Sobre la iniciativa de «consulta» del Lehendakari La actual coyuntura se caracteriza, en nuestra opinión, por los siguientes elementos: la ruptura de la tregua de ETA con la vuelta a los atentados mortales y el recrudecimiento de la kale borroka; el encarcelamiento de casi toda la dirección de Batasuna y el proceso judicial contra el […]
La actual coyuntura se caracteriza, en nuestra opinión, por los siguientes elementos: la ruptura de la tregua de ETA con la vuelta a los atentados mortales y el recrudecimiento de la kale borroka; el encarcelamiento de casi toda la dirección de Batasuna y el proceso judicial contra el Lehendakari, dirigentes del PSE-EE y de Batasuna en un marco de politización de la Justicia; la continuidad de la política penitenciaria del Gobierno central y, como telones de fondo, el bloqueo del cambio dialogado del marco jurídico en la Comunidad Autónoma o de nuevas alianzas en Navarra.
Todo esto se produce en un contexto en el que la gestión de los procesos de paz y de normalización política, por parte del Gobierno central, de ETA y de las principales fuerzas políticas vascas, han fracasado y se han roto los puentes de diálogo.
La valoración de la iniciativa de «consulta» del Lehendakari y de las reacciones que ha provocado -muy beligerantes las del Gobierno Zapatero o de tibia acogida en algunos otros- debe situarse en ese marco.
Desde Elkarbide pensamos que tanto la actitud ante la «consulta», como el camino que ésta debería recorrer, han de situarse en un proyecto multilateral e indivisible en cuatro direcciones: el derecho de decisión; el cese definitivo de ETA; la defensa de los derechos y libertades democráticas -incluyendo el derecho de todas las posiciones políticas a defender sus proyectos en pie de igualdad y la derogación de la Ley de Partidos- y las medidas de humanización respecto a víctimas y presos. Defendimos estas premisas cuando la situación abierta tras la tregua amenazaba crisis y creemos que siguen siendo válidas. Es necesario restablecer el diálogo político o tomar iniciativas para poder volver al tajante esquema que casi todas las fuerzas aceptaron en la última tregua de ETA: negociación entre el Gobierno central y ETA sobre la violencia y sus secuelas, y negociación entre las fuerzas políticas vascas sobre contenidos resolutivos.
Nuestra reflexión sobre la «hoja de ruta» del Lehendakari es desde esa perspectiva.
Somos, en general, favorables a las consultas a la ciudadanía sobre cuestiones significativas y que condicionen futuros desarrollos de resoluciones institucionales. Igualmente creemos que las consultas tienen que ser claras sobre lo que implica su contenido. Con estas dos condiciones -relevancia y claridad- una consulta no sustituye a las formas habituales del sistema de decisión (parlamentos y gobiernos decisorios tras procesos electorales en pugna) pero refuerza o complementa, participativamente, esos canales regulares en momentos y cuestiones difíciles o que requieran legitimación adicional.
En la «hoja de ruta» diseñada por el Lehendakari se cumplen los requisitos de relevancia y claridad: propone dos consultas relevantes y es una propuesta clara sobre lo que implica una u otra opción, y con calendario.
Tiene sentido tomar una posición a favor de los contenidos de las preguntas sometibles a consulta (negociación no política con ETA si se da el fin de la violencia y negociación política entre partidos). Muchos ciudadanos que tienen conciencia de pertenecer a una comunidad nacional entienden que hay derecho a decidir sobre su autogobierno sin que tal decisión esté sometida a lo que se acepte o se dicte en otras instancias. Otros ciudadanos son simplemente favorables a participar constructivamente en la resolución de problemas.
Son razonables opciones, pero también lo son la de no apoyar la propuesta o la de considerarla inoportuna. Efectivamente otros ciudadanos vascos no creen que seamos una comunidad política nacional con derecho a decidir, mientras otros piensan que no es el momento para una consulta. Cabe sugerirles que en este país convulso es casi imposible elegir los momentos óptimos y parece que no hay que desaprovechar las ocasiones de mover a los instalados en el conflicto. La virtud fundamental de la «hoja de ruta» es que mueve las aguas en la buena dirección, haya o no próxima consulta.
En cambio, es más dudosa la legitimidad de las posiciones que niegan el principio y el valor mismo de consultar a la ciudadanía. Es de democracia de lo que hablamos.
La propuesta es, pues, un irreprochable ejercicio de democracia en cuanto que posibilita que futuras decisiones políticas se fundamenten en las demandas ciudadanas. El alarmismo sobre el riesgo de fractura social de estas consultas es demagógico. La ciudadanía vasca es sobradamente madura para emitir su opinión, y tiene todo el derecho a hacerlo sin que intereses partidarios se lo impidan.
El débil argumento de la ilegalidad de la primera consulta procede, o bien de quienes por interés político y electoral pugnan por gobernar España, o bien de juristas con una visión constrictora del Derecho respecto a determinados derechos y libertades. Si hubiera habido un acuerdo entre Zapatero e Ibarretxe (primer paso propuesto por Ibarretxe) ni la más estricta lectura de la Constitución huebiera impedido poner en marcha el proceso. Como no lo ha habido por el momento, el propio Lehendakari ha reconocido que la consulta no tendría valor jurídico, sino que sería «habilitadora» o de mandato ciudadano para que se vuelva a los diálogos por la paz, la normalización y la articulación del derecho a decidir de la sociedad vasca. ¿Por qué no puede el Parlamento Vasco tomar una iniciativa así?.
El segundo paso de la hoja de ruta sería elevar a consulta ciudadana un acuerdo previo de contenidos entre todos los partidos o, al menos, entre la mayoría del Parlamento Vasco. Esto se ajusta a la legislación. El problema reside también en que el Gobierno central dice que no la autorizará. Eso no tendría nada que ver con las posibilidades legales de la propuesta; sería sólo pura oposición a una vía democrática de participación ciudadana y a una iniciativa de nuestra institución central: el Parlamento Vasco.
En otro plano distinto, se ha criticado la hipotética consulta indicando que no incluía a Navarra. Pero sólo a las fuerzas políticas y sociales navarras les corresponde abrir el proceso -y a su ciudadanía resolverlo- sobre otro modelo de articulación política, por ejemplo, con la Comunidad Autónoma Vasca. No cabe suplantar a Nafarroa. Se pueden plantear -con el debido respeto- opiniones o propuestas. Por ejemplo, en la negociación para un referéndum resolutivo de la iniciativa del Lehendakari, se incluye «el marco de relaciones, tanto internas como externas, que deseamos mantener».
La iniciativa tiene el apoyo de los tres partidos del Gobierno Vasco y de Aralar. Es una representación política importante, pero no llega a la mayoría parlamentaria. Además, no se ha acordado la propuesta con los sindicatos y otros agentes sociales significativos antes de lanzarla. En ese aspecto las dudas o las críticas no carecen de fundamento, máxime cuando en ocasión del nuevo Estatuto Político –aprobado en la anterior legislatura y rechazado después por el Congreso de los Diputados- apenas se abrió el debate social.
Con todo, el riesgo de que el fracaso negociador que se ha producido durante el periodo de tregua de ETA se convierta en una insalvable brecha para el futuro es evidente. Dejar pasar el tiempo o esperar sin más a que las fuerzas políticas, el Gobierno central y ETA reconstruyan los puentes rotos, aleja sine die la solución o canalización de los conflictos. Los riesgos o problemas que pueda traer la forma en que se ha tomado la iniciativa son infinitamente menores que no haberla tomado.
Pero ahora es imprescindible abrir la propuesta a la participación, al debate y a la crítica social; sí, también a las críticas que puedan formularse al contenido o a la «hoja de ruta». Existe el peligro de que quede en propiedad de un Gobierno ensimismado y que la participación social se reduzca, caso de celebrarse, al día de la consulta. En su discurso ante el Parlamento Vasco, el Lehendakari dijo que «la enseñanza fundamental que nos han dejado este intento fracasado y todos los anteriores, es que la sociedad vasca debe asumir un papel protagonista a lo largo de todo el proceso». De eso se trata, efectivamente. Y por ello es tan importante que se pongan en marcha mecanismos de participación ciudadana, entre otros los diseñados desde la UPV/EHU mediante acuerdo de su Rector y el Lehendakari y avalado por el Consejo de Gobierno universitario.
Erraría la «hoja de ruta» si no se entroncara como una parte de la defensa global de derechos humanos y democráticos. Entre las «estrategias fracasadas» el Lehendakari citó la «unilateralidad» en la defensa de tales derechos. Pues bien, tampoco esta iniciativa puede plantearse como una vía unilateral y separada de los mismos. Medidas para la humanización del conflicto, oposición abierta a las violencias, defensa activa del derecho de la izquierda abertzale mayoritaria a su proyecto, son el indivisible y multilateral escenario en que debe situarse la consulta. Y de la misma manera que el Lehendakari ha manifestado la disposición a intentar llevarla adelante pese a las amenazas, de esa misma manera debería responder el Gobierno Vasco a otras actuaciones contrarias a la paz y la normalización.
La coherencia entre discurso y práctica será la «prueba del algodón» de esta iniciativa.
* Ramón Zallo, Petxo Idoiaga, J. Manuel Castells, Pedro Ibarra, Jon G. Olaskoaga, Luis Bandrés, Baleren Bakaikoa y Patxi Zabalo, miembros de Elkarbide, iniciativa universitaria por el diálogo.