La Constitución de 1978 señala que «Ninguna confesión tendrá carácter estatal», pero casi cuatro décadas después nos encontramos con que las relaciones del Estado con la Iglesia católica no sólo siguen casi con la misma orientación que durante el franquismo, sino que en el terreno económico se ha producido un incremento considerable a su favor. […]
La Constitución de 1978 señala que «Ninguna confesión tendrá carácter estatal», pero casi cuatro décadas después nos encontramos con que las relaciones del Estado con la Iglesia católica no sólo siguen casi con la misma orientación que durante el franquismo, sino que en el terreno económico se ha producido un incremento considerable a su favor. El poder económico «real» de la Iglesia católica en España es prácticamente imposible de calcular dada su peculiar organización, la opacidad con la que funciona y su dependencia del Vaticano.
Se puede afirmar que esta gran corporación privada, dotada de innumerables privilegios por parte del Estado, ni ha sufrido la crisis, ni tiene restricciones económicas por parte de las instituciones públicas, es más aumenta sus ingresos gracias a la privatización de los Servicios Públicos que se está produciendo y, además, disfruta de un verdadero paraíso fiscal y cuyas cuentas y patrimonio no son transparentes.
Esta situación es ilegítima e injusta, vulnerando muy gravemente el principio de Igualdad ante la Ley que la Constitución proclama.
Todo esto ocurre con la complicidad y asentimiento de los poderes públicos, que podrían estar cometiendo presuntos delitos políticos. En la práctica podríamos decir, como señaló en su día Gonzalo Puente Ojea, en España nos encontramos ante un Estado «cripto-confesional católico». El Estado español aporta a la Iglesia católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos, una cifra que supera los once mil millones de euros anuales.
Ver informe completo: La religión es un negocio muy rentable (http://laicismo.org/wp-content/uploads/2017/03/Opacidad-y-Financiacion-Ic-2017.pdf)