La redada de la Guardia Civil contra activistas proderechos humanos pone en el punto de mira ahora la asistencia sanitaria a los presos vascos. Con los cuatro arrestos del miércoles ya son 46 detenidos en dos años por su labor a favor de los represaliados. El instituto armado impidió además que abogados encausados pudiesen ejercer […]
La redada de la Guardia Civil contra activistas proderechos humanos pone en el punto de mira ahora la asistencia sanitaria a los presos vascos. Con los cuatro arrestos del miércoles ya son 46 detenidos en dos años por su labor a favor de los represaliados. El instituto armado impidió además que abogados encausados pudiesen ejercer su labor letrada.
Una nueva redada de la Guardia Civil ha vuelto a atacar la solidaridad con los presos vascos. En este caso la operación del instituto armado, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, se saldó con cuatro arrestos (Nagore López de Luzuriaga, Izaskun Abaigar, Fernando Arburua y Oihana Barrios) en diferentes puntos de Euskal Herria. El objetivo, la asistencia sanitaria a los represaliados que ejerce Jaiki Hadi y también Etxerat, la asociación de familiares.
Los uniformados bautizaron el operativo con el nombre de «Pastor», dando así continuidad a operaciones previas denominadas «Jaque» (que tuvo lugar en enero de 2014 y en el que se arrestó a ocho interlocultores del EPPK) y «Mate», desarrollada hace ahora dos meses y donde se detuvo a ocho abogados y otros cuatro activistas por derechos de los presos.
Con el operativo de ayer ya son 46 las personas detenidas por su actividad de solidaridad con los represaliados vascos en menos de dos años. A varios de ellos esta labor les ha llevado incluso a convertirse a su vez en presos. Actualmente siguen encarcelados Arantza Zulueta y Jon Enparantza (ambos arrestados en enero de 2014), así como Jon Mintegiaga, Fran Balda y Javier Carballido (detenidos en la operación de hace dos meses).
La literatura policial con la que el Ministerio del Interior justificó los arrestos deja claro que el objetivo era la asistencia a los prisioneros. El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz ligó la operación con las desarrolladas anteriormente, insistiendo en la tesis del «frente de cárceles de ETA», sin dar más explicaciones que la supuesta sumisión respecto a la organización armada.
Así, trata de poner bajo sospecha el trabajo público y conocido que realizaban todos ellos. Por ejemplo, Nagore López de Luzuriaga es representante de Etxerat y fue una de las personas que mantuvo una reunión con el lehendakari, Iñigo Urkullu, el pasado 25 de febrero. Además, es psicóloga y ha participado, junto a Oihana Barrios, en informes sobre el Protocolo de Estambul que certificaban la veracidad de los testimonios de tortura presentados como pericial en diversos juicios, como el desarrollado a finales de 2014 contra 28 jóvenes vascos. Barrios, a su vez, es miembro de Jaiki Hadi, la asociación de profesionales sanitarios que trabajan por los derechos y la asistencia a los presos. Del mismo colectivo es Fernando Arburua, quien salió de prisión en 2004 después de 23 años entre rejas. Izaskun Abaigar también forma parte de Etxerat e integraba la delegación que visitó recientemente el Parlamento Europeo. Ambas asociaciones estaban en el punto de mira de la Guardia Civil y la Audiencia Nacional desde que se inició la dinámica de redadas contra los activistas pro-derechos humanos de los presos. De hecho, aparecían nombradas en alguno de los autos firmados por el juez Eloy Velasco que siguieron a las redadas anteriormente citadas.
En principio, los cuatro detenidos fueron trasladados ayer a la comisaría de Tres Cantos, donde permanecerán hasta que sean trasladados para declarar ante el juez. Se encuentran bajo arresto comunicado, lo que les permite designar abogado de su confianza. Un derecho que ayer fue vulnerado por la Guardia Civil, que impidió que al menos dos de los letrados pudiesen asistir a sus defendidos por estar imputados en la misma causa, tal y como les comunicó la Guardia Civil. Tampoco en la Audiencia Nacional dieron explicaciones sobre quién había emitido la orden, argumentando que la causa se encuentra bajo «secreto de sumario».
Esta decisión no tiene precedentes ya que los abogados no están condenados ni inhabilitados. «Se trata de una vulneración del derecho de defensa y del de presunción de inocencia», denunció Jone Goirizelaia. Hoy se espera tener más información sobre los detenidos.