La evolución de los acontecimientos en estas últimas semanas generan una gran ansiedad entre las personas decentes y responsables. La situación de crisis extrema, agudizada hasta el extremo en el contexto español por la aparente incapacidad de ofrecer alternativas creíbles desde los responsables políticos, sumada a la creciente posibilidad de una extensión atropellada del conflicto […]
La evolución de los acontecimientos en estas últimas semanas generan una gran ansiedad entre las personas decentes y responsables. La situación de crisis extrema, agudizada hasta el extremo en el contexto español por la aparente incapacidad de ofrecer alternativas creíbles desde los responsables políticos, sumada a la creciente posibilidad de una extensión atropellada del conflicto en Oriente Medio, encienden todas las alarmas de la ciudadanía inerme.
Se multiplican los llamados a las intervenciones militares, dentro y fuera de nuestro territorio. Por una parte, el independentismo catalán, si bien sujeto a enormes manipulaciones, ha sido expresado de manera rotunda y absolutamente pacífica, lo que no obsta a los numerosos opinadores de la derecha mediática a exigir una contundente respuesta, «utilizando si es menester todas las herramientas que prevé la Carta Magna». Este es, según el ABC, periódico de referencia de la jerarquía militar, la sutil llamada al empleo de las FAS, basándose en que la misión de éstas es la defensa de la unidad de España, según quedó consagrado en una Constitución redactada bajo la constante amenaza del golpe militar. Y no hay más matizaciones que hubieran sido dignas de consideración por el constituyente, como que su intervención únicamente estaría justificada en caso de un enfrentamiento secesionista armado.
Por otra parte, el enquistado conflicto en oriente medio se intenta mostrar como una amenaza a la seguridad de occidente y un imperativo de defensa de los derechos humanos. A quienquiera que le preocupe el asunto y no quiera verse adormecido por la machacante propaganda oficial le resulta evidente que una intervención de los EEUU,con el apoyo activo o pasivo del Estado Español, no traerá otra cosa que más miseria, más destrucción y más muerte. Los derechos humanos no han sido nunca una preocupación para los EEUU, como lo demuestra su negativa a firmar el Tratado de Roma y someterse al Tribunal Penal Internacional. Su absoluto desprecio por ellos ha quedado en evidencia en las numerosas intervenciones en las que ha participado, con o sin armas de destrucción masiva, en Vietnam, Panamá, Afganistán o Irak. En todos los casos, su actuación no ha hecho más que empeorar las condiciones de vida de sus sufridas poblaciones, alimentando un rencor planetario que hoy se manifiesta explosivo. En estas condiciones, ¿que papel juegan los países «aliados»? ¿y sus fuerzas armadas?
Las fuerzas armadas españolas son herederas directas del franquismo, del que conservan su sistema de valores elitistas, enmascarados en una opacidad y hermetismo notables. Los poderes públicos han sido incapaces de ir más allá de una precipitada e incondicional entrada en la OTAN, como forma de neutralizar su tendencia a la intervención en la política interna. El lógico alivio con que esto fue contemplado por la opinión pública (la «profesionalización» de los militares) se ha visto acompañado por una implicación, cada vez más activa, en los peores desmanes del poder imperial (hasta el paroxismo, en el caso de Irak), sin advertir las consecuencias de ello en términos de incremento de riesgos, orientaciones estratégicas ajenas y costosísimos sistemas de armas que no nos defienden de ningún enemigo que no nos hayamos creado en el camino.
Entretanto, los militares profesionales hemos sido leales al mando, conscientes de que la unidad de las FAS es esencial para mantener su capacidad operativa; y a muchos de nosotros, casi han llegado a convencernos de que las recetas neoliberales ofrecían una solución digna para todos: trabajo abundante, riqueza repartida y sensación de paz y seguridad. Nuestra actividad profesional escrupulosa y seria constituiría un armazón de seguridad que permitiría la libre realización de las potencialidades humanas aquí y allá, sin reparar en los tremendos costes que una aparente bonanza en nuestro entorno inmediato estaba generando en cada vez más extensas capas de la población mundial.
Las consecuencias de una situación de verdadera emergencia nacional, golpeando ya sin piedad en los entornos familiares, profesionales y sociales más inmediatos, conducen a los profesionales de las fuerzas armadas a cuestionarse seriamente sus responsabilidades en el sostenimiento de este sistema, diseñado para la dominación y el expolio. ¿Dónde ha quedado la supuesta soberanía nacional, cuando las grandes decisiones económicas y hasta las modificaciones a la Constitución del 78 vienen impuestas desde fuera? ¿Quiénes son nuestros «aliados», que nos conducen a guerras genocidas, cuando no suicidas, para mejorar las cuentas de resultados del gran capital transnacional? ¿Por qué hemos de ser una amenaza o un factor de inhibición para la inmensa mayoría de la población que desea fervientemente un cambio radical en la distribución de la riqueza o en la forma de organizarse políticamente?
A los soldados se nos ha enseñado, desde siempre, a alimentar unos valores con gran arraigo emocional y sentimental, concebidos para dotar de solidez y coherencia a una poderosa maquinaria de destrucción, que a su vez conlleva enormes riesgos para la integridad de sus componentes (a pesar de que los avances tecnológicos han alejado cada vez más el riesgo de daños propios, sin reparar en los del «enemigo»). El patriotismo, la lealtad, el compañerismo, la disciplina, etc, son valores meramente instrumentales para mantener la cohesión del aparato militar; pero, ¿de qué sirven si éste es empleado como instrumento contra el propio pueblo o contra pueblos que no suponen una amenaza militar para el nuestro?
El aparato militar no puede, de ninguna manera, ser utilizado para castigar pulsiones nacionalistas o demandas de un nuevo contrato social que son expresadas pacíficamente. Es el juego político y la negociación el campo en el que hay que dirimir las diferencias, extremando la empatía de las partes con la generosidad de reconocer, aún sin compartir, las razones del otro. Las apelaciones al papel de las Fuerzas Armadas en este contexto están completamente fuera de lugar, por cuanto supone el chantaje inaceptable de la imposición por la fuerza.
Tampoco, para ayudar en la guerra de otros. Con ser terrible la situación en Siria, a cuyo decurso han contribuido con entusiasmo poderosos intereses económicos y geoestratégicos, una intervención armada de los Estados Unidos y sus aliados no va a conseguir otra cosa que liberar una oleada de destrucción de alcance incalculable. Y todo, al precio de arruinar el único e imperfecto sistema de regulación de los conflictos del que la humanidad se ha dotado, las Naciones Unidas. La utilización de las bases americanas para esta operación iría mucho más allá que la mera retórica de las declaraciones de apoyo, haciendo cómplice al Estado Español de las graves consecuencias de la intervención.
El recurso a la fuerza está únicamente justificado en caso de agresión armada, abierta o encubierta. El pueblo español ha de exigir de sus gobernantes la adopción como principio del consagrado en la Constitución de la Segunda República: España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. En consecuencia, hay que abandonar la OTAN y desmantelar las bases americanas. La jerarquía militar debe tener los arrestos necesarios para resistirse a una manipulación por parte de los sectores sociales en el poder, mostrando de manera decidida su no disposición a intervenir en cualesquiera conflictos que deban ser resueltos por vías pacíficas. Y los profesionales de las fuerzas armadas tienen que tomar conciencia de las responsabilidades que asumen en el empleo de la violencia, si finalmente son arrastrados a hacerlo por intereses sectarios.
Manuel Pardo de Donlebún, Capitán de Navío de la Armada, en la Reserva
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