La Plataforma «Juicio a Aznar» surge impulsada por el Comité Ejecutivo del PCE, que en Febrero anunció que se apoyarían «todas las iniciativas internacionales» que persiguiesen sentar en el banquillo al «trío de las Azores» por crímenes de guerra y contra la Humanidad por «su apoyo directo a la invasión, destrucción y ocupación de Irak». […]
La Plataforma «Juicio a Aznar» surge impulsada por el Comité Ejecutivo del PCE, que en Febrero anunció que se apoyarían «todas las iniciativas internacionales» que persiguiesen sentar en el banquillo al «trío de las Azores» por crímenes de guerra y contra la Humanidad por «su apoyo directo a la invasión, destrucción y ocupación de Irak». De manera específica anunció que «impulsaría una iniciativa legal para que el ex presidente José María Aznar fuera juzgado como criminal de guerra».
Cuando en 2003 los españoles nos movilizamos como nunca para parar una guerra, sabíamos que esta era injusta, ilegal y amparada en mentiras, como se ha demostrado posteriormente. José María Aznar decidió asumir el protagonismo a favor de esta guerra, dando la espalda a la ciudadanía que en las calles y en las encuestas decía NO A LA GUERRA. A medidados de marzo, Aznar, Blair y Bush, acudieron a las islas Azores, dónde fueron acogidos por José Manuel Durao Barroso, para lanzar un ultimátum a Iraq: o Sadam dimitía en 24 horas y entregaba unas armas de destrucción masiva que no existían, o se invadiría el país. Esas armas no existían, ya lo habían dicho los inspectores de la ONU en alguna ocasión. El caso es que trascurrió el plazo dado en el ultimátum y comenzó la invasión militar de Iraq, que culminó el Primero de Mayo de 2003. Iraq entró en una espiral de caos, devastación, muerte y una serie de guerras cruzadas que han impedido a los ocupantes conseguir sus propósitos.
La invasión no contó con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que la guerra fué ilegal y ninguna resolución posterior puede borrar este hecho. Según el Derecho Internacional, los efectos de esta agresión son crímenes de guerra y los ejecutores e inductores de crímenes de guerra son criminales de guerra.
La participación española en la Guerra de Iraq se realizó sin la aprobación del Congreso de los Diputados y fue disfrazada de ayuda internacional. Esa supuesta ayuda humanitaria era realmente ayuda a los militares invasores, aliados del gobierno español en aquel momento. No era ayuda a la población iraquí.
La guerra de Iraq sigue produciendo decenas de muertes cada día y no es posible desvincularla de las causas de los atentados terroristas de Madrid el 11 de marzo de 2005 y de Londres el 7 de Julio de 2005. El número de muertos calculado a causa de esta guerra está calculado en 700.000.
Cuatro años despues tenemos la perspectiva suficiente para entender que la actuación del entonces presidente, José María Aznar, y del Partido Popular, protagonistas activos de la invasión, debe ser sometida a examen penal que determine sus posibles responsabilidades penales. Y lo que no es menos importante, que advierta para el futuro que quienes colaboren en una guerra ilegal no pueden resultar impunes, sea cual sea su cargo político.
Los partidos políticos que se opusieron a la guerra de Iraq, y aquellos que no quieran seguir siendo complices de la misma, deben colaborar activamente en la exigencia de responsabilidades políticas y judiciales a José María Aznar. Además, las instancias judiciales deberán aplicar el principio de igualdad ante la ley no amparar la impunidad de quienes hayan violado la legalidad estatal e internacional. Y sobretodo la ciudadanía debe asumir el protagonismo que se ganó en las movilizaciones de hace 4 años. La Plataforma «Juicio a Aznar» es lo que pretende: que la ciudadanía asuma este protagonismo.
La primera reunión que celebró la Plataforma el pasado 28 de Abril despertó la inquietud de los medios más reaccionarios, del PP y del propio José María Aznar. El PCE había convocado a todas las organizaciones y ciudadanos interesados en participar a una reunión que se celebró en el local de la Fundación de Investigaciones Marxistas, como tantas otras que allí se celebran. Fue allí porque era un sitio céntrico y la FIM nos cedió el local, como lo hace con otras organizaciones.
Unos día antes de la reunión saltaron las alarmas y La Razón publicaba en portada que el PCE había hecho una convocatoria que formaba parte de la «campaña de acoso» contra Aznar que el «PSOE, su entorno y sus medios de comunicación afines comenzaron con la tragedia del buque `Prestige´». La fundación comunista emplea dinero y tiempo para «movilizar» a los detractores del presidente. La FIM «ha recibido subvenciones públicas de más de un millón de euros en los últimos cinco años», decía La Razón.
Actualmente no es posible acceder al artículo publicado en la edición digital de La Razón porque han eliminado de sus servidores, despues de que desde la FIM respondieran a las mentiras amenazando con denunciarles.
Desde el PP, Vicente Martínez Pujalte denunció el «acoso judicial» del PCE contra José María Aznar y presentó una serie de preguntas al Gobierno para averiguar si la Fundación de Investigaciones Marxistas estaba haciendo uso de fondos públicos para realizar estas actividades. Por un lado el Gobierno le respondió que el gobierno de Aznar concedió más subvenciones a la FIM que el de Zapatero, y por otro, su director, Javier Navascues, respondió en una carta que «los escasos fondos públicos que la FIM recibe se dedican exclusivamente a los fines para los que han sido solicitados, lo que no puede ser de otra forma pues lo contrario sería ilegal». Además, recordó que las instalaciones de la FIM son cedidas normalmente a colectivos republicanos, grupos anti-guerra, círculos de estudio, encuentros de sindicalistas y muchos otros, y que lo seguirán haciendo pública y abiertamente, «al menos mientras siga existiendo la libertad de reunión».
Pero el que rizó el rizo esos días fue el propio Aznar y su entorno, cuando amenazó con «demandar a quien le demande» y nos avisó de que podríamos cometer «fraude a la Justicia» y decía que estaba estudiando la posibilidad de responder judicialmente ante las denuncias que se están planteando desde el Partido Comunista de España.
A la reunión de Abril acudieron decenas de personas, a título particular y como miembros de diversas organizaciones. En esta reunión se decidió crear 3 grupos de trabajo: político, jurídico y organizativo. De momento trabajan como dos, por un lado el grupo jurídico, compuesto principalmente por abogados, aunque hay otros profesionales, y por otro uno político-organizativo, más numeroso y que debe trabajar en la expansión de la plataforma por toda España.
Se decidió la elaboración del «Manifiesto contra la impunidad por la guerra de Iraq», que se presentó el 31 de Mayo y cuyos ejes fundamentales van en la línea de lo que he expuesto anteriormente.
Este Manifiesto, además de suponer una carta de presentación de la Plataforma y una declaración de intenciones, debe servir para hacer crecer la Plataforma sumando adhesiones allá donde sea posible, y para ello se puso en marcha un formulario electrónico hace apenas unos días para que cualquier ciudadanos pueda sumarse a la Plataforma. Inicialmente se pidió la adhesión de personalidades destacadas a las que han seguido las de miles de ciudadanos.
Entre las más destacadas están José Luis Sampedro, Carlos Taibo, Noam Chomsky, Julio Anguita Gonzalez, Carlos Jimenez Villarejo, José Manuel Martín Medem, Pascual Serrano, José Luis Pitarch, Pilar de Río, Jaime Pastor, Javier Sádaba, Francisco Frutos, Felipe Alcaraz, Carmen Lamarca, Kalvellido, Decio Machado, Ramón Fernández Durán… y muchas más, incluso Jorge Vestringe.
Hasta el momento, casi 3000 ciudadanos de toda España se han unido a la Plataforma a través de internet. La web es juicioaaznar.net. Los miembros de la plataforma poco a poco se deberán ir organizando por ciudades y profesiones y se integrarán en los distintos trabajos en la medida que lo deseen. Va a ser muy importante poder contactar rápidamente con el mayor número de miembros de la Plataforma posible, tanto para organizar asambleas en las distintas ciudades como para llevar a cabo tareas concretas. Abogados, diseñadores gráficos, procuradores, cineastas, periodistas…
¿Cuales son las próximas tareas que abordará la Plataforma?
En primer lugar, seguir aumentando el número de miembros dando a conocer la iniciativa por todos los medios que sea posible. Confiamos en que al menos unas 15.000 o 20.000 personas se unan a la Plataforma durante los próximos meses.
Por otro lado, se irán organizando actos de presentación de la plataforma en todas las ciudades y pueblos en los que sea posible, impulsando allí la creación de grupos organizados, siempre con la vista puesta en que debemos ser, cuantos más mejor, y cuantos más organizados mejor, para cuando se comiencen las acciones legales, y las acciones de calle para apoyarlas. Hoy estamos en Gijón, en Septiembre estaremos en Valencia y se están planificando actos en Barcelona, Segovia, Salamanca y Sevilla.
Se está trabajando también en tareas de propaganda. Camisetas, pegatinas, octavillas y la propia web. Para los diseños hemos recibido el apoyo incondicional de Kalvellido, que seguramente nos acompañará con sus dibujos durante todo el proceso, además de el de otros diseñadores gráficos que se han puesto a disposición de la Plataforma.
Además se está trabajando en diversos actos para la Fiesta del PCE, que puede ser un momento importante para dar a conocer la Plataforma a gente de toda España, sumarlos a ella, y a que se vayan con los deberes de organizar estos grupos organizados de los que hablaba.
Se está preparando un coloquio en el que esté representado el ámbito universitario, el jurídico, el periodístico y el cultural, y además se va a empezar a intentar a sumar al mundo de la cultura y las artes escénicas a los trabajos de la Plataforma. Se está contactando con diversos grupos teatrales para que organicen durante esos tres días, y quizá más allá, actuaciones, performances o pequeñas representaciones teatrales en la calle para concienciar a los ciudadanos de la necesidad y de la posibilidad de llevar a los responsables de la guerra de Iraq ante los tribunales.
En la Fiesta se harán otras muchas más cosas, pero la cita más importante será en Noviembre. Ese mes se organizarán una Jornada abiertas de Juristas en las que se tratará de volcar toda la elaboración producida hasta el momento, de fijar ya con una mayor precisión cuales son los problemas jurídicos centrales, de decidir las acciones a interponer y quién se encargará de elaborarlas. Deben constituir también un momento de especial difusión de la plataforma y de constatación de los apoyos y colaboraciones recibidas y de llamamiento para otras nuevas. Ese mismo debe ser el momento inicial de una gran movilización ciudadana a nivel estatal, en la que podría caber una recogida de firmas por todas las ciudades y pueblos de España. Estamos seguros de que podríamos recoger millones.
Sin ánimo de extenderme mucho más me gustaría finalizar resaltando varias cuestiones.
En primer lugar que no tenemos ninguna prisa. Sabemos que el proceso puede ser muy largo y la Plataforma no nace con vistas a las próximas elecciones generales. Los trabajos irán mucho más allá del próximo mes de Marzo aunque tambien somos conscientes de que si las gana el Partido Popular no vamos a tener las cosas nada fáciles.
Que no vamos a recibir ningún apoyo de los grandes medios de comunicación a no ser de que, en determinado momento, les pueda interesar como una cuestión electoralista a favor o en contra de PSOE o PP. Es así como funcionan. No nos preocupemos; que se peleen entre ellos, que hablen de nosotros aunque sea mal. Aprovechémoslo y sigamos trabajando, porque en marzo se olvidarán de nosotros. No nos olvidemos nosotros de lo que nos ocupa.
Estamos seguros de que hay base legal para llevar a Aznar ante los tribunales y confiamos que con la ayuda de juristas y profesionales comprometidos encontraremos los caminos que ahora parecen bloqueados o infranqueables.
La razón de ser de esta Plataforma no es la persecución obsesiva de un individuo, por mucho odio y recelo que pueda despertar, sino que quienes colaboren en una guerra ilegal no deben salir impunes por el mero hecho de desempeñar un puesto de prominencia política.
Por último, destacar que nuestra intención es que los ciudadanos recuperen el convencimiento de que son ellos los protagonistas de la historia, y que en sus manos está en que los dirigentes por ellos elegidos no pueden hacer lo que les de la gana, y que pagarán sus crímenes, sus ilegalidades y sus abusos.