En Castilla-La Mancha existen 84.000 viviendas sin vender y, al mismo tiempo, 48.000 demandantes de vivienda cuyos salarios no les permite adquirirlas. Luego, a primera vista, no parece que el problema sea la falta de vivienda, sino más bien las dificultades para acceder a ellas por parte de los ciudadanos castellano-manchegos, en especial los jóvenes, […]
En Castilla-La Mancha existen 84.000 viviendas sin vender y, al mismo tiempo, 48.000 demandantes de vivienda cuyos salarios no les permite adquirirlas. Luego, a primera vista, no parece que el problema sea la falta de vivienda, sino más bien las dificultades para acceder a ellas por parte de los ciudadanos castellano-manchegos, en especial los jóvenes, que al empleo precario y al bajo nivel salarial existente en la región han de sumar ahora el advenimiento de la crisis financiera que, ante la falta de liquidez, dificulta y encarece aún más la contratación de créditos hipotecarios.
Pues bien, así las cosas, llega Barreda y su magnífico equipo de brillantes y bien pagados asesores, y propone un Pacto (aquí todo se arregla con un pacto que siempre firman los mismos) por la Vivienda, que prevee para el período 2008-2015 la construcción de 50.000 viviendas más. La novedad estriba en la modalidad de éstas, que van a ser públicas pero de iniciativa privada, no con la finalidad de facilitar el acceso a una vivienda digna a los numerosos demandantes, sino con el ánimo de que «los instrumentos y medidas que se incorporan a este Pacto pueden y deben contribuir al mantenimiento de la actividad en el sector de la construcción para Castilla-La Mancha». Este es su verdadero objetivo: el apoyo a los promotores inmobiliarios para que sigan construyendo y que el negocio no decaiga. Y para ello, el gobierno de Castilla-La Mancha no duda en establecer un precio medio para esta nueva modalidad de 2.000 €/ m2 (130.000 a 150.000 € por una vivienda de 70 m2), a pesar de que el precio medio de la vivienda libre en nuestra región está en 1.519 €/m2, o de comprometerse con los promotores a que las viviendas que no se vendan serán adquiridas por la Junta, con el dinero de todos.
Aparte del entusiasmo de los constructores y del gobierno de Zapatero, el susodicho pacto contó con el ya habitual apoyo «ovejuno» (para cualquier tipo de pacto) de los mal llamados «agentes sociales» de nuestra región: la patronal, CC.OO. y UGT. A falta de cualquier asomo de debate político o social (este jueves se lleva a las Cortes de Castilla-La Mancha, un mes después de su firma), tanto el PP, por la forma, como IU, por el contenido, se han manifestado en contra de dicho Pacto.