Pacto de Estado contra el Antigitanismo: ¿un cambio de paradigma?

El pasado 20 de mayo se aprobaba la creación de una subcomisión que estudiará la puesta en marcha de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano. En los artículos que se publicaron reflejando este hecho se hacía incidencia en la unanimidad con la que el proyecto había salido adelante y se hablaba de las tres personas gitanas que ocupan escaños de diversos partidos y de qué manera habían tenido que ver con la concreción de la propuesta.  

Ismael Cortés, autor de varias obras sobre el tema, explica a El Salto los antecedentes de este éxito. Su formación, Unidas Podemos, presentaba en diciembre de 2020 una Proposición no de Ley (PNL) cuyo título era, precisamente, Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la exclusión del pueblo gitano, compartiendo así nombre con la subcomisión. Reivindica la utilidad de una herramienta como la PNL que puede parecer “vacua” o “poco potente en términos legislativos”, pero que ha permitido abrir un debate parlamentario sobre cuestiones que aún no habían sido discutidas en este espacio. Celebra además que meses después de la presentación de la PNL, la subcomisión, haya sido aprobada por unanimidad, hecho que considera un hito. 

Y es que por contar, la creación de la subcomisión, propuesta, además de por UP, por ERC, PSOE y Ciudadanos, contó hasta con el voto favorable de Vox, a pesar de que “cuando esta subcomisión se lleva a la comisión de Derechos Sociales este partido se abstiene con un discurso muy duro en el que llega a negar el fenómeno del antigitanismo, lo plantea como una fantasía de la ultraizquierda, su típica fraseología”, denuncia Cortés. Es, en opinión del diputado, la reacción de los colectivos gitanos y antirracistas lo que empuja a la formación de ultraderecha a recalcular su rumbo.

A partir de armar la subcomisión, toca abrir el diálogo: personas expertas, de la sociedad civil, provenientes de la administración irán pasando por este espacio, cuya principal novedad es la inclusión del concepto antigitanismo, apunta Cortés. “No se trata solamente de programas de políticas públicas dirigidas a que el pueblo gitano o las personas gitanas puedan incluirse en áreas laborales sanitarias, educativas, de vivienda, etc. Si no también abordar cuáles son las barreras en términos de racismo que impiden que esa inclusión se de”. Los integrantes de del grupo de trabajo tendrán seis meses para emitir un informe que parta de las intervenciones de las y los ponentes. En base a ese documento de recomendaciones, el gobierno deberá planificar sus programas de acción.

Cortés hace un balance positivo, no solo por lo que cree que este trabajo va a obtener en un futuro, sino por lo que considera que se ha conseguido: “ya está generando un doble impacto, primero en la percepción del propio pueblo gitano que se ve reflejado en los debates parlamentarios —lo que ocurría en el Congreso de los Diputados, en general, era algo muy ajeno a las personas gitanas—, y segundo, se da la oportunidad también al pueblo gitano de participar al menos emitiendo una opinión sobre cómo lo que se hace en el Congreso puede afectar a las políticas públicas dirigidas a esta población”. Para Cortés esto supone una novedad frente a un panorama en el que solo daban su opinión contadas organizaciones, a veces solo una, “y era bastante opaca”. También saluda el hecho de que la población general tenga cada vez más acceso a las opiniones de personas gitanas, sea en el Congreso, en forma de artículos de opinión o por su actividad en las redes sociales.

De la subcomisión debería salir un nuevo marco estatal que permita “abordar el antigitanismo en todas sus dimensiones. Las comunidades gitanas y los colectivos gitanos tendrán una herramienta en el informe que se derive de esta subcomisión para exigir, bien a la autoridades locales, bien autonómicas”, apuesta Cortés, quien cree que el apoyo de la gran mayoría de los partidos a este iniciativa, le da una gran legitimidad en términos democráticos.

No todo el mundo demuestra entusiasmo ante las propuestas que parten de la institución. Es el caso de Cayetano Fernández, de Kale Amenge, colectivo que mira con escepticismo esta apuesta:  “No podemos caer en crear una falsa ilusión de confianza en la ley, los últimos años han sido muy duros en el caso de las familias gitanas que se les está negando sistemáticamente la justicia, como está ocurriendo con el caso de Eleazar, el caso de Manuel Fernández o el caso de Daniel Jiménez”. Fernández teme que este tipo de iniciativas “vayan más con las lógicas de la institución que con las lógicas y agenda de nuestro pueblo”.

Una perspectiva Europea

El trabajo de la subcomisión se enmarca dentro de un contexto más amplio, el de las políticas europeas. La activista Patricia Caro, que fuera candidata a las europeas en las listas de Unidas Podemos en 2019, señala dos momentos claves para afrontar la cuestión del antigitanismo. O más bien, dos personalidades. La primera es Soraya Post, activista gitana, integrante del partido feminista sueco, hija de una víctima de esterilización forzosa.

Fruto del esfuerzo de Post es una resolución de 2017 en la que “ya se entiende el antigitanismo como una vulneración sistemática de derechos humanos, incluye una perspectiva interseccional, tanto transversalmente a todas las medidas, como materializada en medidas concretas y específicas para las mujeres gitanas: en concreto con los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo con las esterilizaciones forzosas, las maternidades segregadas”, la participación del pueblo gitano, la puesta en marcha de marcos penales ante el antigitanismo, el señalamiento de la persecución policial, o los derechos sociales, son algunos de los temas que aborda esta resolución.

El otro nombre es el del eurodiputado de los Verdes alemanes Romeo Franz, quien planteó en el Parlamento europeo la necesidad de hacer leyes específicas contra el antigitanismo. Rumanía ya habría avanzado en ese camino, cuenta Caro.  La mirada es europea, pero la manera en la que se manifiesta el antigitanismo tiene sus particularidades en cada estado. Para Caro, en el Estado español conviven “formas de segregación más hostiles y violentas, junto a formas de segregación más sutiles y que a veces pueden parecer incluso bien intencionadas”. Piensa que mientras en países como Rumanía la segregación se puede manifestar de manera más hostil, en el estado español existen incluso políticas públicas a priori favorecedoras del pueblo gitano que redundan en su exclusión.

“Por un lado, entre la Cañada Real y muchos poblados chabolistas donde vive población roma, por ejemplo en Rumanía o en República Checa, como en muchos países de Europa, no existe ninguna diferencia. Luego hay otros tipos de segregación como puede ser la concentración en vivienda pública en guetos”.  La segregación habitacional marca los caminos, desviándolos en muchos casos del acceso a derechos en condiciones de igualdad. Caro ilustra lo dañino y poco sutil de la discriminación sutil con un ejemplo: la educación: “vamos por detrás de Rumanía y de República Checa, hay más gente universitaria allí que aquí. La discriminación sutil no quiere decir que sea más suave que la hostil, quiere decir que tiene los mismo efectos o incluso peores pero que es más difícil de detectar”.

La activista cree que una de las cuestiones que lastra a España es que, a diferencia de otros países europeos, las personas gitanas ven su voz desplazada a favor de otras organizaciones dirigidas por personas payas, que son las que concentran en mayor medida los recursos, generándose un brecha económica y de alcance entre unas y otras. “Ahora tendremos que ver cómo los estados de la UE incluido España aplican el marco europeo, porque están obligados a hacer una traducción de ese marco en la normativa nacional, y luego veremos cómo las comunidades autónomas hacen esta traducción”. Es en ese momento, piensa Caro, que será crucial el papel de la sociedad civil gitana “para monitorear de manera sistemática y evaluar los resultados de este nuevo marco, porque el marco anterior fue un desastre realmente”.

Para Fernández el pacto es: “un producto creado por el Estado y por sus instituciones, por tanto son respuestas pensadas y concebidas dentro de la lógica institucional”. No obstante, en Kale Amenge valoran algunas propuestas como convertir el antigitanismo en delito, “nos parece muy necesario abordar la cuestión del plano legislativo sin caer en lecturas formalistas, o pensar que esto es solamente un problema de ley”. El precedente de la fallida apuesta por introducir los delitos de odio, muy difíciles de aplicar en los casos legales o usado para defender a policías, pone al activista de Kale Amenge en alerta.

La participación en el centro

¿Quién fiscaliza a las instituciones?, Fernández muestra sus reservas ante el propósito de revisar el marco nacional de integración e inclusión 2011- 2020, uno de los objetivos de la subcomisión. “Estamos acostumbrados también a ver cómo dentro de esas lógicas institucionales no se produce una evaluación autónoma y acaban siendo las mismas entidades, los mismos partidos políticos que han ideado y desarrollado los programas y proyectos de intervención, los mismos que acaban después haciendo una evaluación de sus propios resultados, o falta de ellos”. Por ello, considera clave la independencia y la autonomía a la hora de fiscalizar este tipo de iniciativas.

Aunque Caro tiene sus reservas y revela escepticismo respecto a la naturaleza emancipatoria de algunas organizaciones, se muestra entusiasta con el momento: “Por primera vez son las personas gitanas las que están poniendo agenda política sin necesidad de intermediarios, sin interferencia de intereses que sean más allá de que las propias personas gitanas puedan debatir en sede parlamentaria, de manera democrática, de manera transparente, con su propia voz sobre los asuntos que les interesan y que les conciernen”. Los debates que se darán en el marco de la subcomisión, serán, para esta activista, una manera de concienciar “a la gente gitana para que entienda que esas instituciones son suyas, y que ellas también tienen derecho a intervenir en el debate, también tienen que decidir en las políticas que les afectan”.

“Estas propuestas son un producto diseñado desde arriba, seguramente con toda la buena intención del mundo, no digo que no, pero con un procedimiento bastante ajeno a las realidades de nuestros barrios y de nuestra gente, como tantísimas de estas iniciativas”, profundiza su crítica Fernández. No obstante, saluda el proceso de debate. “Abordar el racismo dentro de las instituciones que lo crean y perpetúan abre un debate que para nosotros es esencial. Es necesario entender que este no es un problema de buenas o malas voluntades sino que es un problema político de muchísima profundidad”.

Cree que en ese marco está el rol de Kale Amenge: apoyar en los esfuerzos para alcanzar cambios reales, cambios que puedan avanzar en la constitución de autonomía política y romper “los lazos de subordinación con el Estado y sus instituciones”, pero también estar atentos ante las eventuales derivas “cosméticas“.

”Deseamos lo mejor, que tenga impacto real, es lo que todos queremos, pero también tenemos muy claro que en el momento en que se encuentra la lucha gitana, para nosotros la lucha en las instituciones no es la principal batalla, partimos de que nuestro compromiso no es reformar, ni maquillar, ni humanizar el estado racista, sino enfrentar y revertir los elementos que han mantenido la dominación paya durante siglos”, argumenta.

Cortés considera que justamente la subcomisión será un espacio en el que diversas voces, principalmente gitanas, podrán expresarse, y aportar una visión que mira “no solamente al corto plazo sino al largo plazo, hacia el pasado y hacia el futuro, de cómo se han hecho las cosas con el pueblo gitano y cómo se deberían hacer”, lo que para este diputado supone “un cambio de paradigma”: pasar de un enfoque centrado en la marginalidad y la pobreza a preguntarse por sus causas.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/pueblo-gitano/pacto-estado-antigitanismo-cambio-paradigma