Desde que el TS decidiera ratificar en casación la sentencia del tribunal de excepción (AN) en que se le acusaba de «enaltecimiento» de la figura del ya histórico activista vasco Beñarán («Argala») y por lo que ha sido condenado a 15 meses de prisión y 7 años de inhabilitación como pena accesoria -máxima pena contemplada […]
Desde que el TS decidiera ratificar en casación la sentencia del tribunal de excepción (AN) en que se le acusaba de «enaltecimiento» de la figura del ya histórico activista vasco Beñarán («Argala») y por lo que ha sido condenado a 15 meses de prisión y 7 años de inhabilitación como pena accesoria -máxima pena contemplada en el CP- y, por ende, como consecuencia de otra sentencia condenatoria -«por injurias al Rey»- de un año de prisión, y acumulación de ambas se ordenó su encarcelamiento. No cabe duda que para quienes así le condenan y deciden su prisión, Arnaldo Otegui, es un sujeto muy peligroso, un criminal a quien hay que encerrar sin conmiseración alguna, y a quien hay que cerrar la boca durante una temporada. Porque no otra es la pretensión de estas condenas excesivas, desproporcionadas, y vulneradoras de los derechos fundamentales de la persona. Claro está que quizás estos tribunales excepcionales apliquen a Otegui -tal como hacen con otros activistas vascos- lo que tan excelentemente han aprendido en tan breve tiempo: el derecho penal del enemigo. Ese mismo derecho penal contra la personalidad y al margen de los hechos objetivamente considerados, derecho penal en que se distingue entre personas (usted mismo) y las «no-personas» (Otegui y cuantos simpaticen con la causa del derecho a la autodeterminación de los pueblos, por lo que le recomiendo que se mire bien, no vaya a ser considerado «no-persona»).
Las No-Personas no pueden beneficiarse del Derecho que se le aplica al resto de los mortales, estos son ciudadanos, por más canallas, miserables y criminales que sean, pero a las No-Personas se les retiran esos derechos ciudadanos de modo absoluto y permanente hasta que, oh misericordia, se arrepientan de su tremendo y horrible pecado: reclamar la autodeterminación de los pueblos. Este es el Derecho que se le aplica, que te aplicarán, cuando te hayan declarado «enemigo». Y se sustancia en las normas de excepción que se recogen en el Código Penal, de un modo tan abyecto y antijurídico que cualquiera puede «enaltecer» al sanguinario Millán Astray, al genocida Francisco Franco Bahamonde, o a su conmilitón Carrero Blanco, la lista es interminable y los jueces y magistrados y fiscales de la «democracia» jamás intervinieron para corregir tales desmanes y vulneración del Derecho. Pero aún así, desde mi particular punto de vista, no creo que deban perseguirse a los enaltecedores sean del signo que sea, pues entre la alabanza a quien se aprecia y los hechos que haya realizado el «alabado y enaltecido» media un trecho tan grande como el que hay entre el santo que se venera y el venerador.
Esta sentencia llama la atención, pues en sus propios términos la redacción del tipo es tan absurdo como el derecho de la Santa Inquisición (eclesiástico). Pues sépase que impedir que uno llore a sus muertos es una aberración, que uno se reúna con los suyos para recodarle es obligación de toda persona que se precie. Que nadie persigue a los curas que enaltecen al «canalla» cuando celebra los responsos por más canalla que haya sido en vida -baste ver las alabanzas a los franquistas con delitos de sangre-, porque la memoria no se puede aniquilar. Ni la memoria de unos (de los Hunos, decía Miguel de Unamuno), ni de los otros. Hasta que las leyes especiales, continuadoras del franquismo, y mejoradas con las técnicas y doctrina penalística reciente, se aplican sin rubor y sin vergüenza jurídica alguna a quienes disientan del sistema establecido. Hoy son los vascos, mañana serán quienes pongan en cuestión los «valores constitucionales», hablo así a los republicanos. Cuando acaben «derrotando» a la izquierda abertzale -si es que consiguen domeñar y someter a la vanguardia del pueblo vasco- irán a por el resto.
Otegui está en la cárcel, y las libertades públicas han sido arrojadas al cubo de la basura, y si bien el padecimiento personal de cada cual debe asumirlo cada cual -así toca- no es menos cierto que su encarcelamiento es un síntoma de retroceso grave de las libertades que afectan a 45 millones de ciudadanos. Hay un recurso de amparo ante el TC contra esa sentencia necia y banal -jurídicamente hablando- que le lleva a prisión, nada espero de ese TC, pues basta ver que hasta el mismo Fiscal General se ha burlado de ellos cuando ante la ilegalización de las candidaturas de ANV declaró aquello: «nos hemos pasado…pero ha colado». ¿Quién, pues, puede confiar en los necios?. Pasará Otegui sus 15 meses en la cárcel y hasta 15 años, pero sépase que no por ello se puede encarcelar las ansias de libertad de un pueblo, porque no hay cárceles -aunque sí campos de concentración- para los más de 187.000 vascos que votaron la opción de la autodeterminación el 27 de mayo.