Ministerio de Defensa.
Hace tan sólo unos meses, Font presentó el informe de 1997 a 2006. Los últimos datos recabados sobre la actividad en 2007 confirman el negativo panorama que el Gobierno deberá tratar de invertir ahora que existe la Ley de Comercio de Armas.
España es el responsable del 2,19% de las exportaciones mundiales de material de defensa, aunque para la economía española sólo supone el 0,51%, por lo que «el Gobierno perfectamente podría decidir producirlo pero no exportarlo» sin afectar a la situación economía, señaló Font. A su entender, si no se prescinde de las exportaciones «es más que por razones económicas, por voluntades políticas«.
El año pasado, se ingresaron 933 millones de euros -un 10% más que el año anterior y cinco veces más que en 1998- gracias a las exportaciones, de las que el 35% se realizaron a países en conflicto o en situaciones de tensión, que participan en guerras o que invierten más en defensa que en políticas sociales.
Países vetados por la Ley de Exportación de Armas, que también prohíbe – «con excepciones»- la venta a países sancionados por la ONU y la Unión Europea, aquellos que no respeten los derechos humanos, que no condenen el terrorismo ni los que tengan un nivel de bienestar «delicado».
Sin embargo, España vende armas a Turquía, Angola, Sri Lanka, Pakistán y Kenia, entre otros, por lo que «el espíritu de la ley se está vulnerando con las exportaciones a estos países«, señaló Font.
Las principales exportaciones realizadas entre 1998 y 2007 fueron aeronaves (32%) y barcos (29%), mientras que el 11% correspondió a la venta de combustibles y explosivos, como bombas incendiarias, torpedos, mísiles o bombas de racimo, aunque las empresas españolas dejarán de producir y comercializar estas últimas a finales de año, cuando España suscriba el tratado de la ONU contra este tipo de armamento.
No obstante, el Ministerio sólo indica a que categoría pertenecen las armas que se venden, sin especificar qué tipo de material militar es ni quién es el productor ni el comprador. Justícia i Pau critica que las exportaciones armamentísticas estén sometidas a la Ley de Secretos Oficiales, que dificulta la información.
En la misma línea, la vicepresidenta de Justícia i Pau explicó que según el Ministerio no se vende material militar a Ghana -situada en una región conflictiva-, pero sí constan entre tres y cuatro millones de euros en concepto de tales transacciones en los registros aduaneros.
Otra de las cuestiones que preocupan a Font es que España venda material de defensa de hasta la categoría cuatro -que incluye ametralladoras y misiles- a empresas privadas para uso privado. Si se confirman sus sospechas significará que «España entra a participar en la privatización de la guerra y el fomento de los ejércitos de mercenarios«.