Como era de esperar, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el juicio a los dirigentes del «procés» no ha contentado a casi nadie. La prensa conservadora de la capital echa pestes de unos magistrados que no habrían dado a los secesionistas el escarmiento que merecían. En el polo opuesto, el independentismo habla de […]
Como era de esperar, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el juicio a los dirigentes del «procés» no ha contentado a casi nadie. La prensa conservadora de la capital echa pestes de unos magistrados que no habrían dado a los secesionistas el escarmiento que merecían. En el polo opuesto, el independentismo habla de venganza y atentado contra los derechos humanos. A sus ojos, sólo la absolución de los encausados podía hacerles justicia. La realidad se antoja, sin embargo, mucho más matizada.
La sentencia es muy dura por cuanto a las penas que dicta. El cómputo de 100 años de prisión para las nueve personas condenadas no podía por menos que avivar las pasiones. Una salida al bloqueo de la situación – por no hablar de una solución al conflicto catalán – parecen alejarse aún más. No obstante, la propia sentencia explicita que no incumbe a la justicia resolver una cuestión eminentemente política. Y contiene elementos que merecen ser tomados en consideración. El Supremo desestima el delito de rebelión esgrimido por la Fiscalía y retiene el de sedición, al considerar que los acusados no recurrieron a violencia instrumental alguna para lograr sus fines. Algunos juristas han alertado del riesgo de hacer extensiva la consideración de sedición a cualquier forma de resistencia pasiva a la autoridad -objeción que el Supremo sortea, aduciendo que no se refiere a una protesta social puntual, sino a una acción territorialmente extendida, prolongada y planificada. Otros, como Antoni Bayona, han señalado la contradicción entre la cuantía de las penas y la descripción de los hechos probados, dado que para el alto tribunal los acusados nunca estuvieron en medida de materializar sus proclamas, ni de doblegar al Estado español.
Lo cierto es que la sentencia aplica las penas previstas por el Código Penal después de haber encajado laboriosamente en la figura delictiva de la sedición los hechos acaecidos durante el otoño de 2017. Un episodio inédito, en que la mayoría de un parlamento autonómico decidió situarse al margen de la ley. Pero, al mismo tiempo, el Supremo rechazó la petición de restringir el disfrute de beneficios penitenciarios a los condenados -algo que les permitiría, contando que llevan ya dos años de gravosa prisión provisional, acceder a permisos de salida o incluso al tercer grado en no mucho tiempo. Cabría hablar, pues, de una sentencia muy severa… cuyos rigores podrían ser notablemente atemperados por el régimen carcelario.
Pero no están los ánimos para lecturas sosegadas. Y menos en plena campaña electoral. El independentismo ha reaccionado con una serie de movilizaciones y protestas que han demostrado una vez más su capacidad de convocatoria. Pero que han puesto de relieve también otras cosas. Los episodios de violencia vividos en las calles de Barcelona indican que, para una parte del movimiento, sin duda entre los más jóvenes, la frustración se está tornando en ira ante la incapacidad de los dirigentes para proponer una perspectiva política viable. El genio que les concedió el deseo de seguir en el poder no se resigna a volver a su lámpara. Los últimos acontecimientos han evidenciado la pugna entre los descendientes de Convergència y ERC por la hegemonía del independentismo. Un govern que no gobierna, que carece de presupuestos, que incita a salir a la calle y, luego, vacila entre condenar los actos de vandalismo o la acción policial…
Torra declara ante el Parlament que «volverá a hacerlo»: otro referéndum unilateral y la proclamación de la República tras un «proceso constituyente». Y su socio de gobierno declara que no estaba al corriente. ¿Era esto el tan cacareado momentum ? Lo que parece cierto es que una parte del independentismo apuesta por la política de «cuanto peor, mejor»: mantener la tensión y frustrar la posibilidad de un gobierno progresista en España. Tras la sentencia sería la hora de hacer política. Pero tal vez eso requiera nuevos liderazgos.
Blog del autor: https://lluisrabell.com/2019/10/18/paisaje-despues-de-la-sentencia/