Contra el autismo de muchos países que hacen la vista gorda. La comunidad internacional tiene una responsabilidad esencial. Reducir el riesgo de un conflicto regional.
En Colombia existe un conflicto interno de dimensiones significativas y con trágicas consecuencias humanitarias. Para resolverlo, no cabe la vía militar y es imprescindible una opción política negociada. Tesis principales de la senadora liberal Piedad Córdoba, 55, pieza clave para mediar en la liberación de prisioneros en poder de la guerrilla y una de las voces más críticas a la política de Álvaro Uribe Vélez en sus últimos ocho años de poder.
Pocas semanas antes de las elecciones presidenciales del 30 de mayo próximo, Córdoba, quien realiza «La Gira por la Paz» por una media docena de países europeos, analiza la crudeza del conflicto interno colombiano y aboga por gestos políticos inmediatos, tanto del Gobierno como de la comunidad internacional, para revertir la profunda crisis humanitaria que afecta a ese país sudamericano.
P: Acaba de iniciar esta segunda semana de abril una gira europea que había ya pospuesto desde hace un tiempo. ¿Cuál es el principal objetivo de la misma?
R: La comunidad internacional debe reconocer que en Colombia hay un conflicto social armado. Nos preocupa el autismo de muchos países que motivados por sus intereses económicos y el de sus empresas transnacionales hacen la vista gorda sobre la realidad profunda que vive mi país.
En ese sentido, venimos a presentar una vez más el tema de los derechos humanos; hablar de la grave crisis humanitaria que confrontamos hoy. Y subrayar la necesidad de una salida política negociada para Colombia.
Por otra parte, queremos informar sobe el trabajo que realizamos en «Colombianos y Colombianas por la paz» a favor del intercambio humanitario y dejar constituidos comités en cada país. Y lanzar la propuesta de «Europeos a favor de la paz en Colombia».
Queremos también presentar nuestra iniciativa, impulsada en conjunto con el ex presidente Ernesto Samper, de «Coordinadora por el Intercambio humanitario»… En suma, buscamos activar a la comunidad internacional para que apoye la negociación en mi país. Justo en un momento en que el presidente Uribe cierra todas las puertas para el intercambio.
P: Sin embargo, voceros del Gobierno reiteran su voluntad política para la negociación…
R: Es un mero discurso para la galería. No corresponde con los hechos en la realidad cotidiana. Por ejemplo, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) han venido planteando una disposición política para el intercambio de prisioneros desde hace dos años… El hecho que la última liberación unilateral (finales de marzo) se haya retrasado casi un año es responsabilidad principal del Gobierno. Éste apuesta mucho más por la salida militar.
La doctrina de la «seguridad democrática»
P: Es decir, a la visión conceptual de la «seguridad democrática» que el presidente Uribe ha promovido durante toda su gestión gubernamental… Y que asegura haber obtenido éxitos evidentes.
R: El Gobierno considera como ejemplo de sus grandes éxitos, la «Operación Jaque» (ndr: liberación de Ingrid Betancourt en julio del 2008) o la operación militar que incluyó la invasión al Ecuador (ndr: en marzo 2008 que le costó la vida a Raúl Reyes, dirigente de las FARC).
Pero si se contrastan estos elementos con los casi 5 millones de desplazados internos; con los 5.000 casos de falsos positivos -civiles inocentes asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate- o los 200.000 desaparecidos en la última década de los cuales habla el último fiscal, llegamos a la conclusión que la política de seguridad constituye un total y rotundo fracaso. Sin menospreciar el impacto del 10% del presupuesto nacional destinado al rubro militar.
P: ¿Un balance mucho más negativo que positivo?
R: La política de guerra preventiva promovida por Uribe que se origina en los Estados Unidos en un inicio apareció como muy vistosa y presentable. Pero detrás de la misma no había más que la estrategia de control del territorio -beneficiando a los grandes intereses militares y económicos.
Esa misma estrategia le permitió al Gobierno identificar y denunciar como «terroristas» a todos los que no están de acuerdo con él . Yo misma estoy acusada de terrorista en mi país. Nunca he tomado un arma. Nunca he sido miembro de ninguna organización armada y pertenezco a un partido político legal.
Podríamos hablar de otros corolarios de la grave crisis humanitaria que produjo esa estrategia oficial. El descubrimiento de una fosa común en Macarena donde habrían sido enterradas 2.000 personas… Otro tema muy sensible que casi no recoge la opinión pública internacional es el de la situación de las cárceles; las torturas; los confinamientos indecorosos… Sin olvidar la denuncia de jefes paramilitares detenidos sobre la construcción de hornos crematorios donde esos grupos han reducido los cuerpos de adversarios políticos.
Por otra parte, si se quiere hacer un balance, hay que tener en cuenta la situación social actual.
P: ¿Qué quiere expresar cuando habla de la actual situación social?
R: Uribe Vélez deja 18 millones de pobres; 8 millones de indigentes; un 16% oficial de desempleo. Nada de esto puede ser considerado como resultado positivo de la seguridad democrática.
«No más gestos unilaterales»
P: ¿La última liberación unilateral de prisioneros de finales de marzo por parte de las FARC, abre expectativas de algo más significativo en cuanto a canje humanitario antes del término del mandato del presidente Uribe en agosto?
R: Es difícil decirlo. El intercambio es un aspecto muy importante en una guerra. Y estamos de acuerdo con el principio de que los guerrilleros liberados no vuelvan a enrolarse. Sobre eso hay mecanismos para discutir tanto con las FARC como en la sociedad colombiana.
Lo que es cierto es que ni las FARC ni nosotros, en tanto que mediadores, vamos a trabajar en nuevas propuestas de intercambio a nivel unilateral.
Sería mucho mejor que se pueda avanzar en este tema tan importante antes de que Uribe termine su mandato. Dejarlo después de las elecciones, con la perspectiva de candidatos que no quieren apostar a nada que toque la temática del conflicto, sería darle largas al asunto.
«Que se repitan las elecciones legislativas»
P: Dado que se habla de elecciones… ¿Cómo evalúa las elecciones legislativas de marzo pasado en la que fue reelegida como senadora nacional?
R: Hubo tantas irregularidades, corrupción, compra de votos… que yo misma que fui cómodamente elegida -para mi misma sorpresa dada la campaña de desprestigio contra mi persona por parte del Gobierno- quisiera que se repitan esas elecciones. Fue un fraude impresionante que hacía años no se veía en esa magnitud en Colombia. Se violó un derecho humano básico: el de elegir y ser elegido.
P: Una proyección sobre las elecciones presidenciales del próximo 30 de mayo…
R: No veo la perspectiva de grandes cambios. Especialmente cuando se observa que el candidato con más opción para ganar la presidencia según las encuestas es el ex Ministro de Defensa del actual gobierno. Responsable de los falsos positivos y de tantas violaciones graves de derechos humanos. Si se confirma esta tendencia se profundizará una política derrotada, la de la seguridad democrática.
«Solidaridad internacional, no caridad»
P: Quisiera concluir por dónde comenzamos… ¿Qué espera en concreto de la comunidad internacional?
R: Ninguna caridad. Sino el acompañamiento en la búsqueda de soluciones negociadas. El compromiso, la responsabilidad y la solidaridad con un país que vive una guerra tan cruenta. Que se entienda que Colombia está siendo convertida en una punta de lanza para desestabilizar a los otros países de la región y se evite así que nos hundamos en un conflicto regional.
Y tres puntos esenciales de síntesis: el compromiso con la crisis humanitaria que vivimos; compresión sobre que el paramilitarismo es un fenómeno siempre vigente; y que se paren los asesinatos extrajudiciales y la persecución de defensores y defensoras de derechos humanos así como contra líderes sociales, comunales, estudiantiles. Por último, que se asegure un seguimiento y asistencia de cerca a las presas y presos políticos, comunales, sociales.
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