La Pandemia del Covid 19, producirá ineludibles efectos, sociales, económicos y políticos en todo el planeta, pero con mayor severidad en naciones que no disponen de un Sistema de Salud, capaz de responder adecuada y oportunamente a la insalubridad y letalidad del flagelo y con condiciones socioeconómicas agudamente desventajosas.
La actitud y decisiones diversas de los gobiernos, para responder a la amenaza y tratamiento de la pandemia y los resultados obtenidos en cada nación o territorio, proporcionará elementos de juicio y propiciará conclusiones, para potenciar la capacidad de respuesta y logro de buenos resultados y para asumir las responsabilidades necesarias e integrales en materia de salud, ante cualquier eventual amenaza futura.
Debe motivar y decidir a los jefes de gobierno y Órganos del Poder Público y en particular al colombiano, a asumir las responsabilidades políticas y sociales que le corresponde, para redefinir, a la mayor brevedad posible, la estructura y Marco Legal Institucional del Sistema Nacional de Salud.
La estructura y Marco Legal del Sistema Nacional de Salud vigente en Colombia, permitieron convertirlo en negocio al servicio de oportunistas, corruptos y politiqueros, explotadores de los recursos públicos y de los trabajadores de la salud.
Es un sistema al servicio de la acumulación de capital, incondicionalmente consonante con los objetivos de explotación y dominación del Consenso de Washington, sumisamente aceptado y suscrito (1989) por gobiernos de naciones en desarrollo.
Con dicho Consenso, se profundizo el capitalismo y el sometimiento de las naciones de menor desarrollo, se hipotecó la soberanía de naciones, se renunció a la equidad socioeconómica y al desarrollo nacional integral responsable y se estructuró el marco constitucional e institucional, para garantizar la explotación de los recursos nacionales y el libre accionar del capital nacional y transnacional, en todos los sectores de la actividad econó0mica nacional.
De ahí surgen las causas de la precariedad de la infraestructura, dotación y logística, del Sistema Nacional de Salud, de la pésima calidad de los servicios que suministra a los ciudadanos que los requieran y el carácter de negocio para producir utilidades, a particulares.
El sector privado domina el negocio y el capital transnacional progresivamente se apodera del mismo, como ocurre en todos los sectores de la economía nacional.
La problemática del Sistema Nacional de Salud de Colombia, está sobre-diagnosticada. Se conocen las casusas de su precariedad e inaceptables deficiencias del servicio. Se conocen los efectos de la Pandemia de la Corrupción, que se apoderó de él y la inoperancia cómplice de la justicia y órganos de control. No obstante, los gobiernos y el régimen institucional, se niegan a reestructurarlo para ponerlo al servicio de la ciudadanía y para que cumpla con los postulados sociales constitucionales vigentes.
Los gobiernos y la institucionalidad privilegian y garantizar los intereses y objetivos del gran capital nacional y transnacional, en contra de los intereses y los derechos fundamentales de las mayorías nacionales.
Los gobiernos hacen aspavientos sobre propósitos de control y mejoramiento. Pero el resultado siempre es negativo. Con más de 200 decretos reglamentarios y dos leyes reformatorias de la ley 100 y una estatutaria, los resultados son cada día peores. Las leyes que lo rigen, mantienen caprichosamente todos los factores que lo hacen inviable. Basta analizar los indicadores de calidad y eficiencia y compararlos con naciones que han logrado niveles de servicios responsables.
La Ley 1122/2.007, fue aprobada para mejorar la prestación del servicio. La Ley 1438/2.011, para fortalecer el sistema general de seguridad social en salud. Los resultados son totalmente contrarios al supuesto propósito.
El sistema es inviable, por corrupción e irresponsabilidad de los gobiernos y no por falta de recursos monetarios.
Los recursos financieros del sistema, provenientes del Situado Fiscal, para el 2.018 superaron los $56 billones, además dispone de otros ingresos. Suficientes para garantizar, bajo racional control y vigilancia del Estado, servicio en salud de calidad, a todos los colombianos que los requieran.
Todos los gobiernos han sido defensores incondicionales de las EPS privadas. En particular los gobiernos del Sr. Uribe Vélez, para acabar con las EPS y feriar el patrimonio hospitalario público, hasta lograrlo.
Uribe, señaló como causa de la crisis financiera del sector, a la irresponsabilidad médica. Criminalizó el ejercicio médico, por recetar remedios demasiado costosos, cuando él mismo ordenó desregular los precios, entre 2.002 y 2.006. Las EPS y ARS tenían definido el porcentaje que debían destinar a la atención en salud y a gastos de promoción y administración. No lo respetaron. Se dedicaron a capitalizarse con esos dineros. Nadie hizo control oportuno. El gobierno, como representante obsecuente de una clase política irresponsable, es el único responsable del precario soporte físico y de dotación y logística hospitalaria, de la pésima calidad del servicio y del caos económico que lo asfixia e inhabilita para responder por su misión.
Las EPS privadas, en 20 años, multiplicaron su patrimonio 177 veces. Sin eliminar totalmente la injerencia y dominio del sector privado, no puede haber solución.
La solución debe comenzar por acabar con la corrupción administrativa, reducir a cero la integración vertical, estructurar un sistema administrativo y operacional integral, capaz de reducir y racionalizar costos, en toda actividad y actuación relacionada con la salud, incluidos los costos de medicamentos y pago de servicios y suministros, de toda índole.
Es posible con voluntad política del gobierno, asumidas bajo el criterio de que los servicios y asistencia en salud, son un derecho fundamental de todo ciudadano y obligación del estado, satisfacer oportunamente ese derecho.