Panorama

Uno de los rasgos más llamativos de este momento histórico, que la posteridad juzgará con curiosidad, es la subestimación del vaciado constitucional que suponen las decisiones del Gobierno Rajoy, reformas que lo sitúan a la altura del primer Gobierno Suárez, dotando esta legislatura de una naturaleza muy diferente a todas las anteriores. Es necesario ser conscientes de esta conclusión radical: el Gobierno Rajoy cierra el período histórico de la Reforma iniciada con la sucesión monárquica parlamentaria de la dictadura franquista y, por lo tanto, estamos abocados a enfrentarnos no a unas reformas, unos decretos, unas leyes o unos gobernantes, sino al régimen constitucional de 1978 que ha sido arrimado al cuarto trastero bajo los auspicios de la Unión Europea, los Acuerdos Hispano-Norteamericanos y la OTAN.

Es necesario entender que, mientras se nos ha hecho creer durante más de cuarenta años que estábamos construyendo la convivencia en una poliarquía alimentada por los equilibrios democráticos entre liberales y socialdemócratas, acordados y previstos en la Constitución a cambio de los Pactos de la Moncloa y la renuncia a la revolución, ha sucedido que los desarrollos y evolución de los compromisos y contenidos del Tratado europeo y sus planes de convergencia, los acuerdos con Estados Unidos y el Tratado político-militar atlántico, han acabado convirtiéndose en la verdadera constitución española, en la verdadera esencia de qué es España y en qué consiste la soberanía nacional española.

Una parte liberal, tecnocrática y estatista de las elites herederas de la victoria fascista en la guerra civil -cuyo exponente es Manuel Fraga Iribarne-, firmemente anclada en todas las instancias del poder durante la dictadura y especialmente en el tramo final hasta la muerte del dictador, se salvaron con habilidad y guerra sucia de la segunda ola de la revolución en los años 70 y salieron indemnes de la Transición, apoyándose en las cúpulas del PSOE-UGT y el PCE-CCOO -con las que se entendió y pactó en la sombra, a diferencia de la extrema derecha vetusta y nostálgica-, y en la monarquía, donde el rey juega a la vez el papel de sucesor de Franco y protector de la modernización como garante de los intereses de Estados Unidos y las exigencias de la Comunidad Económica Europea a cambio de su respaldo a la Corona. El Gobierno Rajoy es la quintaesencia de esa elite postfranquista renovada, pero no es independiente sino profundamente servil a autoridades extranjeras que nunca se presentan a nuestras elecciones, nunca han sido elegidas por nosotros, no exponen sus proyectos al escrutinio democrático de la soberanía popular, sino conspiran constante e impunemente contra ella, es decir, contra las y los ciudadanos que la Constitución española dice amparar de derecho pero, dadas estas siniestras servidumbres, están desamparados de hecho.

Si algo tiene la reforma laboral de Rajoy es que concentra y simboliza ese desamparo mejor que ninguna otra decisión de un gobierno anterior. El objetivo no es, como antaño, parecernos más a los ciudadanos europeos: ahora se pretende que aceptemos benévolamente convertirnos en los nuevos chinos de la Vieja Europa, porque aunque parezcan un modelo lejano, son los trabajadores que hoy más se parecen al obrero industrial inglés, francés o alemán del siglo XIX, y a pesar de su envoltura comunista asiática son lo más parecido al proletario europeo presocialista, antes de que las democracias burguesas se convirtieran en Estados sociales y de derechos a sangre y fuego de insurrecciones y revoluciones. Sí, se nos pone como modelo la laboriosidad del chino, algo que el burgués inglés, francés o alemán consideraría un insulto nacional aquí lo celebran nuestros empresarios de éxito, españoles de mierda. El contraste no puede ser más chocante.

La reforma laboral se elabora a sabiendas de que su contenido es anticonstitucional, pero precisamente porque el Gobierno sabe que cuando venga a resolver el Tribunal Constitucional, cooptado por el Ejecutivo igual que el Consejo General del Poder Judicial y la Audiencia Nacional, la sentencia será bien favorable, bien inaplicable, o carecerá de eficacia real. El sistema judicial español ahora no está para defendernos, sino para proteger las decisiones no democráticas impuestas por el Gobierno a instancia de poderes extranjeros. Es decir, vaciada la Constitución y desfondado el Tribunal Constitucional, sometido el Gobierno al servilismo de Washington, Bruselas y «los mercados», es decir, la plutocracia del capital financiero internacional, ¿qué otra salida va a quedar que la revolución?

Otro tanto podemos decir de UGT y CCOO, que imponen el objetivo de introducir matices en una reforma laboral por ley, cuyos contenidos no difieren mucho de lo pactado en los últimos años con la patronal y en las empresas. Estos sindicatos no nos han convocado contra la reforma, sino a favor de su propia participación en ella, quieren que se siga contando con ellos y se les siga financiando y transfiriendo patrimonio según un modelo de pago por servicios de paz social implantado en los años 80 por Felipe González, quieren que se les siga perdonando la vida en el rosario de escándalos de corrupción que salpican la gestión de estas centrales, y se nos presenta esos intereses corporativos como interés público de toda la sociedad, de las y los trabajadores o las clases medias y hasta las PYMES. Es el colmo. Solamente las coaliciones sindicales ELA, LAB, ESK, Stee- Eilas, Ehne e Hiru en Euskafi y CIG en Galicia, son capaces de resistir este sistema corporatista de control y desamparo social de las y los trabajadores. A estos, y no a UGT y CCOO, corresponde en realidad haber convocado y fijado la fecha para la huelga general, a la cual se han sumado a rastras y a posteriori, con un discurso más parecido a una petición de disculpas que a un desafío, las dos grandes centrales amarillas y los sindicatillos de juguete que siguen su estela.

Si la realidad de una Constitución vacía y un Gobierno que emplea la soberanía popular para subyugarla a intereses extranjeros, al capital financiero internacional, es la cara del desamparo asalariado, la de unos sindicatos mendicantes, cortoplacistas y entreguistas es la cruz. Pero en el futuro se dibuja con trazo grueso una divisoria cada vez más profunda entre los eternos abanderados del mal menor que pretenden conducir todo conflicto de la cuestión social hacia cambios legislativos de consolación, y quienes están aviados y escaldados, ya no creen en eso y se aprestan a la rebelión contra la Constitución de 1978, pues ésta ha sido vaciada definitivamente por el Gobierno y, para ellos, solamente otro proceso constituyente puede representar una oportunidad de garantizar sus aspiraciones. A la trinchera que se está abriendo caen los nuevos pobres urbanos, jóvenes sin futuro, sin ideología, sin antecedentes ni experiencia alguna de organización, totalmente expuestos a la represión especializada del Estado, pero forzados por la recesión a reescribir la historia en las páginas en blanco del caos. Esta línea será la que separe a quienes se sacrifiquen por contribuir a recuperar la soberanía para decidir, de quienes piensan que podemos seguir sacrificados tragando con más de lo mismo y conformarnos con añagazas que no deciden nada que no sea la marcha atrás, como si la alternativa a la ola de la involución fuera una involución por goteo, como si la paz y el bienestar que ha disfrutado y está perdiendo nuestra generación no fueran fruto de la lucha y la escasez de nuestros padres y abuelos, que fueron conducidos a enfrentarse a muerte por la vida, perdieron una guerra civil y sufrieron una dictadura que, tal y como se nos presenta el panorama, pronto la extrema derecha española ya no tendrá motivos para echar de menos.

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