La siniestralidad laboral que ha sufrido el trabajador inmigrante de origen boliviano, Franz Melgar de 33 años, en una panadería de Gandía-Valencia, en España, el pasado 28 de mayo, es una gota más en el océano de las tragedias impunes que soportan cotidianamente en silencio los colectivos de inmigrantes indocumentados. Sólo que esta vez la […]
La siniestralidad laboral que ha sufrido el trabajador inmigrante de origen boliviano, Franz Melgar de 33 años, en una panadería de Gandía-Valencia, en España, el pasado 28 de mayo, es una gota más en el océano de las tragedias impunes que soportan cotidianamente en silencio los colectivos de inmigrantes indocumentados. Sólo que esta vez la sangre del mencionado trabajador, por la amputación violenta de uno de sus brazos, saltó hasta las cámaras de la televisión. Situación que «conmovió» a ciertos sectores de la sociedad española, porque una arista de la realidad permitida en el submundo privado restregaba a la moral pública española de los derechos humanos.
En España existen cerca de 1.5 millones de inmigrantes indocumentados, que como Franz no sólo amasan el pan que se consume en España con su sangre, sino que con sus trabajos mal pagados, y en condiciones de semi esclavitud laboral, sostienen y subvencionan al Estado de Bienestar.
Cientos de miles de mujeres sudamericanas y africanas cuidan a las criaturas y personas ancianas dependientes en los hogares españoles sin que medie ningún contrato laboral, porque el servicio (servidumbre) doméstico en España aún no es del todo considerado un trabajo. Por eso, la Ley establece el contrato escrito como voluntad discrecional del empleador para esta actividad.
Para los y las inmigrantes indocumentados, este servicio se constituye en verdaderas «cárceles domiciliarias» porque, al no contar con el permiso de residencia, no pueden salir a la calle con libertad por miedo a las asechanzas de la policía que los persigue como a delincuentes. De este modo, quienes están en los servicios domésticos, en calidad de internas, no sólo trabajan entre 12 a 14 horas diarias, sino que están a disposición las 24 horas del día para los gustos y disgustos de sus empleadores. Sin vacaciones. Sin ningún tipo de seguro al no contar con un contrato laboral. Sin poder hacer vida social, ni familiar. Sin poder visitar, ni recibir la visita de sus seres queridos de sus países de origen. La gran mayoría vive estresada al límite, con permanentes dolores cervicales porque cuidan a personas en condiciones límites. Todo esto, a cambio de un sueldo promedio de 600 euros mensuales, que en ciudades como Madrid el alquiler mensual de un piso aún no baja de los 700 euros.
Éste es parte del precio del creciente ejercicio profesional y vida pública de un buen sector de la mujer española en los últimos tiempos. Las mujeres inmigrantes están liberando a muchas mujeres españolas. Éste es el crisol más evidente de cómo el Estado de Bienestar español, ahora, en serio proceso de malestar, se sostiene sobre las espaldas de la mujer inmigrante, porque el cuidado de la infancia y de las personas dependientes le corresponde al Estado.
Colectivos de inmigrantes indocumentados, incluido el boliviano (uno de los principales grupos de indocumentados), ante el silencio cómplice del Estado español, engordan con su trabajo la economía sumergida en España. Empresarios que exigen seguridad jurídica para sus inversiones en los países de origen de inmigrantes, amortiguan sus pérdidas financieras en tiempos de crisis con el trabajo mal pagado o no pagado a inmigrantes indocumentados. Mientras, ahora, la economía oficial española decrece, la economía clandestina en este país creció el pasado año en cerca de 2%. Ya en el 2006, la economía sumergida representaba el 23% del PIB español (Naïr, 2006).
Este es el problema de fondo de la sobre explotación humana en el mismísimo corazón de la envejecida civilización de los derechos humanos. Problema que cobra ribetes de película en épocas de crisis. Claro, los Estado ricos dan dinero a los bancos, éstos no quieren prestar dinero a los empresarios, y los empresarios de alguna manera tienen que mantenerse a flote (es una explicación, mas no una justificación), para ello echan mano de inmigrantes indocumentados como de simples instrumentos laborales desechables (el acto de arrojar a la basura el brazo cercenado de Franz y abandonarlo cerca de un hospital, vertiéndole serias amenazas…, es la materialización de la visión utilitarista del empresariado «ilustrado», en buena medida reflejo de la civilización occidental). El o la inmigrante, según la estructura sociopolítica española, no es sujeto de derechos. No tiene derecho a tener derechos. Es un no-sujeto. Un instrumento laboral, más no una persona. He aquí la razón del por qué son reducidos a simples insumos rentables para la viabilidad del sistema del Estado de Bienestar.
Pero, lo que más irrita a la inteligencia es la capitalización política que el gobierno español y algunas autoridades del cuerpo diplomático boliviano han hecho de la desgracia Franz. El gobierno socialista español, para congraciarse con el potencial de inmigrantes electores, aprovechó la ocasión y concedió en cuestión de horas un permiso de residencia laboral a Franz.
¿De qué le sirve a un inmigrante discapacitado un permiso de residencia laboral? Además, Franz expresó públicamente su deseo de volver a Bolivia porque sabe que un inmigrante discapacitado es un muerto en vida en el extranjero. ¿Acaso no es lo más sensato conceder permisos de residencia laboral a los cientos de miles de inmigrantes que trabajan en condiciones de semi esclavitud, silenciados por las amenazas de sus empleadores inescrupulosos y condenados a la clandestinidad por la persecución policial?
Quizás sólo así puedan ser creíbles las expresiones de sentimientos humanos manifestados por los políticos ante la tragedia de Franz, iceberg del submundo de las tragedias escondidas de indocumentados. De lo contrario, la (des) consideración de inmigrantes como simples músculos cercenables para sanear la economía, por parte del gobierno español, y como ausentes temporales rentables, fuentes de divisas económicas, por parte de los gobiernos de los países de origen, continuará siendo una evidencia irrebatible. Mientras tanto, nadie que se sienta heredero consciente y parte del patrimonio del avance de los derechos humanos podrá callar sin remordimiento ante la tragedia permanente y silenciosa de sus semejantes.