Los secuestros, su resolución y sus consecuencias sobre las personas implicadas en ellos han planteado una serie de problemas a diversas ramas de la Psicología. No es raro ver a profesionales de la salud mental asesorando a los encargados de llevar las negociaciones preparando a víctimas potenciales o atendiendo a las que ya lo han […]
Los secuestros, su resolución y sus consecuencias sobre las personas implicadas en ellos han planteado una serie de problemas a diversas ramas de la Psicología. No es raro ver a profesionales de la salud mental asesorando a los encargados de llevar las negociaciones preparando a víctimas potenciales o atendiendo a las que ya lo han sufrido. Se han descrito condiciones asociadas a ellos como el Síndrome de Estocolmo.
El término «rescate» está siendo empleado profusamente en nuestros días en el campo de la economía para referirse a los pagos que los miembros de la Comunidad Europea hacen para evitar la bancarrota de alguno de ellos. Se trata de un dinero que no ha de servir para atenuar la pobreza de los habitantes de estos países (lo que nos remitiría a la metáfora del rescate de náufragos o alpinistas), sino para colmar las exigencias de entidades con las que los gobiernos han adquirido deudas a través de inextricables mecanismos financieros que, por lo general, incluyen maniobras de estas mismas entidades o agencias vinculadas a ellos para hacer subir los intereses. El termino rescate se utiliza aquí, pues, en el mismo sentido en el que se utiliza para los rescates que pretenden la liberación de las personas secuestradas.
Llama la atención que las mismas fuerzas políticas y voceros mediáticos que tienen claro que pagar rescates es una política que sólo puede proporcionar pan para hoy y hambre para mañana cuando de rescatar personas secuestradas se trata, mantengan exactamente lo contrario en el caso de los países.
La deuda contraída por los países que hoy han de ser rescatados cumple los criterios propuestos a principios del siglo XX por Alexander Sack para la «deuda odiosa» que no tiene por qué ser asumida por la población de los países en cuyo nombre ha sido contraída: 1) ha sido contraída sin autorización expresa de la población, 2) se ha gastado en actividades que no benefician a los ciudadanos y 3) el prestamista sabía esto cuando la concedió. Este concepto ha sido utilizado por los Estados Unidos de América para no pagar la deuda contraída por los españoles en Cuba o Filipinas y la contraída por Sadam Hussein en Irak. Es el concepto del que se ha valido Rafael Correa para gestionar el pago de la de Ecuador.
Pagar la deuda supondría (como en el caso de los secuestros de personas) animar a los secuestradores a volver a utilizar los mecanismos inexplicablemente legales de la ingeniería financiera para repetir la jugada en esos mismos u otros países. La alternativa a este pago sería: eliminar estos mecanismos y proceder contra las personas que los utilizaron con mala fe para enriquecerse a costa del empobrecimiento de la población. Algo que ha sido asumido por la población de Islandia sin que aparentemente, se hayan producido catástrofes mayores.
El valor de indagaciones como la que ha dado lugar a la película Inside Job es que permiten poner cara a esas entidades abstractas – como los mercados – a las que se atribuyen las desgracias que azotan a las poblaciones. Los beneficiarios de las operaciones que han conducido a la bancarrota de los países son personas con nombres y apellidos, que han actuado con conciencia de lo que estaban haciendo. Estas actividades deben de dejar de considerarse legales y deben ser perseguidas. Pagar el rescate supone recompensarlas. Y si las recompensamos sólo nos queda sentarnos a esperar dónde se van a repetir.
Alberto Fernández Liria es Psiquiatra.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.