Según las ONG’s, a pesar de ser solicitantes de asilo, algunos inmigrantes retenidos en territorio marroquí, Ceuta y Melilla han sido deportados. El ACNUR, además, afirma que Marruecos le impide acceder a demandantes de asilo detenidos. Organizaciones de derechos humanos y de apoyo a personas inmigradas levantan la voz estos días para pedir el fin […]
Según las ONG’s, a pesar de ser solicitantes de asilo, algunos inmigrantes retenidos en territorio marroquí, Ceuta y Melilla han sido deportados. El ACNUR, además, afirma que Marruecos le impide acceder a demandantes de asilo detenidos.
Organizaciones de derechos humanos y de apoyo a personas inmigradas levantan la voz estos días para pedir el fin de las expulsiones de los inmigrantes que se encuentran en Ceuta, Melilla y en territorio marroquí. Según estas ONG, muchos de estos inmigrantes son solicitantes de asilo que piden protección por motivos humanitarios y, por lo tanto, están protegidos por la ley internacional.
Como explican desde Andalucía Acoge y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), las conversaciones que algunos de sus miembros han mantenido con representantes de ACNUR en Melilla «confirman la existencia de personas extranjeras que solicitaron el asilo en Marruecos y manifestaron su deseo de realizarlo en España», pero que finalmente «fueron expulsados, vulnerando así su derecho».
Ante esta situación, APDHA y Andalucía Acoge han formulado una queja ante el Defensor del Pueblo en España, en la que piden «la suspensión de las devoluciones entre España y Marruecos y la presencia de organismos internacionales en la frontera». Esta misma petición la hace también SOS Racismo, que concretamente ha demandado la intervención «urgente» de Naciones Unidas e insta al Gobierno marroquí a suspender «inmediatamente las deportaciones» de los inmigrantes subsaharianos.
En un comunicado, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo denuncia que «al menos 26 personas solicitantes de asilo», procedentes de R.D.Congo y Costa de Marfil y que estaban retenidas en una base militar del sur de Marruecos, han sido devueltas a sus países de origen.
Atender a todas estas personas, sin embargo, no es tarea fácil debido a las dificultades que las organizaciones se están encontrando para desempeñar su labor. El ejemplo más claro es el del ACNUR, que ha enviado un equipo a Marruecos para verificar el estado de los inmigrantes subsaharianos retenidos por las autoridades marroquíes, pero que hasta la fecha no ha podido entrevistarse con estas personas.
Según ACNUR, cuya delegación llegó a Marruecos hace más de una semana, sus investigaciones evidencian que docenas de africanos subsaharianos con documentación de esta agencia de la ONU han sido «objeto de las medidas contra la inmigración irregular llevadas a cabo por este país». El Gobierno marroquí «no debe retornarlos ni forzarlos para que regresen a países donde son perseguidos», afirma el ACNUR, que reconoce el «legítimo derecho» de los gobiernos a gestionar la migración irregular pero sin vulnerar los derechos humanos y de asilo.
Peticiones al Gobierno español
Por su parte, las autoridades de Marruecos podrían haber iniciado contactos con algunos de los países de donde proceden los inmigrantes, con la intención de estudiar su posible devolución. Esta medida sería especialmente grave en el caso de los demandantes de asilo, aseguran las entidades sociales.
En este contexto, el Gobierno español ha anunciado que buscará acuerdos de readmisión de inmigrantes irregulares con seis países subsaharianos: Senegal, Malí, Ghana, Guinea Conakry, Gambia y Camerún. Todos estos países se sumarían a los 16 que en estos momentos tienen convenios de este tipo las autoridades españolas.
En esta línea, desde Amnistía Internacional recuerdan a España que antes de devolver a un inmigrante irregular éste debe haber sido asistido por un abogado o intérprete y debe haber tenido acceso «a su derecho de pedir asilo». La ONG pide a España que pare «inmediatamente» cualquier devolución de inmigrantes a Marruecos ya que, de lo contrario, «está violando el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la expulsión de cualquier persona a un país donde puede ser sometida a tortura o tratos inhumanos».
Diez días en el desierto
Amnistía Internacional se refiere de esta manera a las deportaciones de subsaharianos hacia el desierto del Sáhara que las autoridades marroquíes han realizado los últimos días. Estas devoluciones han movilizado a las ONG y han sido criticadas por instituciones como ACNUR y el Frente Polisario, que se han encontrado a varias personas abandonadas en el desierto y les han prestado apoyo.
Para atender a varias de estas personas, ONG como Médicos del Mundo han desplazado ya equipos sobre el terreno. Esta entidad, que ha prestado asistencia a un grupo de 80 subsaharianos en el desierto argelino, afirma que el 80% de las personas atendidas presentaban «signos de violencia» y que «todos presentan síntomas de haber pasado varios días vagando en el desierto», entre cinco y diez días.
Todos ellos, explica Médicos del Mundo, «afirman haber formado parte de un grupo más numeroso, unas 240 personas, en el que también se encontraban mujeres, y que fueron detenidos en las inmediaciones de Ceuta y Melilla». En estos momentos, sin embargo, «se desconoce el paradero del resto de personas que formaban el grupo».
La UE y Marruecos responden
Ante las denuncias de las ONG y Naciones Unidas, el Gobierno marroquí se ha comprometido a investigar y castigar acciones que supongan abusos en la repatriación de inmigrantes, aunque ha alertado de que «hay que entender que son situaciones difíciles».
Por otro lado, la Unión Europea se ha comprometido a proporcionar apoyo técnico a Marruecos, así como unos 40 millones de euros para garantizar que las devoluciones se llevan a cabo sin vulnerar los derechos humanos y trabajar contra el tráfico de seres humanos.
¿Qué PueDo HaCer yo?
Asociación Pro Derechos Humanos y Andalucía Acoge han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para pedir que se respeten los derechos humanos de los inmigrantes en las fronteras cercanas a Ceuta y Melilla.
Amnistía Internacional tiene en marcha otra campaña de recogida de firmas, para exigir a los gobiernos español y marroquí que sus políticas contra la inmigración irregular garanticen los derechos humanos.