El Gobierno español ha copiado a EEUU el plan de salvamento de las entidades financieras. Si a Bush se le había criticado por la falta de concreción del programa y por el enorme poder que se concedía a la Administración en el manejo de los recursos, ¿qué decir del plan español, en el que […]
El Gobierno español ha copiado a EEUU el plan de salvamento de las entidades financieras. Si a Bush se le había criticado por la falta de concreción del programa y por el enorme poder que se concedía a la Administración en el manejo de los recursos, ¿qué decir del plan español, en el que todo está por determinar?
Es posible que a estas alturas estos planes sean necesarios, aunque está por ver si son suficientes. Después de vocear que los mercados eran perfectos, que se autorregulaban y que toda intervención estatal era dañina, ahora resulta que la única solución se encuentra en que actúen los Estados y que los costes los asuman los contribuyentes. Por ello, resulta imprescindible una total transparencia. En nuestro país tenemos una triste experiencia en esa materia y en cómo los excesos de las entidades financieras los terminaron pagando los ciudadanos. Aquella crisis bancaria no fue precisamente un ejemplo de transparencia. Todas las actuaciones fueron realizadas desde la opacidad del Banco de España, repercutiendo finalmente en el erario público a través de unos menores beneficios del banco emisor.
Es de esperar que el comportamiento sea totalmente distinto en esta ocasión. Primero, estableciendo de manera clara y nítida la forma de actuación, y segundo, mediante una información verídica en la ejecución y dando cuenta de ella al Parlamento. Hoy por hoy, está todo por concretar y quedan muchos cabos sueltos. El vicepresidente económico afirma que la operación no va a costar un euro a los contribuyentes. Habrá que verlo y es lo que hay que demostrar. Por lo pronto, el stock de deuda pública se va a incrementar casi en cinco puntos del PIB y será necesario atender en el futuro a los gastos financieros y a la amortización.
Todo radica, pues, en la contrapartida, es decir, en los activos que se van a adquirir. Se ha puesto mucho énfasis en afirmar que no se trata de papel basura. ¿Cómo podemos saberlo? Se contesta que porque todos tienen la calificación de triple A. La respuesta es para echarse a temblar, porque el origen de la actual crisis se encuentra en que precisamente las agencias de valoración concedieron dicha calificación a un número importante de títulos cuyo respaldo consistía tan sólo en hipotecas subprime.
No obstante, el mayor interrogante actual consiste en saber si va a ser eficaz el sistema diseñado. El problema de nuestro país, que es al mismo tiempo el de los bancos, radica en cómo financiar el déficit por cuenta corriente de la balanza de pagos y el stock acumulado de deuda pública exterior. Las dificultades actuales de las entidades financieras tienen su origen en esta realidad. Ellas han prestado a empresas y familias refinanciándose en el extranjero. En tiempos de abundancia de liquidez no han encontrado ningún impedimento e incluso han obtenido de su intermediación cuantiosos beneficios. Pero la situación ha cambiado radicalmente desde el momento en que los mercados financieros se han colapsado por la desconfianza asociada a la crisis de las hipotecas subprime. Ahora todo son obstáculos para renovar la deuda.
A solucionar este problema se orienta el plan del Gobierno de conceder avales a las entidades financieras por 100.000 millones de euros e inyectarles otros 50.000 millones mediante la emisión de deuda pública y compra de sus activos. Pero para que esta última medida sea efectiva la suscripción debería realizarse en su mayor parte por ciudadanos o por entidades extranjeras, esto es, que los recursos provengan de fuera del sistema financiero español. De lo contrario, el efecto sería nulo. De nada vale inyectar unos recursos que previamente se han retirado de las propias entidades.
La atípica estructura de la Unión Monetaria viene a complicar la cuestión. Lo lógico sería que fuese el Banco Central Europeo y no el Tesoro el que inyectase la liquidez necesaria. Sin embargo, no parece estar dispuesto a hacerlo ni las autoridades españolas a exigírselo. De nuevo, Europa impide que se actúe adecuadamente en el ámbito nacional, el Banco de España (banco de banqueros) ha perdido sus funciones, pero tampoco se actúa en el marco de la Unión.