El reciente pacto a «cinco bandas» entre el PP, el PSOE, Izquierda Plural (IU+ICV+CHA), CiU y PNV para renovar el máximo órgano de los jueces constituye un acontecimiento de la máxima trascendencia política, que va a tener implicaciones jurídico-políticas inmediatas. Intentar desentrañar los objetivos perseguidos por el PP con este acuerdo, así como las motivaciones […]
El reciente pacto a «cinco bandas» entre el PP, el PSOE, Izquierda Plural (IU+ICV+CHA), CiU y PNV para renovar el máximo órgano de los jueces constituye un acontecimiento de la máxima trascendencia política, que va a tener implicaciones jurídico-políticas inmediatas. Intentar desentrañar los objetivos perseguidos por el PP con este acuerdo, así como las motivaciones para firmarlo del PSOE e IU, es el objetivo de este sucinto artículo.
Para entender mejor el desenlace de este asunto hay que remontarse a la reciente reforma, de este mismo mes de junio, de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El PP modificó esta ley introduciendo medidas claramente regresivas en cuanto a la ya de por sí mermada independencia del poder judicial se refiere:
1. Permite renovar a los miembros elegidos por una de las cámaras (Congreso y Senado) con independencia de lo que pase en la otra. Antes tenían que renovarse los veinte miembros del CGPJ a la vez, diez por el Congreso y diez por el Senado, por mayoría de 3/5 en cada cámara. Si no había acuerdo en una de ellas, no se renovaba ninguno. Con la nueva Ley, el PP, que tiene mayoría de 3/5 en el Senado, podría haber renovado a los diez de esta Cámara sin pacto alguno. Sin duda, este ha sido un factor de presión extra para someter al PSOE y al resto, bajo amenaza de nombrar a los diez del Senado sin acuerdo y tener mayoría aplastante en el Consejo.
2. Pero también han cambiado las mayorías internas para elegir a los presidentes de Sala de todos los Tribunales y Audiencias: antes eran necesarios 3/5 y ahora basta con mayoría simple, que el PP se reserva, como es obvio, con el voto de calidad del presidente. Solo mantienen los 3/5 para los dos magistrados del Tribunal Constitucional que elige el CGPJ. Con esta modificación, el PP va a ir poniendo al frente de todas las altas magistraturas judiciales a hombres y mujeres de su cuerda, justo en el momento donde tienen frentes importantísimos abiertos (privatización de la sanidad madrileña, Gurtel, Bárcenas,…). Conociendo esta rebaja de las mayorías, no parece muy inteligente que el PSOE haya aceptado el acuerdo, porque para los temas importantes ya era lo mismo que el PP tuviera mayoría por un voto o por quince. Pero como el PSOE tiene también problemas judiciales en curso, algunos tan relevantes como el caso de los ERE en Andalucía, la sospecha de que el enjuague de unos casos por otros pueda estar detrás de este pacto, no parece una hipótesis descabellada. Al fin y al cabo, son los dos pilares, junto con la Monarquía, sobre los que se sustenta el régimen del 78.
3. El PSOE estaba muy interesado en meter a IU en el pacto, para no quedarse solo con el PP en este negocio y acentuar así su desgaste, y le ofreció uno de los que le tocaba por la parte de los ocho miembros elegidos que no deben ser jueces. IU no aceptó al principio, pero una llamada de Gallardón a Lara, desbloqueó la situación e IU firmó el pacto de renovación, incorporando a una secretaria judicial, Concepción Sáez Rodríguez, de la plataforma «Otro derecho penal es posible». CiU y PNV también entraron, con puestos cedidos por el PP.
3. Los ocho » no jueces» se eligieron la semana del 18 de noviembre. En la que comenzó el día 24, se hicieron públicos los doce nombres de jueces pactados ya solo por PP y PSOE. Entre ellos, se encuentra Francisco Martínez Tristán, presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), marido de una consejera de la Junta de Castilla la Mancha de Cospedal y asiduo visitante de la sede de Génova. Este juez es el responsable de haber agrupado todos los recursos contra la privatización de la sanidad en Madrid para que sea el pleno de esta sala la que decida, donde él cree que puede tener mayoría. Esta maniobra jurídica fue una treta, porque sin ella, los recursos se habrían alargado más de un año y hubieran hecho imposible la entrada en vigor de la privatización durante esta legislatura. El Partido Socialista de Madrid recusó a este juez y su inclusión entre los doce pactados por los dos partidos ha provocado ya la dimisión como senador de Tomás Gómez, en un gesto destinado a presentarse como defensor de la sanidad pública, incluso por encima de los intereses de aparato de Ferraz.
4. Otro de los cambios introducidos con la nueva ley del CGPJ consiste en que solo tendrán dedicación exclusiva los seis magistrados que estén en la Comisión Permanente. Parece que Martínez Tristán no estará en ella, así que va a seguir siendo presidente de lo Contencioso del TSJM aunque esté en el CGPJ, lo que es sin duda un premio a los servicios prestados.
Esta cadena de favores y pactos inconfesables solo tiene un claro ganador: el PP, que controla férreamente el poder judicial, y tiene ya todas las herramientas a su disposición para dejar en agua de borrajas los procesos que le acechan. Avalar este cambio de cartas marcadas no tiene nada que ver con luchar contra el régimen bipartidista, sino todo lo contrario, lo refuerza. PP y PSOE llevan haciendo esto décadas, pero la reforma de junio es un agravante que por sí solo justificaría denunciar todo este proceso, organizar una movilización social en su contra y tratar de llevarlo al Tribunal Constitucional.
Con los frentes judiciales que tiene abiertos el PP, este acuerdo es un balón de oxígeno para garantizarles impunidad. Lo más triste de este episodio es la posición de IU. Tener a una persona en este Consejo trucado es una migaja que palidece al lado de las tropelías realizadas por el PP. La lucha contra el bipartidismo se resiente con este tipo de «real politik», que tanto rechazo social crea /1.
La justicia está controlada por el PP, que tiene ya de por sí muchos jueces afines desde siempre, pues este poder no se depuró ni lo más mínimo tras el final del franquismo. Un proyecto político de ruptura debería denunciar esta gran estafa e, incluso, convocar a la ciudadanía para que proteste contra él.
El PP está comprando su impunidad. Con este aval a la «reforma» de Gallardón, la izquierda parlamentaria se la está vendiendo barata.
Nota:
1/ Como bien señala en este artículo Rafael Escudero http://www.lamarea.com/2013/11/25/i…
Raúl Camargo Fernández es militante de Izquierda Anticapitalista