Fotografía: Orriols en Bloc
«¡Valencia despierta desahucian en tu puerta!» «¡Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa». La resistencia de un centenar de activistas y vecinos logró paralizar -el 18 de diciembre, por sexta vez- el desahucio de Raquel; esta vecina, de 37 años y en desempleo, vive con su familia en una barriada periférica y obrera -Orriols- del norte de Valencia. En el número 41 de la calle Arquitecto Rodríguez, Raquel reside con su pareja y dos hijas de tres y cinco años. Hace año y medio se produjo el primer intento de desahucio; en septiembre el quinto y, tras la última suspensión -la Comisión Judicial no se presentó el 18 de diciembre a las 9,15 horas-, los juzgados de Valencia comunicaron un nuevo plazo: el mes de marzo. En la calle, a las puertas del inmueble, Raquel ha recibido el apoyo de los movimientos sociales: activistas de Orriols en Bloc, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH)-Valencia y la red EntreBarris.
Vive en Orriols desde hace dos años. Su último contrato laboral finalizó el 31 de octubre (trabajó durante un año en un hotel) y actualmente percibe 426 euros del subsidio por desempleo; con la amenaza de desahucio: «Administramos el dinero con cuentagotas, porque todo se te va en comer; no alcanza ni para los libros de texto, 500 euros entre las dos crías… Es una injusticia muy grande y no sólo por mí, hay muchas familias en esta situación; tener un techo -y no vivir en la calle- es un derecho, no un lujo; es un sinvivir, tengo una ansiedad que puede conmigo», afirma durante la acción de resistencia. En marzo de 2018 Raquel firmó un contrato por el alquiler de la vivienda, que resultó falso (fue víctima de una estafa), y por el que se acordaba el pago de 200 euros mensuales.
En cuanto al procedimiento burocrático (que comienza en los Servicios Sociales municipales), el Informe de Vulnerabilidad se remitió a los juzgados y la afectada figura en la lista de espera para el acceso a un alquiler social. Portavoces de Orriols en Bloc informaron que Divarian es la entidad propietaria de la vivienda en la que reside Raquel. El bloque vecinal y la afectada solicitaron la suspensión del lanzamiento y un alquiler social, a lo que la empresa se negó («Divarian quiere desahuciar por sexta vez a Raquel y su familia» #OrriolsvsDivarian, fue la convocatoria a la concentración en las redes sociales). El BBVA vendió, en octubre de 2018, su negocio inmobiliario en España al fondo de inversión Cerberus Capital Management; el banco eliminaba, así, su «exposición al ladrillo», según valoró en un comunicado; la venta dio origen a la marca Divarian, cuyo capital social se repartía del siguiente modo: el 80% en manos de Cerberus y el 20%, controlado por el BBVA.
El pasado 16 y 17 de noviembre se celebró en Barcelona el I Congrés d’Habitatge de Catalunya, en el que participaron 500 activistas de 70 colectivos como las PAH, sindicatos de barrio, de inquilinos y asambleas por la vivienda digna; en el encuentro popular se acordó «una campaña conjunta para hacer que caiga Divarian, el fondo buitre del BBVA; será el cabeza de turco de todos los fondos especuladores»; concluyeron que Divarian «cuenta con miles de viviendas y está jugando con nuestras vidas». Además en octubre la PAH de Barcelona ocupó una sucursal del BBVA para denunciar que el banco «está dedicándose a vender su cartera de pisos a fondos buitre como Cerberus, Divarian o Haya Real Estate, sin importarle que las viviendas estén vacías o no». También el Espai Veïnal del Cabanyal, que promueve el sindicalismo de barrio, se enfrenta a Divarian y Haya Real Estate en Valencia; por ejemplo, el 21 de noviembre paralizaron por segunda vez el desahucio de una familia con dos hijos, de uno y tres años, en el Cabanyal-Canyamelar; y el 3 de octubre cerca de 40 personas realizaron un escrache al BBVA para que Divarian negociara con las familias.
Fuentes de Orriols en Bloc (por la dignidad en el derecho a la vivienda) apuntan que Orriols es, tras los barrios marítimos y populares de Natzaret y el Cabanyal, el tercero de Valencia en número de desahucios; «son personas con un poder adquisitivo muy escaso y de diferente perfil étnico, el capital no hace distinciones; mientras, el Ayuntamiento (gobernado por Compromís y el PSPV-PSOE) no hace nada; la situación es dramática», explican. Actualmente el bloque vecinal tiene constancia de 12 familias en la barriada, todas con menores a cargo, pendientes de fecha para el desahucio. También dan cuenta de la subida en los precios de los alquileres: hace cinco años podían hallarse en la zona pisos por 200-250 euros, mientras que hoy el precio se eleva a los 400-450.
Según el padrón municipal (enero de 2019), Orriols tiene 16.423 habitantes, de los que cerca de un tercio ha nacido fuera del estado español (la mayor parte proceden de América Latina y África); el 60% de las viviendas se construyeron entre 1961 y 1970 (en la década de los 50 el barrio se fue construyendo a partir de la migración interior, de andaluces, castellanos y extremeños); destaca asimismo la presencia de población gitana. En cuanto al nivel educativo, el 57% de los vecinos empadronados tiene hasta el graduado escolar o una titulación inferior. Según el Plan de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia (2019-2013), el 30,7% de los hogares de la ciudad están en riesgo de pobreza o exclusión social; en el área del Centro de Servicios Sociales Salvador Allende, que atiende tres distritos y donde se sitúa Orriols, la tasa alcanza el 46,1%. Los colectivos vecinales critican el «abandono» de los diferentes gobiernos municipales (del PP durante 25 años y -a partir de 2015- de coalición progresistas) y resaltan la «experiencia de convivencia cultural muy arraigada» en el barrio.
«Orriols es un barrio multicultural con más o menos problemas de convivencia, resueltos por el tejido asociativo, uno de los más potentes de la ciudad», asegura un activista de Orriols en Bloc, que pone el ejemplo de Valencia Acoge (ONG que apoya a las personas migrantes y lucha contra el racismo); el proyecto de desarrollo comunitario Orriols Convive, el Centro Cultural Islámico de Valencia, la Iglesia Evangélica de Barona o dos bancos de los alimentos. «Ahora hay en el barrio un problema con un casal nazi», añade (el pasado 14 de septiembre colectivos sociales y vecinos participaron en una concentración -con la consigna «Orriols libre de odio»- frente a una «asociación cultural» que, destacaba la convocatoria, «es en realidad un colectivo vinculado a grupos fascistas de ultraderecha ya conocidos en otras ciudades»; y el 26 de octubre se presentó, en la Plaça de la Ermita, la Crida contra el Racisme i el Feixisme, con la adhesión de más de 50 asambleas, ONG, plataformas y sindicatos; la jornada incluyó juegos, teatro, música y actividades para menores).
En el estado español, los juzgados practicaron 10.177 desahucios en el tercer trimestre de 2019, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); más de dos tercios, en relación con los alquileres. A partir de estas cifras, el Sindicat de Llogaters de Barcelona denuncia que cada 12 minutos se desahucia a una familia en España. La reivindicación de una vivienda digna se plantea a diferentes escalas. El 17 de diciembre la PAH, la cooperativa jurídica El Rogle y EntreBarris presentaron en Valencia la iniciativa ciudadana europea Housing For All, para recoger un millón de firmas -en al menos siete países de la UE- y con un punto central: facilitar el acceso a la vivienda a todas y todos; la Comisión Europea registró la propuesta en marzo y, si se reúne en un año el millón de apoyos, tendrá un plazo de tres meses para pronunciarse.
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