Desde Torturaren Kontrako Taldea de Santurtzi hemos realizado una entrevista al incansable luchador contra la tortura y gran conocedor de esta problemática, Jorge del Cura, ex-presidente de la Asociación Contra la Tortura (ACT), miembro del Centro de Documentación sobre la Tortura de Madrid (CDDT), de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas (CESPP) […]
Desde Torturaren Kontrako Taldea de Santurtzi hemos realizado una entrevista al incansable luchador contra la tortura y gran conocedor de esta problemática, Jorge del Cura, ex-presidente de la Asociación Contra la Tortura (ACT), miembro del Centro de Documentación sobre la Tortura de Madrid (CDDT), de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas (CESPP) y de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. (CPT). Imprescindible la lectura de esta entrevista para acercarnos un poco más a la lacra de la tortura en el estado español y la lucha continua por su erradicación.
Actualmente desempeñas tu labor en el Centro de Documentación contra la Tortura (CDDT), podrías explicarnos que es este colectivo y cual su función, para la gente que desconoce la labor que realizas.
El Centro de Documentación contra la Tortura pretende denunciar la existencia de la tortura en el Estado español y ayudar, a los diferentes colectivos en su trabajo diario de denunciar los casos de tortura de los que se tenga conocimiento.
Esta labor se efectúa en varios niveles:
-El primero consisten en la recopilación de datos y documentos que puedan servir para ello (denuncias, resoluciones judiciales, artículos de prensa -tanto de opinión como de información-, comunicados de los diferentes colectivos, informes, estadísticas, etc.). Recopilación que se intenta sea lo más sistemática posible sea posible.
– Dicha recopilación da lugar a la publicación quincenal de un boletín que recoge la repercusión de la tortura en los media.
– Al mismo tiempo, elaborando, o ayudando a elaborar, informes sobre la tortura en el Estado. En este sentido el CDDT ha colaborado con otros colectivos en la elaboración de los informes «Muertes bajo custodia en el Estado español, 2001-2004» -publicado en abril por la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas- y «La Tortura en el Estado español» -hecho público hace unos días (13 de mayo) por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura-.
– Por último, colaborando, o participando, en actos donde se intenta explicar la realidad de la tortura en el Estado español.
Tras la presentación recientemente del Informe 2004 sobre la tortura en el estado español, en el que se constatan cerca de 800 casos a los que se les ha aplicado este tipo de prácticas, ¿Cuál es tu valoración sobre estos sucesos?
En este informe solamente se han incluido aquellos casos en los que se tuvo información consistente y contrastada, de acuerdo a las posibilidades de los colectivos que tuvieron acceso a la fuente original. Los datos de los que se tuvo conocimiento fueron muy superiores (más de mil denuncias).
Estas cifras, somos conscientes, sólo representa una parte de la realidad, pero desconocemos qué parte. No podemos decir si es el 10% o el 90%. Los datos publicados suponen, aproximadamente, un 70% de los casos denunciados en el 2004 de los que tuvimos alguna información. Pero, por la experiencia anterior, sabemos que en los próximos años llegaran a nosotros nuevos casos de torturas y malos tratos que tuvieron lugar el año pasado y, suponemos, que otros muchos nunca llegaremos a conocerlos.
Al mismo tiempo hay que hacer constar que, año tras año, los casos de torturas y agresiones policiales denunciadas, de los que tenemos constancia, están aumentando. Este aumento que venimos observando desde el año 1996, se ha disparado desde el año 2001.
Otro aspecto que el informe del año 2004 constata es que la práctica de la tortura en el Estado español es algo más que incidental, como han afirmado algunos informes internacionales… Se podría decir que esta práctica es generalizada en cuanto que está acreditada (incluso mediante sentencias judiciales) la práctica de la tortura y los malos tratos por parte de todos los cuerpos de las FSE´s (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas -Ertzaintzas, Mossos d`Esquadra, embriones de las Policías Autonómicas andaluzas y gallegas- Policías Municipales y Funcionarios de Prisiones), en la práctica totalidad de las naciones-comunidades autónoma del Estado, y que afectan a todo tipo de colectivos de ciudadanos: miembros de organizaciones políticas, sociales, sindicales, inmigrantes, y también a muchos ciudadanos que, simplemente, han exigido se respete sus derechos y libertades.
En dicho informe se podía leer también que en Euskal Herria se tenía constancia de al menos 195 denuncias por torturas. Un número elevado si tenemos en consideración el total de habitantes, no, ¿Qué opinión le merece?
En el citado informe se puede ver que como las denuncias por tortura y malos tratos se concentran en Andalucía, (237 casos), Euskadi (195), Catalunya (113), seguidas de Madrid (87 casos). En este caso además hay que tener en cuenta de que estas 87 denuncias, 38 corresponden a ciudadanos vascos detenidos en aplicación de la Legislación Antiterrorista y que denunciaron, tras su puesta a disposición de la Audiencia Nacional, haber sido torturados tanto en Euskadi como en Madrid (sus casos, por lo tanto, están duplicados). El resto de las comunidades-naciones presente un número muy inferior de denuncias.
Los datos del informe, por lo ya indicado en la respuesta anterior, no pueden ser tomados en abstracto. En los cuatro casos nos encontramos con naciones o comunidades autónomas con un importante numero de organizaciones de defensa de los derechos humanos, bien estructuradas dentro del tejido social. Ello facilita que los ciudadanos puedan y sepan cómo denunciar las agresiones sufridas y que estas denuncias puedan ser conocidas. No existe relación entre el número de habitantes de una comunidad y el número de organizaciones defensoras de los derechos humanos en la misma.
Además, en los casos de Euskadi y Catalunya, el alto numero de denuncias se debe en buena parte al alto nivel de movilización social allí existente y a la consiguiente represión por parte de la FSE´s, lo que aumenta la sensibilidad ciudadana ante la tortura, al tiempo que disminuye el miedo a denunciarla.
Por otra parte, estas dos naciones concentran todas las denuncias recogidas en el informe de torturas a personas detenidas en aplicación de legislación antiterrorista. (No hemos tenido información relativa a las personas de origen musulmán detenidas en aplicación de esta legislación, pero en estos casos habría que tener en cuenta el informe de Human Rights Watch, «¿Sentando ejemplo? Medidas antiterroristas», que plantea serias dudas sobre las condiciones de detención de estas personas).
Por su parte, el alto número de denuncias en Andalucía se debe, además de la razón inicial, y principalmente, a dos causas distintas: el elevado número de personas que murieron en las cárceles andaluzas el año pasado y las numerosas denuncias formuladas contra las intervenciones de las unidades antidisturbios de la Policía Nacional y Guardia Civil contra los trabajadores del sector naval en defensa de sus puestos de trabajo.
Y la actitud de partidos, sindicatos, asociaciones, medios de comunicación, …, en el estado español, se tiene constancia de cual es su posición o valoración con respecto a dicho informe.
Por desgracia la sensibilidad de los partidos y sindicatos mayoritarios frente a la tortura es muy baja, casi inexistente «Buenas palabras, grandes declaraciones» pero poco más.
Por otra parte hay que resaltar la reciente iniciativa parlamentaria del ERC, que ha desembocado en un rechazo formal por parte del Congreso de los Diputados del Estado español de la tortura y el reconocimiento de una institución, por primera vez, de la existencia de casos de tortura, aunque prefieren llamarlos «vulneración de derechos en los centros de detención». Esperemos que esto no se quede en una nueva declaración grandilocuente y que tenga, al menos a medio plazo, resultados concretos.
Los sindicatos mayoritarios (CC.OO. y UGT), por su parte, ante las denuncias por tortura y malos tratos, suelen posicionarse junto a los sindicatos de funcionarios (CSIF u otros sindicatos de policías o funcionarios de prisiones) en defensa de los funcionarios denunciados, en muchas ocasiones afiliados a dichos sindicatos, y en contra de las personas agredidas.
El movimiento asociativo es mucho más variado, y en este sentido también lo son sus posiciones frente a la tortura, sin embargo predomina la idea difundida por los distintos gobiernos de que «En España no se tortura» y, en el mejor de los casos, muestran su asombro ante la existencia en el Estado de organizaciones específicas contra la tortura.
Los medios de comunicación, por su parte y salvo excepciones, mantienen la tesis oficial de que en el Estado no se tortura. Esta palabra sólo la utilizan bien para negar su existencia en el interior o para denunciarla cuando ocurre en otros países. Cuando tienen que recoger una información relativa al Estado, prefieren utilizar la palabra «malos tratos» rara vez utilizarán la palabra tortura.
Pese a ello, las noticias sobre tortura y agresiones policiales son muy frecuentes en los medios de comunicación escritos regionales o locales, excepcionalmente puede referirse a ellos un periódico de tirada estatal (por ejemplo en el año 2004, el CDDT tuvo conocimiento de más de 2700 reseñas periodísticas sobre agresiones policiales o de funcionarios de prisiones). Sin embargo estas informaciones siempre se presentan como casos aislados y excepcionales.
Otro de los temas recurrentes en estos últimos tiempos, con presentación de propuestas incluso en el Congreso español por parte de partidos catalanes, es el Protocolo Facultativo de Naciones Unidas (ONU) para la erradicación de la tortura, ¿En qué consiste y a qué es debida su importancia?
En 1984, las Naciones Unidas aprobaron el Convenio Contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Convenio que fue ratificado por el Estado español en 1987. Después de veinte años de vigencia, dicho convenio ha demostrado ser insuficiente para erradicar la tortura.
El nuevo protocolo facultativo a la Convención contra la tortura de las Naciones Unidas intenta, en principio, solucionar esta situación con la creación de Comités específicos para la Prevención de la Tortura. Estos comités podrán crearse a distintos niveles.
Una vez que 20 estados hayan ratificado el Protocolo, deberá comenzar su funcionamiento el Comité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, que tendrá la posibilidad de visitar, sin previo aviso cualquier centro de privación de libertad de los estados firmantes (cárceles, comisarías, cuarteles, centros de inmigrantes, psiquiátricos…). Los estados firmantes no podrán impedir estas visitas de inspección del Comité.
Esta situación no es realmente nueva. En Europa existe, desde 1988, el Comité para la Prevención de la Tortura dependientes del Consejo de Europa, con unas funciones similares. Sin embargo, dichos Comités, ven limitadas sus posibilidades, entre otras razones, por la distancia, al tener sus sedes en Ginebra y Estrasburgo, lo que dificulta, cuando no impide de hecho, la inspección efectiva del centro de detención. Cuando los miembros de dicho Comité quieren trasladarse al centro de detención donde se sospecha se está torturando a un detenido, este ya ha sido trasladado a otro lugar.
En principio, el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, prevé la posibilidad de que, en cada estado que ratifique el Protocolo, se creen subcomités estatales con las mismas funciones y garantías que el comité internacional en lo que respecta al concreto estado. Incluso, está prevista la creación de comités locales con las mismas funciones. Podrían crearse subcomités para la prevención de la tortura, por ejemplo, en Galicia, como ya se ha solicitado por algunos colectivos, en Euskadi, Catalunya, Andalucía. Esta posibilidad, de llevarse a la práctica y no quedarse en una mera declaración de buenas intenciones, facilitaría las tareas de inspección de las comisarías, cárceles y demás centros de detención. Sería mucha más fácil, rápida y efectiva una inspección de una comisaría de, por ejemplo, A Coruña, por un subcomité para la prevención de la tortura con sede, por ejemplo, en Compostela.
Por otra parte, según dicho Protocolo, los subcomités estatales y locales deberían crearse en colaboración con las organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos existentes en el Estado o Nación correspondiente, lo que debería garantizar la independencia de los miembros de los citados comités.
Dado que el Estado español ha firmado dicho protocolo, aunque no se note ningún cambio con respecto a la problemática de la tortura (detenciones, incomunicación, impunidad…), es un paso adelante esta firma o más bien un lavado de cara por parte del Gobierno, como se piensa desde diferentes asociaciones que trabajan en el campo de los Derechos Humanos.
El Estado español aceptó en su momento ser inspeccionado por el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, al que ya he aludido anteriormente. Sin embargo dicha adhesión no paso de ser un gesto de cara a la galería y, si bien es verdad que el Estado español nunca se opuso a las visitas programadas o ad hoc de dicho Comité, y más tarde que temprano, aceptó hacer públicos los informes correspondientes a dichas visitas, luego ha hecho caso omiso a las denuncias y recomendaciones que el Comité ha efectuado para ayudar a erradicar la tortura.
Lógicamente, para que el Protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y los mecanismos de prevención que en el mismo se citan tengan eficacia en la lucha para erradicar la tortura, es necesaria una voluntad política real de erradicar la tortura, y no quedarse en una mera, y repetida, declaración formal de buenas intenciones. El tiempo no tardará mucho en aclarar esas dudas.
Pero si el Estado español tiene realmente voluntad de acabar con la tortura, no necesita esperar a la entrada en vigor del Protocolo Facultativo, sino que podría comenzar por crear a niveles estatal y local estos Comités para la Prevención de la Tortura, a los que podría, y debería, dotar de los medios y garantías suficientes para su funcionamiento, o, incluso más fácil, facilitar a las organizaciones de Derechos Humanos su trabajo.
De momento esto no está ocurriendo, sino que se continúa con los intentos de criminalizar a dichas organizaciones y el último caso se ha producido en fechas muy recientes, por parte de Instituciones Penitenciarias, con el envío a la Fiscalía de las manifestaciones de Salhaketa en rueda de prensa denunciando posibles abusos sexuales a las presas en la cárcel de Nanclares de la Oca (Langraitz).
En estos últimos tiempos, también se han tenido buenas noticias con respecto al trabajo para conseguir erradicar la práctica de la tortura, el pasado 13 de Mayo se presento en Madrid la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT), ¿Qué nos puedes contar?
La Coordinadora Para la Prevención de la Tortura está formada por una treintena de organizaciones de todo el Estado y pertenecientes a distintos ámbitos de trabajo en favor de los Derechos Humanos. Hay organizaciones de Galicia, Euskadi, Aragón, Catalunya, Andalucía y Madrid. Existen colectivos sociales de denuncia, asociaciones de abogados, algunos sectores académicos. Esto es algo que nos se había dado antes con tanta extensión. Sin embargo la Coordinadora todavía está en una fase inicial de funcionamiento y aún queda muchos aspectos de coordinación por concretar.
Vista la dificultad que ha existido y existe actualmente para lograr un frente común de organismos que trabajan en el ámbito de los Derechos Humanos, ¿Qué futuro le espera a esta Coordinadora?
En el campo de los derechos Humanos, como en otros muchos campos, siempre han existido estas dificultades, pero la existencia desde hace casi 10 años de la Coordinadora de Solidaridad con las Personas Presas, con unos momentos peores y otros mejores, demuestra que es posible esta coordinación. Pero es verdad que existen dificultades.
Existen temores a perder la autonomía de los colectivos, distintas sensibilidades ante el hecho nacional, ante las relaciones con las instituciones, etc. Pero también es verdad que somos conscientes de dichas dificultades y de la obligación de superarlas si realmente, también nosotros, las personas y colectivos que formamos parte de la Coordinadora, queremos erradicar la tortura, al menos, del Estado español. En este sentido espero que la Coordinadora tenga un largo y productivo futuro.
Para terminar, si queda algo en el tintero, que te interese el comentar…
Siempre que se habla sobre la tortura, o los Derechos Humanos, se deja algo en el tintero. Sin embargo quisiera llamar la atención sobre un aspecto nuevo al que tenemos que enfrentarnos en los últimos meses y es a la defensa pública del uso de la tortura por instituciones, medios de comunicación incluso, organismos académicos.
Hasta ahora, la práctica de la tortura era universalmente repudiada. Es verdad que su práctica también era universal, pero se intentaba, al menos formalmente, ocultar o desfigurarla cambiándola de nombre (uso de fuerza física moderada en Israel, fuerza mínima indispensable para reducir al detenido, en el estado español). Sin embargo, en los últimos años estamos observando como esta tendencia está cambiando.
Comienzan a ser habituales en los medios de comunicación artículos firmados por jueces y policías (Alemania, Italia) justificando la tortura para evitar delitos o salvar vidas. Recientemente (en Australia), se ha hecho público un trabajo académico sobre la bondad de la tortura y solicitando su legalización e inclusión de los cuerpos legales. Al mismo tiempo las encuestas que se han realizado en diversos países (Francia, Dinamarca) están indicando un importante apoyo social a la práctica de la tortura, sobre todo cuando se trata de detenidos acusados de «terrorismo».
Las personas y los colectivos que trabajamos contra la tortura, tenemos que ser conscientes de esta situación y de los nuevos desafíos y dificultades añadidas al trabajo que venimos desempeñando en la lucha contra la tortura.