El PP dice que el atentado tuvo una «intencionalidad política de carácter nacional», el PSOE afirma que el «terrible atentado no pudo evitarse». De una manera o de otra todos mienten o, mejor dicho, se mueven dentro de una «gran mentira». Algunos lo hacen principalmente en lo que no dicen y deberían decir; los otros, […]
El PP dice que el atentado tuvo una «intencionalidad política de carácter nacional», el PSOE afirma que el «terrible atentado no pudo evitarse». De una manera o de otra todos mienten o, mejor dicho, se mueven dentro de una «gran mentira». Algunos lo hacen principalmente en lo que no dicen y deberían decir; los otros, sobre todo, en lo que dicen. Mintieron en origen los políticos que consensuaron los estrechísimos márgenes de trabajo de la Comisión parlamentaria que dejaban fuera lo más importante; y mintieron también, desde el principio, los medios que no explicaron ni investigaron lo que quedaba fuera de esos límites. Volvieron a mentir después, todos ellos, al escenificar y amplificar un feroz debate entre esas doce cuerdas tan estrechas de lo que «podemos decir», en el que los crímenes mayores no eran objeto de denuncia ni de disputa. En la palestra, reglada y arbitrada por la «razón de Estado», nuevos alardes de cinismo. Es el juego. Sin embargo, hay un informe que se deduce con claridad de los grandes hechos irrefutables. Lo único que tenemos que hacer para construirlo es restablecer los vínculos rotos. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros.
Fuera del cuadro
Curiosamente, el único partido que entra en los orígenes del atentado es el Partido Popular aunque lo hace para deformarlos hasta el esperpento: «El atentado del 11 de marzo tuvo una directa intencionalidad política de carácter nacional; fue un atentado que, además de sembrar el terror y provocar una masacre brutal, pretendía desalojar al PP del poder y provocar un cambio de rumbo en la política interior y exterior española…».
El PSOE se mantiene meticulosamente al margen: «pese a que el gobierno no adoptó las medidas de impulso en la lucha contra el terrorismo islamista antes del 11-M… eso no significaba que el terrible atentado pudiera haberse evitado. Los terroristas fueron los únicos responsables de sus actos criminales y contra ellos debe actuar la ley».
En el escenario
La pelea pública es muy conocida.
El PP mantiene la racionalidad de la implicación inmediata a ETA, mantenida por el gobierno durante los tres días que restaban par las elecciones, y sostiene que la tesis de que «la participación española en Iraq era lo que provocó el atentado no se sostiene… porque la preparación de los atentados se inició en un momento cronológico muy anterior la crisis de Iraq». La propuesta principal reivindica su tesis de la «unidad de todos los terrorismos», que en el fondo justifica su actuación entre el 11 y el 14 de marzo, y propone -para enlazar la defensa ante las evidencias inculpatorias del 11-M, con la estrategia de romper las negociaciones de paz en Euskadi- lo siguiente: «reafirmarla unidad de todas las fuerzas políticas en la lucha contra el terrorismo y la exclusión de todo diálogo político con las organizaciones terroristas. El Gobierno deberá presentar las reformas legales… para que los delitos de terrorismo no prescriban en ningún caso».
El PSOE aprovecha también el margen de actuación que obtiene de sus denuncias y el que le otorga felizmente el PP, y recomienda directamente «la realización de un pacto contra el terrorismo internacional, abierto a todas las fuerzas políticas democráticas… Un pacto que sea… un impulso y un ejemplo más en la cooperación internacional imprescindible para acabar con este nuevo tipo de terrorismo». Es decir, acompañar a los EEUU en la «guerra internacional antiterrorista».
Informe socializable sobre los hechos relacionados con el 11-M y sus conexiones
1.- El Gobierno de España presidido por José María Aznar, provocó una situación, la de apoyo incondicional al presidente Bush en su «lucha mundial antiterrorista», que nos colocaba ante una amenaza evidente de atentado terrorista.
2.- El riesgo se acentuó cuando rompiendo todo el orden internacional, actuando en contra de la voluntad de las Naciones Unidas y sin autorización del Consejo de Seguridad, inventando y fabricando descaradamente amenazas que conocía inexistentes, el gobierno de los EEUU -con apoyo evidente, público, y fundamental para romper el aislamiento de Washington, del presidente Aznar- inicio el camino hacia la destrucción, la invasión y la ocupación de Iraq. Por voluntad de Aznar, contraria a la de la mayoría de los ciudadanos, nuestro país se convirtió en enemigo del mundo árabe y, en calidad de tal, objetivo inevitable de las organizaciones terroristas del islamismo radical.
3.- En aquella coyuntura el gobierno Aznar encontró fácil reforzar su «lucha antiterrorista» vinculándola a la «lucha antiterrorista global» del presidente Bush. Con entusiasmo paralelo al de su jefe y mentor estadounidense, el presidente Aznar inició el cierre de las vías políticas y la ruptura de las garantías judiciales y constitucionales en el ejercicio de las libertades públicas y los derechos fundamentales.
El endurecimiento de la represión, el cierre de las vías políticas y el menoscabo de las garantías judiciales, no fue objetado por ninguna formación política.
4.- La percepción de la amenaza del terrorismo islámico fue inmediata. La incapacidad para responder a ella en un tiempo corto fue completa. Esta incapacidad vino dada en gran parte por el carácter engañoso y simulado del proceso de implicación progresiva que derivó hacia la guerra de Iraq.
Es completamente falso afirmar que la incorporación a la «guerra antiterrorista de Bush», que comenzó públicamente a partir de los atentados del 11 de septiembre, no obligaba a prever la fuerte posibilidad de un atentado parecido al que tuvo finalmente lugar el 11 de Marzo.
5.- Todos los partidos han limitado la actuación de la comisión parlamentaria para que no pudiese considerar ni discutir esas evidencias generales que implican una grave responsabilidad para el anterior Presidente del Gobierno.
6.- Ante esa situación general el PSOE establece una frontera a la investigación: ninguna evidencia ni conclusión puede molestar al «amigo americano». El marco de la «guerra mundial antiterrorista» no puede ser asumido en la investigación parlamentaria ni judicial del 11-M.
7.- El Partido Popular -como aliado servil de los EEUU- si puede aceptar ese marco sin riesgo alguno de molestar a George Bush, presidente de los EEUU. Lo hace deformando la realidad hasta extremos casi inverosímiles. El atentado hay que analizarlo no como una represalia sino como una agresión a la soberanía. La criminal participación en la guerra de Iraq tiene que quedar a salvo. Sus consecuencias -el terrible atentado terrorista del 11M- sirven para justificar la propia guerra. Es como si los nazis hubiesen justificado su genocidio a partir de los espantosos bombardeos a las ciudades alemanas en 1945.
8.- El intento de implicar a ETA responde en primer lugar a la dinámica de «identificación de todos los terrorismos», y también a la de justificación de la intervención en la «guerra antiterrorista de Bush» como necesidad de la «guerra en Euskadi». Es la idea del estado de excepción y de la criminalización del llamado «entorno terrorista» que alcanza a todo el campo social nacionalista y a las organizaciones de la izquierda abertzale.
En esta dinámica participan irresponsablemente todos los partidos y poderes del estado. Eso explica la aceptación inmediata del planteamiento de Aznar -ya en origen completamente absurdo- y la participación en la gran manifestación del día 12 de marzo que se dirige contra ETA. Hasta que la evidencia racional no se refuerza con indicios los partidos apoyan a Aznar que puede manipular la cólera popular con finalidades electorales.
9.- El impulso que destruye la patraña de Aznar y el avance incontenible del PP hacia un aplastante victoria electoral, tiene origen y desarrollo popular y espontáneo, independiente de las organizaciones políticas, aunque el PSOE se aliste rápidamente a aprovecharlo.
Ésta es otra de las realidades no asumibles por la Comisión parlamentaria.
Todo tiene que quedar en casa.