Comunicado de Ecologistas en Acción, del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y del Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL) a raíz de la controversia que se ha producido durante la Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santiago de Chile, entre el Rey Juan Carlos I y el presidente del Gobierno español con varios presidentes latinoamericanos.
La política pública exterior del Gobierno español está más centrada en la defensa de los intereses económicos españoles que en la lucha contra las desigualdades en América Latina. Esta es la conclusión que tenemos que sacar de la intervención del presidente español después de la polémica desatada en Santiago de Chile a raíz de las críticas del ejecutivo venezolano contra la patronal española y de los presidentes de Argentina y Nicaragua por los impactos sociales de la privatización de los servicios públicos y otras empresas estatales a cuenta de empresas españolas.
Nos parece irresponsable el papel que el Gobierno español y la Casa Real están jugando en la defensa de las inversiones españolas en el extranjero, sin evaluar ni controlar en ningún momento cuál está siendo su impacto sobre la población y el medio ambiente. Con esta política el Gobierno español no hace más que legitimar actuaciones de empresas que esconden violaciones de derechos humanos e impactos ecológicos fuera de nuestras fronteras y puede hacerse jurídicamente corresponsable de dichos actos por omisión.
Esta defensa ciega de los intereses privados se hace en un marco de múltiples denuncias contra el papel de las empresas transnacionales españolas en América Latina, no sólo por parte de presidentes elegidos democráticamente, sino también por parte de amplios sectores sociales. En rueda de prensa en Santiago de Chile, Zapatero afirmó que algunas de estas denuncias «no se corresponden con la realidad». Pero lo cierto es que existen numerosos conflictos abiertos, y documentados, de violaciones de derechos humanos por parte de empresas españolas. Algunos ejemplos son: Unión Fenosa acaba de ser juzgada por el Tribunal Permanente de los Pueblos en Nicaragua, Repsol-YPF tiene una causa abierta por comunidades Mapuches en Argentina, Endesa ha sido denunciada repetidamente por los impactos de sus actuaciones en el Bio Bio Chileno, ENCE pretende instalar una planta de celulosa en Uruguay en contra de la voluntad de la población, AGBAR tiene conflictos abiertos por la gestión del agua en Argentina, Chile, Brasil y México, BBVA ha sido investigado por compra de voluntades políticas y corrupción en México, Venezuela, Colombia y Perú, etc.
Exigimos un cambio urgente en la política del Gobierno español. Desde el Estado español se debe garantizar por Ley el cumplimiento, por parte de las empresas transnacionales españolas que actúan en el extranjero, los estándares sociales y ambientales que estas mismas empresas deben cumplir aquí.
Demandamos asimismo que se preste la atención y el apoyo necesarios a aquellos gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que denuncien actuaciones irresponsables de empresas españolas, con el fin de garantizar el derecho a una vida digna y hacer realidad la erradicación de la pobreza y sus causas.
Más información sobre los impactos de las multinacionales del Estado español en América Latina en las siguientes páginas:
Campaña ¿Quién debe a Quién?
Observatorio de la Deuda en la Globalización
Observatorio de Multinacionales en América Latina
Ecologistas en Acción, Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL) pertenecen a la Red Birregional Europa – América Latina y el Caribe. Han participado de forma activa en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en mayo de 2006 en Viena, en las Audiencias Preliminares del TPP sobre industrias extractivas (Bogotá, agosto 2007) y privatización de servicios públicos (Managua, octubre 2007) en las que se juzgaba la actividad irresponsable de REPSOL-YPF y UNIÓN FENOSA en América Latina y el Caribe.
En estos momentos forman parte de las comisiones preparatorias del TPP de Perú 2008, tribunal de carácter simbólico en el que se juzgará el papel irresponsable de las empresas transnacionales europeas en América Latina y el Caribe.