Nélida, Lian, Josefina, Alberto, Mohamed, Richard, Abdou, Kumiko o Adebusola son nombres de extranjeros que viven en España. Son uruguayos, argentinos, africanos, chinos o de otras nacionalidades, con distintas historias personales pero dos cosas en común: son inmigrantes y pasarán estas fiestas entre rejas por no tener la documentación española en regla. Cuando la ONU […]
Nélida, Lian, Josefina, Alberto, Mohamed, Richard, Abdou, Kumiko o Adebusola son nombres de extranjeros que viven en España. Son uruguayos, argentinos, africanos, chinos o de otras nacionalidades, con distintas historias personales pero dos cosas en común: son inmigrantes y pasarán estas fiestas entre rejas por no tener la documentación española en regla.
Cuando la ONU decidió designar el 18 de diciembre como «El Día Internacional de las Personas Migrantes» nadie pensó que dicho acuerdo sobre derechos y deberes de las personas migrantes iba a ser firmado solamente por un puñado de países, todos del sur.
Estos derechos se incumplen en España, que ha transitado en poco más de dos décadas por tres etapas: primero la de ser un país de emigrantes que salían al extranjero en busca de un futuro mejor, segundo la de recibir a inmigrantes y la última, la de perseguirlos, encarcelarlos y expulsarlos.
La mayoría de las políticas migratorias, amparadas en la Directiva Europea del Retorno (directiva de la vergüenza) que el gobierno del Partido Socialista Obrero Español sigue impulsando, son con un enfoque discriminatorio, electoralista y contrario a la integración del colectivo inmigrante en condiciones de respeto e igualdad. Enfoque que supone la vulneración sistemática de los derechos humanos de las personas migrantes. Todo esto con la complicidad de la derecha española a la que todavía le parecen escasas las medidas represivas.
El pasado 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes, centenares de personas de distintas ciudades del Estado español, entre ellos miembros del Centro Uruguayo de Madrid (CUM), se manifestaron en contra de la persecución policial racista y por el cierre de los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE).
El Centro Uruguayo y organizaciones de Derechos Humanos han denunciado públicamente esta legislación que ordena redadas policiales, con cuotas de detenidos, con criterios racistas y xenófobos. Se hacen controles masivos de identidad, se detiene de forma sistemática a personas en las bocas de metro y se les pide documentación. Si una compatriota «sin papeles», víctima de la violencia de género, va a una comisaría a denunciar, la detienen y la mandan a un CIE. Detenciones arbitrarias y selectivas basadas principalmente en marcadores étnicos, lo cual es un procedimiento ilegal tal como reconocía en febrero de este año el Sindicato Unificado de la Policía, que denunciaba las órdenes de realizar detenciones racistas y llamaba a los agentes a no cumplirlas por ser «ilegales, profesionalmente injustas y moralmente inaceptables».
Es difícil saber qué sensación tiene una persona decente que anda por la calle con miedo a que la pare la policía, la detenga por una falta administrativa (como es no tener los papeles en regla), la meta en una cárcel, como son los CIE, la tengan encerrada (60 días) en condiciones inhumanas, pierda su nombre y apellido por un número que le asignan sus carceleros y después le devuelvan a su país como si fuera un delincuente. Si es menor la mandan al último país de donde vino aunque no sea el suyo.
Los CIE no cuentan con un régimen interno desarrollado legalmente, ni cuentan con protección legal alguna. Son un vergonzoso muro tras el cual se encierra a personas que se han visto y se ven despojadas de sus más básicos derechos (libertad de movimiento, salud, familia, integridad física y moral, derechos sociales y políticos, etcétera) por el simple hecho de «no tener papeles».
Por Juan R. Sotelo de Brun, portavoz del Centro Uruguayo de Madrid
Fuente: http://www.montevideo.com.uy/notnoticias_127734_1.html