En el documento Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible, las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF proponen reformas concretas de los impuestos actuales para incorporar criterios ambientales y hasta 13 nuevos impuestos que incentiven o penalicen determinadas actividades, conductas y decisiones de los […]
En el documento Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible, las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF proponen reformas concretas de los impuestos actuales para incorporar criterios ambientales y hasta 13 nuevos impuestos que incentiven o penalicen determinadas actividades, conductas y decisiones de los agentes económicos (las empresas, los gobiernos, las familias y las personas individuales) según su impacto ambiental.
La fiscalidad ecológica es un medio para incentivar cambios de comportamiento que se consideran positivos desde el punto de vista ambiental. Al mismo tiempo, dada la situación de desigualdad creciente en el reparto de la riqueza en nuestro Estado, debe hacerse un esfuerzo suplementario para que el diseño de la fiscalidad ambiental sirva para reducir esta brecha, facilitar los comportamientos sostenibles a las clases menos favorecidas y garantizar que los agentes económicos con mayor impacto en el medio ambiente sean los principales contribuyentes a las arcas de los impuestos verdes.
Por ello, las principales organizaciones ecologistas presentan Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible, una serie de propuestas de fiscalidad ecológica, y solicitan al Gobierno central la puesta en marcha de una profunda reforma fiscal en la que se integren estas medidas. El objetivo es que la fiscalidad española se acerque a las de los países de nuestro entorno (en términos de porcentaje del PIB, ocupamos el puesto 25 en el ranking de la fiscalidad ambiental de la UE-28), para poder orientar el comportamiento de los agentes económicos y contribuir a la protección del medio ambiente y a la mejora de la justicia social.
Del mismo modo es importante que la recaudación obtenida de esta política fiscal sea finalista y que se destine íntegramente a facilitar la transición ecológica y alcanzar un modelo socioeconómico acorde a los límites del planeta.
Reformar impuestos como el IVA, el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades para que primen actividades más sostenibles; las tasas sobre los hidrocarburos para penalizar a los combustibles más contaminantes; gravar la generación de CO2, disuadir de la producción de la energía nuclear; crear nuevos impuestos como el del vertido e incineración de residuos, sobre la caza, el consumo de plaguicidas o la extracción de agua subterránea; o un impuesto sobre la ganadería intensiva, que grave el impacto ambiental que provoca la generación de purines o las emisiones de metano, son algunas de las medidas que piden los grupos ecologistas. También se incluyen reformas ecológicas en impuestos municipales como el IBI o la tasa de residuos.
Dada la situación de urgencia ambiental en la que nos encontramos (cambio climático, pérdida de biodiversidad, aumento de los residuos y de la contaminación química), esta reforma fiscal es urgente y deberá trasladar a sus responsables los costes ambientales de determinadas actividades económicas impactantes o el uso de productos contaminantes, además de bonificar la realización de buenas prácticas que conlleven externalidades positivas para el conjunto de la sociedad y ayudar a reducir desequilibrios sociales.
Por este motivo, las organizaciones ecologistas esperan que estas propuestas sean puestas en práctica y completadas por las distintas administraciones estatal, autonómicas y locales en sus respectivas competencias y territorios, de modo que avancemos de modo decidido hacia la sostenibilidad ambiental con una mayor equidad social.