No tengo intención de alimentar la leyenda de que fueron los laboratorios farmacéuticos los creadores del ya famoso virus A/H1N1 -responsable de la fiebre porcina, la influenza, la gripe A o como quieran ustedes etiquetarla-. Pero existe un móvil que los hace tan merecedores de recelo como lo fue el gobierno de George W. Bush […]
No tengo intención de alimentar la leyenda de que fueron los laboratorios farmacéuticos los creadores del ya famoso virus A/H1N1 -responsable de la fiebre porcina, la influenza, la gripe A o como quieran ustedes etiquetarla-. Pero existe un móvil que los hace tan merecedores de recelo como lo fue el gobierno de George W. Bush cuando el derribo de las Torres Gemelas de Nueva York. Si al genocida tejano le vino de perlas la tragedia para implementar las políticas imperialistas dictadas por el complejo industrial-militar-energético que dominaba su gobierno y recortar los derechos civiles en aras de una supuesta seguridad mundial, a los laboratorios farmacéuticos GlaxoSmithKline y Roche les ha resultado milagrosa la aparición de esta nueva variante de gripe. Tras las oportunas y eficaces recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre sus antivirales, Relenza y Tamiflu, respectivamente, como los únicos capaces de combatir con éxito la gripe porcina, estos laboratorios han elevado casi un 5% el valor de sus acciones y, de paso, recuperado unos miles de millones que hubieran perdido irremediablemente después de haber sido controlada la supuesta pandemia de la famosa gripe aviar. Tras los atentados del 11-S de 2001 había sido la alemana Bayer, propietaria de la licencia de un antibiótico eficaz contra la bacteria del ántrax, el Ciprobay, quien hizo caja aprovechando el temor de posibles atentados con armas biológicas tras la muerte de tres personas contagiadas por esa bacteria en octubre de aquel año. Así se acuñó el término «marketing del miedo».
La escasa mortalidad, a pesar de la alarma generada en un principio, y la rapidez con que los gobiernos se han hecho con lotes de estos fármacos -incluso Obama ha solicitado al Congreso 1.500 millones de dólares para luchar contra el brote y Trinidad Jiménez, la flamante ministra española de Sanidad, ha firmado un acuerdo con Roche para la compra de una partida extra de su antiviral- hacen pensar que esta pandemia se pueda convertir, si no en una excusa, sí en una esplendida ocasión de acudir al rescate de los laboratorios farmacéuticos como antes se ayudó a los bancos y luego a los fabricantes de coches, eso sí, sin invenciones tan perversas. En cualquier caso, estos rescates se hacen con dinero público, así que con nuestros impuestos se financian las pérdidas de las multinacionales. «Es por la crisis», dicen ellos.
La inexistencia de una industria farmacéutica en Canarias no ha sido un obstáculo para que la plutocracia ultraperiférica -Coalición Canaria (CC) y PP- con la bendición del Psoe, contribuya al mantenimiento de la misma, será cosa de la globalización. La cuota canaria ha sido muy generosa históricamente: en 2006 el gasto farmacéutico fue de 39.23 millones de € siendo el incremento con respecto al año anterior el mayor del estado, un 18,85%. Según datos de marzo de este año, lejos de reducirse, sigue aumentando a un ritmo del 10 % anual, algo que debe tener muy contentos a los laboratorios que con seguridad les premiará trayendo a las islas algún congreso médico financiado, eso sí, con subvenciones de los gobiernos central y autonómico para regocijo de la patronal turística.
Pero no queda aquí la cosa. El negocio privado de la enfermedad, tan ligado a los laboratorios y, sobre todo, a algunas familias isleñas, tiene muy buena salud, todo gracias a la inestimable labor de los sucesivos gobiernos autonómicos que han conseguido con un éxito espectacular traspasar ingentes cantidades de capitales públicos a clínicas y centros de diagnóstico privados. Mercedes Roldós del Partido Popular (PP), Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, ya nos avisó al poco de tomar posesión del cargo en 2008 cuando afirmó: «No voy a tener complejos en usar la sanidad concertada». La excusa de la Consejera fue que así se mejoraría la calidad asistencial, sin embargo, y a pesar de las encuestas falseadas, la falacia ha quedado al descubierto y la sanidad canaria lidera todos los rankings negativos del Estado.
Si en 2005 el concierto era de «sólo» 90 mill. de euros, el año pasado han sido 433 millones los que han ido a parar a clínicas privadas únicamente para intervenciones quirúrgicas y es así porque, como ha denunciado el Dr. Carlos García (http://www.sanborondon.info/content/view/12836/1/), miles de pacientes que podrían ser operados en los infrautilizados centros del Servicio Canario de Salud son derivados a centros privados . Por otro lado, no es de extrañar que el número de camas en la sanidad privada en Canarias represente más del doble de la media nacional (6,88) teniendo en cuenta que los conciertos han llegado a constituir el 35% del presupuesto del Servicio Canario de Salud (SCS).
Ahora centrémonos en Tenerife. Aquí los hospitales públicos, que parecen estar siempre en obras, se concentran en el área metropolitana; esta centralización asistencial añade a los graves trastornos ocasionados por los problemas estructurales de la sanidad canaria -escasez de médicos y de gestores cualificados, déficit en la medicina primaria, ausencia de medicina preventiva, impresionantes listas de espera, masificación de las urgencias, las consultas y otro servicios, etc.- la molestia de tener que desplazarse, a veces a diario, más de 100 Km. a miles de pacientes y sus familias. La aparente resignación de la población ante un tema tan sensible como este que, ante la ineptitud de los gobernantes, parece cifrar todas sus esperanzas de mejora en un milagro de la Virgen de Candelaria -a la que piensan traer próximamente en procesión hasta el Hospital Universitario- contribuye a una desconcertante «paz social» donde no se aprecia ningún síntoma de reacción por parte de las organizaciones de trabajadores a pesar estar acompañada de elevadísimas tasas de paro (26 %) y de que ya sean más de 500.000 personas las que viven por debajo del umbral de la pobreza. Será por eso que los llamados Hospitales del Norte y del Sur duermen el sueño de los justos desde que fueron aprobados en el año 2000 por el Parlamento de Canarias (CC, PP y Psoe) después de rechazar la toma en consideración de una Iniciativa de Legislación Popular con 36.000 firmas. Realmente lo proyectado no son verdaderos hospitales como demandaba la población de esas partes de la isla sino centros sociosanitarios de muy dudosa efectividad.
No quisiera avivar la leyenda de que el «Señor de la Sanidad» en la isla, Pedro Luis Cobiella, propietario del grupo Hospiten, un emprendedor entradito en años, más de 70, que ya en 2004 recibía de sus amigos del Gobierno de Canarias nada menos que el 61% del presupuesto para la concertación con las clínicas privadas de Tenerife y que no parece saciar nunca su apetito de hombre rico sea el responsable de la ralentización de las obras. Sin embargo, echando un vistazo a la distribución de sus clínicas no se necesita ser un lince para entender a quién beneficia el parón, incluso cómo y por qué se ha obstaculizado durante tanto tiempo la construcción de estos centros: Hospiten posee en el norte de la isla, concretamente en el Puerto de la Cruz, la clínica Bellevue y la clínica Tamaragua; en el sur, en Las Américas, Hospiten Sur; y en Santa Cruz de Tenerife, Hospiten Rambla. También posee clínicas en Lanzarote y Gran Canaria, en Málaga, en República Dominicana y México.
Lo cierto es que ya son demasiados los años que soportamos la pandemia canaria de las privatizaciones. Algo habrá que hacer, y pronto ¿Qué tal si empezamos todos por exigir que se declare ilegal hacer negocio con la enfermedad?