Hay una nueva ofensiva contra las pensiones, a la que se ha sumado recientemente el Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la U.E. Joaquín Almunia (1), que utiliza como ariete al Banco de España (2) por su supuesto prestigio y autoridad, y como coartada la crisis económica y la necesidad de acometer reformas profundas, […]
Hay una nueva ofensiva contra las pensiones, a la que se ha sumado recientemente el Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la U.E. Joaquín Almunia (1), que utiliza como ariete al Banco de España (2) por su supuesto prestigio y autoridad, y como coartada la crisis económica y la necesidad de acometer reformas profundas, como si la crisis tuviera algo que ver con los recortados derechos laborales. El objetivo: reducir en el futuro los gastos en pensiones por la doble vía de disminuir el número de pensionistas aumentando la edad de jubilación y reducir el montante de cada pensión ampliando el número de años para determinar la base reguladora, de los 15 actuales a toda la vida laboral.
El PP ya se ha apuntado con entusiasmo a las propuestas y el PSOE por el momento resiste la presión que desde los ámbitos del poder económico y la derecha conservadora se ejerce.
Si en el futuro hubiese un razonable crecimiento, suficiente para absorber el paro acumulado y mantenerlo en cotas soportables, está contundentemente demostrado que no hay problema de las pensiones a pesar del envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida. En lo único que hay que darle la razón al Banco de España es que si la crisis sigue provocando un aumento del paro tan agudo como hasta ahora y la economía permanece largo tiempo postrada, como es probable, habrá un problema en la Seguridad Social, tal como está concebida en la actualidad.
Pero fuera de esta obviedad, empiezan las sinrazones de todos los que propugnan en estos momentos la reforma de las pensiones.
No se debe hablar de una crisis financiera de la Seguridad Social aisladamente. Si llegara a producirse se trataría de una crisis financiera del Estado, del cual la Seguridad Social es una parte. Desde el Pacto de Toledo se impuso la división de fuentes, haciendo de la caja de la Seguridad Social un compartimiento estanco engañoso que no debe confundir. Al crearse cuentas separadas de las distintas parcelas del Estado se ponen las condiciones para que cuando una de ellas es deficitaria se alienten los recortes del gasto, y cuando tiene superávit se estimulen reducciones de impuestos. O reducción de las cotizaciones sociales si se trata de la Seguridad Social como ha ocurrido. O como en el caso del INEM donde los fondos sirvieron de fuente de subvenciones a los empresarios para determinados tipos de contratación.
El Estado es único y hay que contemplar conjuntamente todos sus ingresos y todos sus gastos. Las pensiones pueden cubrirse con las cotizaciones pero también con otros ingresos, incluso con impuestos progresivos. En sentido contrario, las cotizaciones a la Seguridad Social cubrían en el pasado otros gastos del Estado, como la sanidad pública, o el régimen general de la Seguridad Social «sostenía» al régimen agrario deficitario. En realidad, sólo en 8 de los 27 países de la UE se financian exclusivamente las pensiones mediante cotizaciones
Por su naturaleza, la «sostenibilidad» del sistema de pensiones es un tema a largo plazo pues los efectos de los cambios sólo se dejan ver con mucho tiempo. Por ello resulta de una inoportunidad extrema airearlo ahora, en pleno huracán de la crisis económica, que ha desatado una ola de desconfianza y una inseguridad general que está agudizando la depresión. Con el paro superando la cifra de 4 millones, cabe preguntarse si lo que reclama la situación es prolongar la vida laboral o reducirla para dar encaje a la juventud desempleada,
Y no es precisamente el Banco de España el que debería haber sacado el tema a relucir, cuando es uno de los máximos responsables de al actual crisis: nunca se enteró de los problemas que acarrearía la entrada en el euro, miró para otro lado ante la expansión disparata del crédito y la actividad financiera, nunca intentó corregir el desenfreno inmobiliario y ha gestado por su falta de control una crisis financiera cuyas consecuencia apenas hemos empezado a conocer y padecer. El Banco de España, callado y ocupándose de lo que debe, estaría mucho mejor. El gobernador pensará que mientras distrae con las pensiones o el mercado de trabajo olvidaremos las graves irresponsabilidades cometidas por el Banco de España y las sumas que habrá que movilizar para recuperar al sistema financiero, quizás cientos de miles de millones de euros, cifras muy superiores a las que serían necesarias para garantizar el futuro de las pensiones. El dinero, por lo que se ve, no vale igual según se trate de salvar la Banca o asegurar la vida de los trabajadores.
Por lo demás, no cabe sino sorprenderse de la preocupación existente a largo plazo por las pensiones, en una economía en que todo es improvisación, no hay planificación alguna y todo se rige por el albur del mercado. Ya hay estudios sobre las pensiones para el 2025, el 2050 y hasta para el 2060, ….todo lo que haga falta para demostrar que el sistema es «insostenible».
No se indaga en el corazón del problema: que en nuestro país hay muchas pensiones, millones, manifiestamente insuficientes, que el gasto en pensiones es considerablemente mas bajo que en la media europea y que en la peor de las previsiones, si no sobreviene un desastre total, las pensiones requerirían a lo sumo el porcentaje del PIB que dedican a ellas algunos países de la UE. Algunos datos: en países europeos el gasto en pensiones representa el 13% del PIB (Francia, Holanda o Alemania) el 14% (Austria) o cerca del 15% (Italia) y en torno al 12%, de media, en el conjunto de la UE. En España, en cambio, no llega al 9%. Cabe complementar esta información con el hecho de que gasto público total en España es inferior al 39% del PIB mientras que en Suecia, por ejemplo, es superior al 52%. Y en la Europa-15 es del 46%, unas diferencias que se concentran sobre todo en los gastos sociales.
Los «expertos» y los numerosos políticos que echaron sobre sus hombros la responsabilidad del futuro de las pensiones aconsejaron los planes de pensiones privados complementarios: la crisis financiara ha causado estragos en el valor de estos fondos, pero nadie de ellos se hace responsable.
El denigrado sistema publico, de reparto y solidario, emerge como la única vía de garantía real de las pensiones, siempre acosado por los neoliberales. La guinda ahora también la pone el Banco de España con la propuesta que estas también se revisen a al baja si deflación toma carta de naturaleza en la actual situación. Las pensiones desde la Reforma de 1985 y como consecuencia de la Huelga General del 20 de junio del mismo año convocada por CCOO y la izquierda sindical han recuperado el poder adquisitivo con la cláusula de revisión, pero los pensionistas no has disfrutado de mejora real alguna durante los trece años de expansión económica que han tenido lugar. Y ha bastado que por primera vez en la historia se haya producido un dato anual negativo de inflación para que el Banco de España, ojo avizor, ya haya avanzado que las pensiones deben también revisarse a la baja. Una propuesta que más que resaltar el rigor con el que trata el Banco de España los asuntos económicos pone de manifiesto la persecución a que somete a los trabajadores y pensionistas. ¿Cabe imaginar detraerle a pensionistas que no llegan a los 600 euros unos 20 euros a fin de año por desviación de los precios? Si se trata de ser escrupulosos, más le valdría al Banco de España levantar una propuesta para resarcir a los inmigrantes por las cotizaciones pagadas sin haber generado ningún derecho cuando desesperados, sin empleo ni recursos, deciden regresar a sus países de origen.
El gobierno hasta ahora ha sostenido que no aplicará medidas restrictivas sobre los derechos de los trabajadores. Pero no es de fiar, aunque se admita que lo afirma con buena fe, porque su desconocimiento de la crisis es tan profundo que el brusco choque con la realidad puede llevarle a giros abruptos y sonadas renuncias, y porque está desarmado y sin fuerza política para resistir una dura ofensiva de la derecha. Otro tanto puede decirse de las direcciones sindicales: no son fiables, aunque ellas se juegan la credibilidad de los sindicatos si consienten las agresiones. En todo caso, corresponde a los trabajadores y a los sectores anticapitalistas estar alerta y prepararse para evitar con sus luchas y movilizaciones una nueva «contrarreforma» que empeore las pensiones.
Ana Gabarró, Antonio Gil, José González, Pedro Jiménez, Juan Montero y Diosdado Toledano son miembros de la Asociación Socialismo XXI
Notas:
(1) Joaquín Almunia, exsecretario general del PSOE y en la actualidad Comisario de asuntos económicos y monetarios de la Unión Europea se une al gobernador del Banco de España y pide reformas en las pensiones «ya» . Ver noticia en :
http://www.abc.es/20090429/
(2) Ver informe del Gobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordoñez en su comparecencia ante la «Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del pacto de Toledo» del Congreso de los Diputados de 15 de abril de 2009. http://www.bde.es/prensa/