Poderosas instancias políticas, judiciales y mediáticas han puesto en marcha una desmesurada campaña en torno a la próxima salida de la cárcel del preso vasco Iñaki de Juana Chaos. Tras serle denegada la puesta en libertad el pasado mes de octubre, sería a partir del 9 de febrero cuando de Juana podría regresar a su […]
Poderosas instancias políticas, judiciales y mediáticas han puesto en marcha una desmesurada campaña en torno a la próxima salida de la cárcel del preso vasco Iñaki de Juana Chaos. Tras serle denegada la puesta en libertad el pasado mes de octubre, sería a partir del 9 de febrero cuando de Juana podría regresar a su país tras pasar más de 18 años en prisiones españolas. La campaña desatada con el arranque del año consiste en resaltar que un ciudadano que ha sido condenado por sus actividades armadas a casi 3.000 años de prisión no puede ser puesto en libertad tras «sólo» 18 años de cárcel. Además, los instigadores del linchamiento mediático de de Juana consideran que es un escándalo que alguien que no ha dado muestras de arrepentimiento de su lucha pueda quedar en libertad sin más y abogan por que se realicen desde el Estado todos los esfuerzos necesarios para que siga encarcelado sine die. De hecho, y dada la imposibilidad de aplicar de forma retroactiva la reforma de la ley penitenciaria realizada por el Partido Popular ya que esa maniobra vulneraría la propia Constitución española la Audiencia Nacional se agarra a la publicación por parte del preso político vasco de sendos artículos en este mismo diario para llamarle a declarar como imputado por los presuntos delitos de «pertenencia a banda armada, exaltación del terrorismo y amenazas terroristas». El objetivo no es otro que el de conseguir de esta manera que de Juana no quede libre en febrero, tras cumplir totalmente su sentencia según las propias normas penitenciarias españolas. Lo que pase después con los artículos de prensa es lo de menos en este caso.
Detrás de esta operación, que será ampliada con toda probabilidad a los presos Inés del Río, Antonio Troitiño y Unai Parot, se halla toda una estrategia de presión que, amparándose en una supuesta alarma social, intenta utilizar a presos vascos, elevados en su día a la categoría de enemigos públicos, con el fin de contrarrestar los posibles movimientos de distensión que se puedan producir acompañando la apertura de un proceso hacia la resolución del conflicto. Los poderes del Estado español quieren situarse en una posición más ventajosa a la hora de abordar cualquier escenario que implique un reconocimiento del derecho del pueblo vasco a su soberanía y por ello han dado una nueva vuelta de tuerca a su estrategia represiva, en este caso con un eslabón débil de la cadena, como es el del colectivo de presos. Al fin y al cabo, quienes defienden la cadena perpetua para Iñaki de Juana, están pidiendo también la condena perpetua de Euskal Herria a los designios que establece el orden constitucional del Estado español.