Primero, cabe una franca discusión con quienes han creído que el problema grave del país era otro, como la corrupción, y no la disyuntiva de la guerra interna de desgaste o construir un movimiento nacional por la paz completa. Se equivocaron. Y es lo primero que honradamente tendrían que reconocer si lo que realmente quieren […]
Primero, cabe una franca discusión con quienes han creído que el problema grave del país era otro, como la corrupción, y no la disyuntiva de la guerra interna de desgaste o construir un movimiento nacional por la paz completa. Se equivocaron.
Y es lo primero que honradamente tendrían que reconocer si lo que realmente quieren es recomponer la agenda política. Por más que se movilizaron 11 millones de votantes contra la corrupción, ¿todo ese esfuerzo en qué quedó? Hoy desde distintas posturas, llaman a la unidad por la defensa de los acuerdos de paz. En medio de una coyuntura totalmente diferente, con una fuerza política de marcada tendencia fascista (Ramiro Bejarano la llama República Fascista) autoritaria y que aspira a ser mayoría total para imponer su visión de la vida, de la paz y de la guerra. Que ya sabemos de sobra cuál es.
Con un gobierno títere que confirma el carácter dependiente y sumiso a la orientación del partido Centro Democrático, y las fuerzas que lo llevaron al poder, cuyo proyecto es la restauración neoconservadora y autoritaria del viejo dominio oligárquico en Venezuela y su refundación en Colombia. Para ello cumplieron ya un primer objetivo, desmovilizar militar y políticamente a las FARC y ofrecerles unas migajas que hoy les reprochan como «grandes concesiones» del gobierno «traidor» anterior; presionar la desmovilización del ELN; desbaratar los pedazos de la Justicia transicional JEP, para que sea un instrumento del ejecutivo y despojarla de toda autonomía para funcionar e impartir justicia, verdad y derecho a las víctimas; para que confiesen delitos y verdad solo los desmovilizados de las FARC pero salvar los agentes del Estado y sus jefes políticos y determinadores reales de los grandes crímenes y violaciones de derechos humanos en Colombia, durante el largo conflicto armado interno provocado por las oligarquías en los años 30s, que se expandió como una vorágine con el asesinato de Gaitán en el año 1948.
Crímenes de Estado que han podido encubrir gracias a la ventaja de preservar el poder del Estado y sus instituciones, al apoyo incondicional de los gringos, y a la ventaja de haber narrado, escrito, contado y transmitido desde sus intereses como clase la historia que hoy les exige un control en forma de tenaza de los puestos claves en las instituciones públicas y privadas, para revisar de nuevo cómo ha sido esa historia, qué resistencia han encontrado desde los movimientos, partidos y voces críticas de la oposición y la izquierda, e impedir la construcción social de la verdad histórica por las voces de millones de víctimas, que dejarían en evidencia los responsables primeros y principales de la larga confrontación y de los que se han beneficiado de ella, ese es el quid del asunto, encubrir esta realidad y no dar paso a que sea construida colectivamente.
Los acuerdos de paz nacieron muertos, Santos solo se puede atribuir el triunfo de desmovilizar las FARC, a pesar de ello el ala más radical de la oligarquía lo considera un traidor, vaya ironía. Y por eso están recomponiendo el poder, hasta ser mayoría. «He dicho, no tenemos las mayorías políticas para eliminar la JEP entonces en lo que debemos insistir es en introducirle mejoras.»
Por eso cabe preguntarse, si los acuerdos fueron un fracaso, ¿qué es lo que hay que recomponer, por qué es lo que hay que luchar? ¿Por la defensa de la JEP? ¿Por la pocas migajas a cambio de esa firma? ¿Por la construcción de un movimiento nacional por el diálogo y acuerdo de paz completa? ¿Por un acuerdo nacional de oposición, amplio, que le dispute el poder a quienes lo han usufructuado por décadas?
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