Las entrevistas de abogados, ONG y familiares con los internos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia, “deberán hacerse en todo caso respetando la privacidad de la audiencia, sin que en ningún caso pueda hacerse uso del contenido de las comunicaciones orales (…)”.
Así lo determinó la resolución firmada el pasado 24 de marzo por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, Francisco de Asís Silla. El Acuerdo judicial, del que informó el 4 de abril la Campaña por el Cierre de los CIE, se produjo después que las ONG denunciaran el “espionaje” policial durante estos encuentros.
La realidad en los centros de reclusión de migrantes se puede seguir –entre otras fuentes- en el informe Represión y encierro. Analisis interseccional de la violencia en el internamiento de personas extranjeras, publicado en marzo por la ONG Mundo en Movimiento y Rosa Luxemburg Stiftung (Oficina de Enlace Madrid).
Entre otros contenidos, el documento analiza el internamiento de mujeres en el CIE de Aluche (Madrid): 62 mujeres en situación considerada (oficialmente) irregular sobre un total de 977 personas encerradas durante 2021 y 2022; en cuanto a la procedencia, el 26% de las internas provenía de Colombia; el 19% de Europa del Este; el 11% de Paraguay y el 10% de la República Dominicana.
Del trabajo de acompañamiento en el centro de Aluche, las ONG concluyen que la primera causa de reclusión de las mujeres –en cerca del 70% de los casos- era hallarse en “situación administrativa irregular” (el 8% “por razones de orden público”); asimismo, “cuando fueron internadas llevaban una media de más de seis años en el territorio español, el 90% desempeñaba una actividad económica y al menos dos tercios tenían familiares a su cargo”.
Del bienio analizado se resalta que 42 de las 62 mujeres fueron liberadas; otras 19 resultaron deportadas y se desconoce qué sucedió en uno de los casos.
Otro hecho constatado en el reporte es la violencia ejercida en el CIE; así, el 68% de las mujeres declaró haber sufrido malos tratos durante su estancia; por otra parte, más de la mitad de las internas (53%)“eran trabajadoras sexuales” y, respecto a la atención sanitaria, el 45% de las reclusas tenía diagnosticados problemas de salud antes del encierro (la reclusión tuvo “efectos negativos” sobre esta problemática).
El informe sobre violencia institucional (2022) -realizado por el Centro de Defensa de Derechos Humanos Irídia- dedica un apartado a las “actuaciones racistas” de las fuerzas de seguridad; subraya que, desde la constitución en 2016 del Servicio de Atención y Denuncia ante situaciones de Violencia Institucional (SAIDAVI), se ha ocupado de la representación letrada en 96 casos, de los que el 45,8% tenía como protagonistas a personas migrantes (el porcentaje aumenta hasta el 58,3% cuando se trata de “actuaciones” en el espacio público).
En el detalle de los datos, Iridia apunta que en 2022 el SAIDAVI litigó en 62 casos, de los que 57 continuaban abiertos a finales de año; en 19 de los 57 se daba “un componente de racismo” (violencia institucional desplegada por policías o agentes de seguridad privada en espacios públicos, viviendas -o acceso a domicilios- y en comisarías).
La mayoría de las víctimas extranjeras eran originarias de Marruecos y Colombia; en cuanto al género, un 25% eran mujeres, a lo que se agregaba un 5% de mujeres trans.
El reporte documenta agresiones físicas y verbales como la siguiente (octubre de 2022): “I. B. salía con un amigo de la discoteca Mambo de Cornellà de Llobregat. Se encaminaban hacia otra discoteca de la misma población, cuando apareció un vehículo de la policía local del que bajaron 4 agentes (…) y les pidieron la identificación”.
Al preguntar por el motivo, “uno de los agentes les respondió profiriendo la frase ‘moro de mierda, ¿tú no eres de por ahí? Vete a tomar por culo que te voy a reventar la cabeza’; a continuación, golpeó a I. B. en la boca con un puñetazo, provocándole la caída de una pieza dental, entre otras lesiones”.
Medios como La Vanguardia informaron el pasado 13 de abril de que los hechos se hallan en fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cornellà, por presuntos delitos de lesiones y obstrucción a la justica con la circunstancia agravante de discriminación por racismo.
El 21 de marzo se conmemora el Día Internacional contra la Discriminación Racial (los antecedentes remiten a la citada fecha en 1960: los disparos policiales causaron la muerte de 69 personas negras durante una manifestación contra el apartheid,en la localidad sudafricana de Sharpeville).
El día anterior -20 de marzo de 2023-, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) presentó la investigación Derechos en la Frontera Sur. 35 años de vidas sin rastro; según el informe, al menos 1.901 personas –cinco al día- fallecieron o desaparecieron en la frontera sur española durante 2022 (el segundo año de la serie histórica desde 1988).
El total acumulado desde 1988 suma 14.109 personas muertas/desaparecidas en las diferentes rutas. La más mortífera en 2022 fue la de Canarias (445 personas muertas y 885 desaparecidas), seguido por la del Mar de Alborán y la de Levante, informa la APDHA (“es la consecuencia de unas políticas europeas de muerte que vulneran sistemáticamente los derechos humanos”).
Otro colectivo de defensa de las personas migrantes, surgido en 2002, es Caminando Fronteras; denuncian que 11.522 personas perdieron la vida en las rutas de acceso al Estado español en los últimos cinco años, 2.390 en 2022 (Víctimas de la necrofrontera 2018-2022. Por la memoria y la justicia). Asimismo, 250 embarcaciones desaparecieron –con todos sus miembros a bordo- durante el último quinquenio.
La periodista y defensora en Caminando Fronteras, Helena Maleno, confirmaba el 19 de abril –en las redes sociales- la muerte de 19 personas migrantes (entre otras una niña y siete mujeres), por el hundimiento de una lancha neumática en la ruta canaria; “el retraso en los rescates sigue dejando víctimas”, concluyó la activista e investigadora.
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